La producción de cocaína en Colombia se sustituyó en gran parte por la explotación de una actividad legal, la del oro. El fuerte incremento de los precios del metal abre una nueva forma de financiamiento de la guerra interna y de lavado de dinero para las guerrillas, paramilitares y organizaciones narco. El gobierno de Santos debe ser cuidadoso al combatir esta actividad, diferenciando a pequeños cuentapropistas de las mafias que alimentan el enfrentamiento armado.
El fuerte incremento de los precios del metal abre una nueva forma de financiamiento de la guerra interna y de lavado de dinero -AFP
Ante el temor de que Francia siga los pasos de Estados Unidos y que sea degradado por las agencias calificadoras de riesgo, el oro volvió a ser una fuente de reserva. Desde junio, el precio del metal subió un 20%, alcanzando un récord en los últimos tres años.
Las turbulencias de la economía estadounidense, la crisis de la zona euro y las dificultades de Japón produjeron que los inversionistas se refugiaran masivamente en el oro, como si se tratara de volver a las fuentes históricas de respaldo económico y de buscar apoyo en un material concreto.
El patrón oro fue abandonado 40 años atrás. Por eso, esta actitud de los mercados evidencia una desconfianza en las unidades monetarias fuertes y mucho más en la intangibilidad del dinero actual, que manejan los bancos, y los sitios de pago electrónico.
Fiebre del oro en Colombia
Varias pequeñas minas abandonadas en gran parte del territorio de Colombia están siendo reutilizadas por guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, ya que ante el acoso de Bogotá y los efectos militares del Plan Colombia, la producción de drogas se vuelve más dificultosa. De esta manera, aparece una nueva fuente de financiamiento de la guerra, al producir oro con nuevas técnicas.
Además, ante la bonanza de los precios, miles de campesinos comenzaron a explotar el oro, por su cuenta o empleados por grupos armados, cambiando el cultivo ilegal de coca por una actividad legal, que es la minería.
De acuerdo con una investigación de la revista Time, varios campesinos son extorsionados para que participen de la extracción de oro por parte de bandas narco, guerrilleros de las FARC y el ELN y paramilitares que cobraron subsidios por desmovilizarse.
Según el diario New York Times, en el departamento de Antioquia existen dos grupos que se disputan las zonas auríferas: los Urabeños y los Rastrojos. Ambas organizaciones disponen de un Ejército de 1.200 combatientes, que cuidan las minas de oro con la que financian la guerra interna colombiana.
Con los beneficios de la producción de oro, las guerrillas y los paramilitares no sólo compran armas, sino que también lavan dinero en esta actividad legal, en la que el productor debe aportar al Estado el 4% de las ganancias.
Los mineros que le vuelven a dar vida a los yacimientos utilizan mercurio para separar el oro del barro. De acuerdo con un informe de Naciones Unidas emitido el año pasado, en Antioquia se liberan en el agua unas 67 toneladas de mercurio anualmente.
Esta sustancia contamina no sólo el suelo y el agua, sino a los obreros que manipulan el oro.
Reacción del Gobierno
Según datos de la agencia estatal colombiana que regula la actividad minera, Ingeominas, Colombia en 2010 produjo 1,6 millones de onzas troy de oro, valoradas en unos 2.400 millones de dólares. Con el alza del precio del oro, se espera que para el año próximo la cifra supere los 5 mil millones de dólares.
El presidente Juan Manuel Santos aseguró que la mitad de las minas de oro y carbón del país son ilegales y que va a combatir esta actividad que alimenta la compra de armas para sostener la interminable guerra.
Sin embargo, se corre el riesgo de que el gobierno -en su afán de demostrar logros contra el financiamiento de la guerra- caiga en una peligrosa simplificación de la situación.
Existen varios productores ilegales de oro que no están relacionados con los grupos mafiosos ni con las guerrillas y que encontraron como método de subsistencia la producción minera. Esa actividad debe ser regulada, pero los responsables no deben ser combatidos como narcos o como miembros de una organización armada.
Por otro lado, hay mineros que actúan en la legalidad realizando aportes al Estado por la explotación de los yacimientos. Pero existen varios obreros que son rehenes o testaferros de los grupos ilegales, que utilizan esta nueva forma de financiamiento.
El gobierno debe centrar su lucha en detectar qué sucede con el dinero que cobraron los paramilitares desmovilizados para evitar que financien actividades ilegales y que vuelvan a formar parte del engranaje de la guerra. Pero, sobre todo, no debe confundir a los campesinos y mineros que se dedican a esta nueva actividad con guerrilleros, ni con los nuevos señores de la guerra que disponen de grandes Ejércitos que vigilan las minas de una posible incursión de sus rivales.
