La más reciente de las crisis políticas que enfrenta la OEA, se produce entre dos naciones Centroamericanas, Costa Rica y Nicaragua. Ambas naciones se disputan un territorio reconocido como parte de la geografía de Costa Rica y se llama “La isla Calero”, de 151 kilómetros cuadrados, es un humedal protegido internacionalmente y ubicado en una zona de gran riqueza ecológica. Por su interacción con el río San Juan y la zona marítimo-costera, constituye parte del corredor biológico de Mesoamérica, y está protegida por convenciones internacionales sobre el ambiente, que Costa Rica respeta de forma escrupulosa.
Aquí el tema rebasa lo geográfico para convertirse en un debate político. Costa Rica no tiene ejército desde que lo abolió en año 1949. Gracias a esta decisión, pudieron consolidar su estabilidad política y destinar mayores recursos al desarrollo económico y social. En Costa Rica viven y trabajan más de 500.000 nicaragüenses que han emigrado al país en busca de mejores condiciones de vida.
Históricamente ambos estado han tenido buenas y cordiales relaciones, este conflicto que está siendo auditado por la OEA en la persona de su Secretario General, merece una solución franca sin pérdida de tiempo y jurídicamente oportuna. Aquí podría estar en juego no solamente el cargo del Secretario General sino la propia vigencia de la OEA como bien expresara en un comunicado el canciller Costarricense René Castro.
En este conflicto pienso que ninguno de los dos estados tienen la razón, si buscan dirimir el problema por otra vía que no sea la legal. Ambos países debe activar los mecanismos internacionales de mediación y presentar las pruebas que dicen poseer sobre la pertenencia de los territorios en disputa.
Esperamos que el calentamiento electoral en Nicaragua no sea el motivo para provocar un enfrentamiento armado con un país vecino que no tiene ejército. Que la falta de apoyo electoral del presidente Ortega no lo lleve a la desquicia de invadir otro país para buscar levantar un nacionalismo a su favor, pero en contra de los grandes intereses democráticos del gran pueblo nicaragüense.