Durante un cuarto de siglo presidentes norteamericanos de ambos partidos han ignorado la violación de sus leyes migratorias por multitudes desesperadas que han venido a este país con el objeto de mejorar sus precarias condiciones de vida. En tiempos recientes, esa inmigración ilegal ha devenido en una crisis nacional que amenaza tanto la estabilidad interna como la seguridad externa de los Estados Unidos. Conscientes de que nos desplazamos por un campo minado por las pasiones, la demagogia y el oportunismo político nos proponemos andar despacio y pisar firme. Para ello, hemos de analizar circunstancias y sugerir caminos que puedan conducirnos a la inmigración organizada y legal que todos deseamos. La misma que ha sido la base de la estabilidad política y la prosperidad económica de esta nación excepcional en la historia de la humanidad que son los Estados Unidos de América.

El drama humano

Quienes vivimos en esta sociedad de comunicaciones multitudinarias e instantáneas no podemos escapar de las imágenes desoladoras de niños que lloran desconsolados ante la deportación de sus padres a sus países de origen. Al mismo tiempo, es repudiable y criminal la explotación a que son sometidos la mayoría de los inmigrantes sin documentos por empleadores inescrupulosos. Asimismo, es indignante la violencia, el robo y el acoso que sufren muchos inmigrantes a manos de delincuentes que se aprovechan de la vulnerabilidad en que se encuentran a causa de su condición de ilegales. Y tampoco puede ser negada la dosis de racismo que matiza muchas veces los contactos de estos inmigrantes con representantes de la fuerza pública.

Las dos caras de la moneda

Este es un tema que por su contenido emocional y sus implicaciones económicas esta plagado de extremistas y de posiciones radicales en ambas caras de la moneda migratoria. Quienes se oponen a los recién llegados los califican de delincuentes y traficantes de drogas, les niegan toda posibilidad de incorporarse a la sociedad norteamericana y llegan a exigir su deportación masiva. Quienes defienden su permanencia en los Estados Unidos desearían una amnistía como la concedida por Ronald Reagan a casi 3 millones de inmigrantes ilegales el 6 de noviembre de 1986. Y aumentando los decibeles, califican de racista a cualquier ciudadano que reclame la aplicación de las leyes norteamericanas a quienes son obvios violadores de las leyes de inmigración. Como vemos, no hay mucho espacio para el término medio ni para el diálogo constructivo.

Vayamos por parte. No es necesario citar encuestas o estadísticas para afirmar que la inmensa mayoría de quienes cruzan la frontera en forma subrepticia vienen a ganarse la vida honradamente. Aún dejando a un lado el factor humanitario, negarles la posibilidad de contribuir a la sociedad norteamericana y exigir su deportación masiva no es ni económicamente beneficioso ni logísticamente realizable. Por otra parte, ofrecer una amnistía multitudinaria como la de Reagan produciría los mismos resultados anteriores de estimular la inmigración ilegal, que es precisamente lo que debemos evitar a toda costa. Y calificar de racistas a los ciudadanos de este país que reclaman el respeto a sus leyes y al estado de derecho es una ignominia y un craso error táctico que, sin dudas, atizará el fuego de la violencia y de la intolerancia.

La demagogia periodística y académica

Estos excesos son en cierta forma comprensibles en multitudes enardecidas a ambos lados del argumento migratorio. Lo que si es incomprensible y reprochable es la demagogia de los medios de información masiva y el oportunismo de los políticos a ambos lados de la frontera de Estados Unidos con México. La gran prensa norteamericana, los círculos académicos y las fundaciones financiadas por multimillonarios con pujos populistas no solo proponen una política de tolerancia de la ilegalidad sino promueven boicots contra el estado de Arizona.

A la vanguardia se encuentran las cadenas hispanas de Univisión y Telemundo que, a su acostumbrado maltrato del idioma español, han añadido ahora la osadía de cambiar el significado de términos jurídicos para describir delitos. Para ellas, los ilegales no son “ilegales” sino “indocumentados”. Ah, y la ley de Arizona no es una ley para castigar el delito de quienes ingresan a un país sin cumplir los requisitos legales del mismo sino una “Ley Anti-inmigrante”.

La hipocresía de nuestros políticos

En la Casa Blanca, el presidente Barack Obama ignora la responsabilidad del Gobierno Federal y se burla de los gobernantes y ciudadanos de Arizona que pusieron en vigor una ley encaminada a impedir la invasión de su territorio por miles de inmigrantes ilegales. En el Capitolio, el senador cubano-americano Bob Menéndez propone un boicot contra el estado de Arizona.

