Ronald Reagan y Margaret Thatcher iniciaron hace tres décadas una sistemática rebaja de impuestos a los más ricos, personas y empresas. Desde entonces no ha cesado esa política de menos impuestos a los que más ganan y tienen. Y de menos impuestos se pasó a más endeudamiento de los estados. Por eso un político español pudo decir cargado de razón que “a los gobiernos les cuesta menos pedir prestado que subir los impuestos”. Aunque, para ser exacto, debería haber dicho que los gobiernos prefieren endeudarse antes que recuperar el sistema de impuestos más justo que había hace treinta años. No hay que molestar a los ricos.
La crisis de la deuda en Europa y sus feroces consecuencias sociales tienen todo que ver con el adelgazamiento progresivo de la fiscalidad (los impuestos) y con el fraude fiscal. Mucho más que con excesos o irresponsabilidad en el gasto público. Como recuerda Sam Pizzigati, según el IRS (la agencia tributaria estadounidense), en 2008, quienes ganaron en Estados Unidos más de 200.000 dólares anuales pagaron al gobierno federal un tipo fiscal del 22% por sus ingresos. Bastante menos de lo que pagaban los estadounidenses más ricos hace 50 años. En 1961, quienes ganaban más de 27.000 dólares anuales (equivalentes a 200.000 dólares de hoy) pagaron un tipo de algo más del 31% de sus ingresos. Y los ingresos anuales por encima de 400.000 dólares al año (3 millones de hoy) pagaban un tipo fiscal del 91%. Hoy las rentas de más de 3 millones de dólares pagan un tipo del 35%. En España, por ejemplo, las empresas apenas pagan un 10% de impuesto por sus beneficios. Un porcentaje muy alejado del tipo de impuesto por beneficios establecido que es 30% para grandes empresas y 25% para pequeñas y medianas. Las cifras de la Agencia Tributaria española muestran que las empresas eluden legalmente hasta dos tercios de los impuestos que les corresponden. Y lo pueden hacer porque hay complacencia y complicidad gubernamentales con quienes más ganan y más tienen. Los más ricos deducen y reducen lo que han de pagar con triquiñuelas legales varias. De hecho, las empresas pagan por beneficios menos que las familias, que aportan un 11,5% de su renta.
El resultado final es menos ingresos del Estado. Y eso sin contar con el fraude fiscal puro y duro.
Continuando con España, según un informe de Gestha (sindicato de técnicos de Hacienda) en 2005, último año con datos de fraude, éste fue de 88.617 millones de euros: 58.676 millones defraudados a la Agencia Tributaria y 29.941 a la Seguridad Social. Las grandes empresas defraudan casi el 75% del total mientras el 97% de empresas restante defraudan un 17%. Y a eso habría que sumar otras evasiones fiscales de ricos y muy ricos (fraude en plusvalías, arrendamientos, rentas del capital...). Si solo se evitara la mitad de fraude fiscal y se cobraran los impuestos correspondientes, España tendría un PIB como el de Reino Unido y superior a Italia. Y no tendría déficit público. Rajoy, nuevo presidente de gobierno de España, pretende ahorrar el año que viene 16.500 millones de euros con recortes sociales, despidos, sangre, sudor y lágrimas. Gestha asegura que, si se redujera la economía sumergida española en 10 puntos, se recaudarían 38.500 millones de euros anuales. La economía sumergida en España supone 245.000 millones de euros: 23,3% del PIB español. Son muchos impuestos evadidos.
Pero es que quienes más ganan y poseen son los mimados por los gobiernos que comulgan con ruedas de molino neoliberales. Como recuerda Ana Flores , “en lugar de ponerse de acuerdo los gobiernos para domesticar al capital, el mundo más desarrollado decide dejarlo circular con absoluta libertad. Atraer dinero es la obsesión de los gobiernos y compiten entre sí bajando impuestos”.
Como denuncia Paul Krugman, lo peor de esta servidumbre de los gobiernos con quienes más tienen, es que “la exigencia de austeridad cada vez más radical (para poder pagar la deuda) ha fracasado como política económica, al agravar el problema del paro sin restaurar la confianza. Y una recesión europea parece más probable cada día”. Hay que exigir y hacer auditorías de la deuda para poner fin a la hemorragia social que su pago genera. Y pelear para recuperar un sistema impositivo justo y redistributivo, contra las falsas tesis de la austeridad como camino y la limitación del déficit de deudas soberanas como objetivo por encima de todo. Por encima de todo solo han de estar la ciudadanía y sus derechos.
