La crisis ya ha llegado a los derechos por dependencia en España. Hoy ya son más las personas dependientes que mueren que las que acceden a las ayudas por no poder valerse por sí mismas. Una de las leyes estrella del gobierno socialista, la Ley de Dependencia, sufrirá también los “temidos” recortes. La cuarta columna del Estado de Bienestar parece que quedará más corta en los próximos años.
En España, hay más de un millón de personas que no pueden valerse por ellas mismas y menos del 7% de las familias que cuidaban a personas dependientes recibían algún tipo de apoyo de la Administración Pública antes de que la Ley de Dependencia entrase en vigor. En la actualidad, más de 740.000 personas recibían atención por su dependencia. Pero la tendencia de los últimos años hace pensar que la situación irá a peor. En los tres últimos años, cada mes se atendía a una media de 25.000 personas. En 2011, eran en torno a 6.600. Las nuevas solicitudes este año han alcanzado las 10.000 al mes y la lista de espera es lo único que crece sin parar. Para desarrollar al completo la Ley, el Gobierno español tendría que dedicar más de 26.000 millones hasta 2015 en el sector de la asistencia social para personas mayores y/o discapacitadas. Y el nuevo gobierno de Rajoy ya ha dejado claro que su objetivo es el de contener el gasto público. Las Comunidades Autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular (PP), tampoco están por la labor de aumentar el gasto social, sino todo lo contrario. También el baremo de la dependencia fue revisado hace unos meses, más riguroso y ajustado, y entrará en vigor en 2012.
La Ley de Dependencia se presentó en su momento como el reconocimiento de un derecho humano: acceder a los cuidados necesarios para tener una vida digna. Miles de personas de la sociedad civil organizada aplaudimos esta norma, que se convertía en el “Cuarto Pilar del Estado de bienestar”, junto con la educación, la sanidad y las pensiones. Sin embargo, los intereses políticos y los económicos van a dejar la Ley sin una verdadera aplicación práctica. Una vez más, somos los ciudadanos los que vemos reducidos los servicios de atención social.
Los cuidadores informales que se hacen cargo de sus familiares dependientes ahorran al Estado entre 25.000 y 40.000 millones de euros. Su trabajo sin remuneración supone más del 2% del PIB español. Se trata de mujeres en su mayoría, un 83% que se quedará sin ningún tipo de ayuda por cuidar de los enfermos severos o discapacitados.
Hoy las mujeres trabajan fuera de sus casas y no tienen que dejar a un lado su carrera profesional para cuidar a sus padres o a un hijo discapacitado. Gracias a leyes como la española, la asistencia y el cuidado dejaría de ser un privilegio para convertirse en un derecho: todas aquellas personas dependientes tienen derecho a una atención profesional para llevar una vida lo más digna posible. Por ello no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. Aquellos que pueden pagarlo y los que no pueden hacerlo. La Ley de Dependencia reconoce y hace efectivos derechos conquistados con mucho trabajo. La crisis no debe servir de coartada para arrebatárnoslos a los ciudadanos, menos aún a personas en situación de dependencia. Seguro hay dietas, gastos superfluos, sueldos millonarios, cientos de asesores de donde se puede reducir el gasto público. Pero no de la dignidad de las personas.