Aunque no podemos negar categóricamente que sus motivaciones sean humanitarias nos asalta la duda sobre las implicaciones políticas de sus declaraciones. Ambos saben sumar y restar votos en contiendas electorales. Ambos están conscientes de que las elecciones parciales de noviembre apuntan a una catástrofe para los demócratas. Y ambos saben muy bien que los hispanos, con excepción de los cubanos, votan mayoritariamente con el Partido Demócrata. Por eso van a proponer una reforma migratoria que saben será rechazada pero que les dará la oportunidad de echarle la culpa a los “racistas” del Partido Republicano.

El descaro y el chantaje de los políticos mexicanos

Nadie que se respete acusaría de honrados o de transparentes a los gobiernos mexicanos del último siglo. En los mismos ha predominado tradicionalmente una cultura de doble moral que les ha permitido exigir para sus nacionales los derechos que le niegan a los extranjeros. Mientras demandan respeto a los derechos humanos de los mexicanos que residen en Estados Unidos violan los derechos humanos de los extranjeros que pasan por México. Prueba de ello, son los maltratos propinados a los inmigrantes centroamericanos que transitan su territorio con rumbo norte hacia la frontera sur de los Estados Unidos y la devolución masiva de los infelices cubanos que tienen la desgracia de carenar en las costas mexicanas en busca de libertad.

En días recientes, Felipe Calderón dijo que Ley de Arizona “abría la puerta al odio y a la discriminación”. Y tuvo la osadía de chantajear a Arizona proponiendo un boicot contra ese estado. Todo esto en violación del principio consagrado de derecho internacional de la “no intervención” en los asuntos internos de otros estados. El mismo principio sobre el que se basa la llamada “Doctrina Estrada” que, por años, ha servido de excusa a México para ignorar la tragedia de Cuba y hacerse acreedor a la ignominiosa distinción de ser el único país latinoamericano que jamás ha roto relaciones diplomáticas con la tiranía de los hermanos Castro. Y para que no nos quede dudas sobre la duplicidad de este personaje, este “defensor de los derechos humanos” abrazaba efusivamente al carnicero Raúl Castro en la reciente conferencia del Grupo de Río en Playa del Carmen en el mismo instante en que era asesinado en La Habana el opositor Orlando Zapata Tamayo.

Y dentro del marco jurídico, la Constitución Mexicana es altamente represiva de los extranjeros que entren o actúen de manera ilegal en el territorio nacional. El Artículo 38 concede la potestad al Secretario de Gobernación de suspender o prohibir la admisión de extranjeros sin necesidad de proceso judicial alguno. El Artículo 73 ordena a la policía local y federal cooperar con las autoridades de inmigración. El Artículo 116 impone multas y penas de prisión a extranjeros que falsifiquen documentos y el 118 condena a 10 años de privación de libertad al extranjero que regrese a México después de haber sido deportado.

La solución inaplazable

Ahora bien, por encima de todas estas pasiones, acusaciones y confrontaciones se impone la realidad de doce millones de seres humanos que ya forman parte de la sociedad norteamericana. Perseguirlos y discriminarlos sería, además de una flagrante injusticia, una política que lesionaría la estabilidad social y los intereses económicos de los Estados Unidos. La solución a este conflicto es de tal urgencia que puede ser calificada de inaplazable. Ninguno de los bandos en el conflicto quedará totalmente satisfecho porque ambos tendrán que hacer concesiones, pero la prolongación del mismo lesionaría tanto a México como a los Estados Unidos.

Una fórmula para empezar a negociar podría estar basada en los puntos siguientes:

1. Garantía total de seguridad en la frontera con la erección de una cerca con la suficiente altura y artefactos electrónicos que la hagan prácticamente invulnerable.

2. Despliegue de suficientes efectivos de la guardia nacional y de la guardia fronteriza como para disuadir de sus intentos criminales a los profesionales del tráfico humano y, sobre todo, del tráfico de drogas.

3. La conformidad de los gobernadores de los cuatro estados fronterizos con las medidas adoptadas por el Gobierno Federal.

4. Entonces, y únicamente entonces, podrían darse los pasos hacia una legalización calibrada y progresiva de los inmigrantes ilegales que ya residen dentro de los Estados Unidos.

5. Entre esos pasos estarían el pago de impuestos, el aprendizaje del idioma inglés y el acceso a la ciudadanía después de un período más prolongado del que deben esperar quienes hayan realizado sus trámites en un marco de absoluta legalidad.

Sin dudas esta no es ni una fórmula mágica ni la celebre bala de plata que producirá una solución satisfactoria para todos. Pero pensamos que podría ser el comienzo hacia la política de inmigración que todos deseamos. Una política que garantice la seguridad nacional, acoja a estos nuevos americanos y ratifique la tradición de generosidad y compasión de los Estados Unidos.