“Hubo un recrudecimiento de la violencia contra los extranjeros indocumentados (en México) a partir de la masacre de 72 indocumentados en agosto en Tamaulipas”, lo cual motivó una serie de acciones como país y a nivel regional, explicó a IPS Flora Reynosa, defensora de los emigrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala.

Para contrarrestar la “difícil” situación, Guatemala gestiona un Estatuto de Protección Temporal (TPS) para miles de connancionales que permanecen sin documentos en Estados Unidos, a la vez que coordina con México y la región las investigaciones sobre la masacre de Tamaulipas y de otros casos, según la funcionaria. El TPS es un permiso especial otorgado por Washington a inmigrantes para permanecer y trabajar en Estados Unidos legalmente.

Además, el parlmanento guatemalteco discute desde enero un proyecto de ley para exonerar de impuestos a los connacionales deportados de Estados Unidos para facilitarles traer al país los bienes muebles acumulados como vehículos, electrodomésticos y otros. Sólo en 2010, más de 57.000 guatemaltecos fueron deportados de Estados Unidos, una situación agudizada por el endurecimiento de las leyes migratorias de ese país norteamericano.

Los legisladores también analizan desde 2009 la aprobación de una nueva ley de Migración para combatir con mayor eficacia la corrupción y mejorar la seguridad migratoria. En la región, las acciones han ido más allá. Honduras y México echaron a andar el 23 de enero un grupo de Alto Nivel sobre Seguridad para contrarrestar las agresiones contra la población inmigrante a su paso por territorio mexicano.

Los gobiernos pretenden mejorar así su comunicación en materia de seguridad, realizar campañas de prevención para los migrantes, facilitar las denuncias e intercambiar información sobre operaciones financieras como pago de secuestros, entre otros aspectos. Esta medida fue motivada por el secuestro, en diciembre de 2010, de al menos 40 inmigrantes centroamericanos en el sureño estado mexicano de Oaxaca, cuyo paradero se desconoce a la fecha. De hecho, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó a las autoridades mexicanas “a realizar una investigación exhaustiva y transparente” sobre el caso.

Las acciones gubernamentales no terminan ahí. El Salvador, Honduras y Guatemala crearán una fuerza multilateral para combatir el narcotráfico en la región, cuyos detalles quedarán definidos en la próxima cumbre de junio del Sistema de Integración Centroamericana.

Precisamente, el grupo mexicano de narcotraficantes Los Zetas es acusado de ser el autor de la muerte de los 72 inmigrantes en Tamaulipas. La Comisión de Derechos Humanos de México indicó que unos 20.000 inmigrantes centroamericanos fueron secuestrados el año pasado a su paso por ese país con destino a Estados Unidos.

Álvaro Caballeros, de la no gubernamental Mesa Nacional para las Migraciones de Guatemala, dijo a IPS que “es preocupante la postura de México sobre el tema, no solo porque han reaccionado tardíamente sino porque han puesto duda que esto suceda”.

Es que el subsecretario mexicano de relaciones exteriores para América Latina y el Caribe, Rubén Beltrán, afirmó en enero que los secuestros de inmigrantes comenzaban en América Central, una declaración que las cancillerías de El Salvador, Honduras y Guatemala rechazaron rotundamente a través de un comunicado conjunto.

Miguel Huezo Mixto, de la oficina en El Salvador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), advirtió a IPS que, “si consideramos la importancia de las migraciones para la sociedad, la cultura y la economía salvadoreña, se ha hecho poco”.

“Pero si consideramos la complejidad del fenómeno del desplazamiento, que la mayoría de las veces se hace de manera subrepticia, y que además se produce en contextos peligrosos, diría que recién comienza a hacerse algo”, agregó.

El parlamento salvadoreño ya comenzó la discusión de la ley de Asistencia y Protección a los Migrantes y sus Familias, para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos en Estados Unidos, además de la participación de este país en el abordaje regional del tema. “Es poco lo que El Salvador puede hacer sin el concurso de los demás países involucrados en el proceso de tránsito. Además, es urgente proteger a los emigrantes en el contexto del derecho internacional”, dijo Huezo Mixto.

El funcionario del PNUD dijo que “no es fácil de encarar” este asunto, pero para avanzar en la protección de las personas que salen de sus países sin la documentación requerida “se debe reconocer que la emigración internacional es clave para el desarrollo y un asunto profundamente vinculado al tema de derechos”.

Edith Zavala, del no gubernamental Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, informó a IPS que también en su país se discute una propuesta de ley para proteger a las y los hondureños emigrantes y a sus familiares. En ese proyecto se crea la Oficina de Protección y los centros de atención a migrantes, entre otros puntos.

“Constituye el primer paso para la elaboración de una política integral en materia de protección y retorno, así como la ratificación de los derechos constitucionalmente reconocidos, especialmente en temas de mujeres emigrantes”, añadió. Más allá de este esfuerzo, la activista señaló que el grupo de alto nivel de seguridad creado entre Honduras y México representa “la primera coordinación interestatal entre ambos gobiernos en iniciativas como ésta”, la cual “no debe convertirse en una declaración política y debe incluir a inmigrantes y a sus familiares”.

“Los estados centroamericanos y el mexicano deben dar un salto cualitativo en la identificación de propuestas y estrategias para el desarrollo de políticas migratorias coherentes, que reflejen su realidad como países de emigración, trasmigración e inmigración”, precisó Zavala.