Las diferentes huelgas que está afrontando el gobierno de Laura Chinchilla son consecuencia de las políticas de desatención de algunos sectores sociales y de la crisis económica mundial. La macroeconomía y la industria muestran leves signos de estancamiento. ¿Podrá el gobierno mantener el Estado de Bienestar que caracterizó a Costa Rica durante décadas?
Desde mediados del siglo XX Costa Rica se ha diferenciado del resto de las otras naciones centroamericanas por ser un país inclusivo en el que la clase dominante y la popular han coexistido manteniendo el Estado de Bienestar, que les ha dado frutos a ambos.
La abolición del Ejército es otra de las características que hacen único a este país, que en los últimos sesenta años destinó los recursos, que hubiese gastado en mantener a sus fuerzas militares, en inversión social.
Este diseño político produjo que se creara una base de contención de los sectores más vulnerables y que Costa Rica fuese un país sólido, que entre 1960 y 1980 redujo la pobreza del 50% al 20%.
Sin embargo, un conjunto de factores están transformando lentamente a la sociedad costarricense. Actualmente el gobierno no cumple eficientemente su función mediadora ante las grandes empresas privadas, locales o multinacionales y los trabajadores, por ende, en varios sectores los salarios han perdido valor real.
Pero, ¿qué sucedió para que comenzara un incipiente descontento social generalizado?
Desccontento social
La calma social no se ha alterado, el país sigue siendo el más próspero de América Central, pero el clima de convulsión que vive Costa Rica es inédito.
Varios sectores han salido a la calle a manifestar mejores condiciones de trabajo, aumentos salariales, y mayores ganancias en caso de las patronales.
Médicos, taxistas, trabajadores de la Imprenta Nacional, del Consejo Nacional de Producción, obreros de compañías bananeras, motociclistas y vendedores de combustible son los sectores que más le exigen al gobierno que mejore su política y que vuelva al Estado de Bienestar que imperó durante décadas.
Los trabajadores bananeros son unos de los más afectados por los recortes salariales y pérdidas de beneficios. El gobierno no ha intercedido a pesar de las constantes protestas de unos 600 asalariados desde noviembre.
El paro de anestesistas, a los que el 29 de noviembre se le unió el resto de los gremios médicos, produjo que se cancelaran unas dos mil operaciones. Esta medida obligó al gobierno a traer anestesistas desde México.
También la suba del precio del combustible generó bloqueos por parte del sector expendedor de gasoil, lo que desembocó en el desabastecimiento temporal de algunas ciudades.
Respuesta de la Presidenta
La presidenta Laura Chinchilla asegura que el país no se ha salido de control y sostiene que los diversos problemas se vienen acumulando desde hace varios años, pero que ahora coinciden y le toca afrontarlos juntos. Además, aseguró que es tiempo de sacrificios, con lo que reconoció que los números están empezando a no cerrar en Costa Rica.
En primer lugar, Chinchilla es la heredera política de gobierno anterior de Oscar Arias. Por eso, si los problemas se vienen acumulando, su partido (PLN: Partido Liberación Nacional) es uno de los máximos responsables.
En segundo término, las reformas impulsadas por Arias, Chinchilla y la crisis económica mundial obligan a Costa Rica a hacer algunos ajustes, que como en toda planificación neoliberal, apunta a los sectores menos protegidos.
Inestabilidad política y productiva
La economía está empezando a sufrir un leve deterioro, ya que la balanza comercial comenzó a ser desfavorable. Las industrias crecerán en 2011 sólo el 2% frente al 4% esperado, principalmente por el aumento del costo de la electricidad.
Durante este año se han perdido 15 mil empleos, muchos en zonas rurales, aunque la inflación anual está controlada, ya que no supera el 5,5%.
Se prevé que en 2012 el país va a seguir creciendo macroeconómicamente, pero el impulso de los últimos años se va a desacelerar. Se pronostica un crecimiento del 3% frente al 4% que se espera para este año.
Por otro lado, la relación del oficialismo con la oposición no pasa por su mejor momento. El abrumador rechazo de los partidos contrarios al PLN produjo que el Presupuesto 2012 enviado al Congreso por la presidenta fuera modificado, ya que ninguno de los legisladores opositores votó a favor.
El Poder Judicial vetó el controvertido proyecto minero canadiense Crucitas, que había sido gestionado por el ex presidente Arias. Tanto su administración como la de Chinchilla suelen favorecer a las multinacionales antes que priorizar temas sensibles como el medioambiente.
Además, se reabrió la herida del conflicto fronterizo con Nicaragua.
Un tema preocupante es la penetración de las redes de narcotráfico, que perciben en Centroamérica un terreno fértil para sus actividades ilícitas. El 30% de los asesinatos que se produjeron durante 2011 fueron por causas relacionadas con el tráfico de drogas.
¿El fin del estado benefactor?
Costa Rica logró en la década del 80 afrontar los males latinoamericanos comunes, tales como las feroces deudas externas que caracterizaron esa década y la siguiente. El pacto social entre la oligarquía y los trabajadores fue el borde por el que caminaron los sucesivos gobiernos manteniendo un equilibrio que permitía generar ganancias a los empresarios y repartir la riqueza a los sectores pobres y rurales.
Pero, las políticas neoliberales, privatistas y de ajuste de Arias parecen continuar con Chinchilla.
Sin dejar de reconocer que el gobierno de Chinchilla intenta aumentar las exportaciones hacia otros países latinoamericanos y explotar aun más el rico sector turístico, la crisis internacional parece jugarle en contra.
En este momento, varios sectores hacen oír sus reclamos. Es posible que ahora se sienta el impacto de la desatención de algunos sectores durante la presidencia de Arias, pero la actual presidenta ha seguido por la misma senda que su predecesor.
Queda esperar que la crisis no impacte duramente en la economía nacional y que el gobierno sepa escuchar las exigencias para que no se pierdan las décadas de beneficios que aportó el Estado de Bienestar y que el país pueda blindarse ante las turbulencias internacionales, como ya lo ha hecho frente a otras crisis.
