La “guerra contra el narcotráfico” en México se ha cobrado más de 20 mil vidas en los últimos tres años, de las cuales casi 8.000 corresponden a este último año. Muchos medios de comunicación hacen eco del enfoque militar que le ha dado el gobierno mexicano al problema. Pero el narcotráfico puede mirarse también desde el prisma de los derechos humanos, base para la paz social. Sólo profundas reformas educativas y laborales para hacer efectivos sus derechos a una educación y a un trabajo en condiciones dignas evitarían que más del 15% de su población joven que no estudia ni trabaja se convierta en carne de cañón. Mejoraría el nivel de bienestar de la ciudadanía y sentaría las bases para una juventud comprometida con su sociedad.

Parte de los gastos militares podrían dedicarse a programas de reinserción y rehabilitación para personas con adicciones mientras se abre un auténtico debate sobre las posibles ventajas de la despenalización de algunas drogas. Las reformas del sistema penitenciario también forman otra parte fundamental de la solución. Las cárceles, desde donde se controlan muchos de los operativos de la delincuencia organizada, se han convertido en escuelas de crimen.

Para muchos, los derechos humanos son una extravagancia en “tiempos de guerra”. Por eso proponen la instauración de la pena de muerte, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, tortura, detenciones sin derecho a juicio. La muerte y la tortura de civiles inocentes son un precio asumible para “evitar más muertes”, argumentan. La respuesta militar al problema en Colombia muestra algunos de los resultados que pueden esperarse: muertes indiscriminadas de civiles, torturas, desapariciones forzadas, asesinatos políticos, vulneración del imperio de la ley, proliferación de grupos armados paramilitares a los que luego cuesta desarmar y desmovilizar, y reclutamiento de niños soldado. Se calcula que casi un millón de personas fueron desplazadas de sus hogares en la década de los ’90 en Colombia.

La medusa del crimen organizado y del narcotráfico multiplica sus cabezas por cada golpe que le asestan. Si las soluciones a un problema dependen de los términos en que éste se plantea, enfocarlo sólo en el aspecto militar podría conducir a respuestas que contemplen la violencia como única solución.

Esto entrañaría una guerra de duración indefinida y con resultados inciertos, pues los cárteles de la droga han demostrado fuerza suficiente para escalar la violencia un peldaño más por cada golpe del ejército. La situación geográfica de México y la doble moral de Estados Unidos permite a los cárteles de la droga comprar armamento con facilidad del otro lado de la frontera. El país vecino exige “acción contundente” contra los cárteles mientras permite que se armen. De lo contrario, argumentan, se “vulneraría” el “derecho” a poseer armas que “consagra” su Constitución. Si Estados Unidos quisiera “ayudar”, asumiría la parte de responsabilidad que le corresponde como mercado que permite pasar, distribuir y consumir, y como proveedor de armas.

El Plan Mérida de “cooperación” para acabar con los cárteles puede desembocar en la intervención militar directa de Estados Unidos. Así sucedió en 2003, cuando Colombia tuvo la primera intervención militar directa de Estados Unidos en la provincia de Arauca , a petición del presidente Álvaro Uribe. Más inquietante para México resultaría que las empresas militares privadas hicieran negocio con la violencia en México con resultados similares a los que se han documentado en Afganistán y en Irak. Los nuevos mercenarios han formado más parte del problema que de la solución al utilizar violencia indiscriminada con tal de “protegerse”. Las situaciones de mayor inestabilidad y de inseguridad que han fomentado les ayudan crear la dependencia necesaria para mantener su negocio.

La empresa Xe Services, antes Blackwater, pagará una multa de 42 millones de dólares para evitar procesos judiciales por entrenamiento militar al ejército colombiano sin la autorización del gobierno de Estados Unidos, por venta ilegal de armas a Afganistán y por fraude. Imputaron al gobierno millones de dólares en gastos inexistentes o que no correspondían al contrato por “servicios”. Como no se pueden matar las moscas a cañonazos, mejores resultados tendrá enforcar el problema desde una perspectiva de los derechos humanos. La garantía de esos derechos está en la base de la justicia y de la paz.