Hay que invertir en inmuebles cuando la sangre está corriendo por las calles, aconsejaba el Barón de Rothschild en 1871. Bien le había venido a su antecesor que, desde Londres, esperaba conocer antes que nadie el resultado de la batalla de Waterloo. Para eso tenía apostados correos a caballo que sin descanso llevarían la noticia al barco preparado en la costa para zarpar y galopar hasta la City. No importaba si ganaba Wellington o Napoleón, lo que valía su peso en oro era ser el primero en saberlo.
La cita es a menudo utilizada por los banqueros de Wall Street para alentar a los inversores a comprar.
Mientras el Consejo de Seguridad debatía, durante casi cuatro días, la resolución sobre el deber de proteger a las poblaciones civiles de Libia, parece que el Gobierno británico se afanaba en preparar la acogida de millonarios norteafricanos y ciudadanos de Oriente Medio que huían de las autocracias que atenazaban a sus países. Y que habían sido sostenidas y explotados por ellos mismos.
Para ello se acordó que aquellos millonarios capaces de depositar e inmovilizar cinco millones de Libras en un banco británico determinado tendrían garantizado su permiso de residencia en Gran Bretaña en tres años. Si depositaban diez millones la obtendrían en dos años y, a partir de esa cifra, se agilizarían los trámites para el resto de familiares. No se preocuparon de exigir garantías éticas o legales sobre su cooperación en los regímenes responsables de crímenes en sus países de origen.
De hecho, en España, se autorizó hace unos días al Emir de Catar la compra del 6,17% de la energética Iberdrola, bajo el nombre de Qatar Holding.
Su primer ejecutivo Ahmad Mohamed Al-Sayed, del clan gobernante en Catar, aterrizó en Madrid y también se interesa por el grupo Telefónica, lo que supondría una inversión del emirato autócrata de Catar de no menos de 4.000 millones de euros. El 1% de Telefónica vale 800 millones y al Holding de Catar le gusta tener al menos el 5% de sus participadas. No olvidemos que, después de las visitas relámpago del Rey Juan Carlos a Catar y del Jefe del Gobierno a otros Emiratos del Golfo, ya había 300 millones destinados a las Cajas de Ahorros. Esos viajes se producían en plena crisis de los países árabes del norte de África y de las protestas ciudadanas contra los déspotas de Bahrein, Omán, Yemen, Jordania y Arabia Saudita, que es quien mueve los hilos y sus inmensas fortunas, junto con el Consejo de autócratas del Golfo pérsico.
¿Se imaginan a España negando el asilo y el derecho de residencia a esos emires, reyes y príncipes, que durante décadas han despreciado los derechos humanos más elementales, han considerado a sus gentes como súbditos y no como ciudadanos y se han apropiado de las riquezas petrolíferas y de toda índole de esos países sin que sus a sus pueblos les fuera reconocido el derecho a participar en sus beneficios?
¿Se imaginan a Estados Unidos negando asilo, residencia y todo lo que pidan y exijan al Emir de Bahrein y a su prolífica familia, en cuya ensenada fondea la Quinta Flota Americana? ¿O al Rey de Arabia con sus más de mil príncipes de la sangre que viven y derrochan a cargo del Erario soberano, que no “público”? ¿Negaría España la residencia al Rey de Jordania y a su familia, considerados, como el resto de las monarquías autocráticas árabes, por el Rey de España como sus primos?
Algo no va bien en nuestras sociedades cuando lo primero que se aprestan a salvar son las fortunas de esos sátrapas sin preocuparse por sus responsabilidades políticas, sociales y hasta penales.