En España se ha desvelado un caso fiscal significativo, protagonizado por Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos. Urdangarín es presidente del Instituto Nóos, ligado a “salidas invisibles” de dinero a paraísos fiscales por medio de empresas pantalla, según conclusiones del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. Urdangarin, su socio, Torres, otros gestores y ex altos cargos del Partido Popular son investigados por varios delitos y el fiscal atribuye a Urdangarín y Torres ser propietarios de la empresa pantalla De Goes Center For Stakeholder Management, que habría adquirido la Fundación del Deporte, la Cultura e Integración Social (constituida por Urdangarín en 2006) para presuntamente evadir capitales a paraísos fiscales.
También conocemos algunos defraudadores fiscales expedientados. El piloto de motos Sete Gibernau, el empresario Ricardo Rodrigo, los hermanos Carulla (dueños de Agroalimen), Carceller (propietario de Cervezas Damm), la tenista Arancha Sánchez Vicario, la soprano Montserrat Caballé , el piloto de F1 Martínez de la Rosa, el también piloto Fernando Alonso , el tenista Carlos Moyá, el ex jugador del Barcelona Luis Enrique, el piloto de motos Alex Crivillé... Fiscalmente andorranos, suizos o monegascos, dejaron de pagar millones de euros de impuestos.
En Suiza y Liechenstein en 2009 y 2010 se descubrieron 3.200 cuentas ocultas de políticos, empresarios, profesionales de altos honorarios y financieros españoles. Algunos defraudadores han sido expedientados pero, según el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), los ricos que han incurrido en delitos fiscales millonarios han tenido un escandaloso trato condescendiente y privilegiado por parte del gobierno. Pero hay más.
La economía sumergida española se multiplicó por cuatro de 1980 a 2008, según informes de Funcas, federación de cajas de ahorros. Economía escondida que no paga impuestos ni cotiza a la Seguridad Social. Economía fraudulenta que mueve 245.000 millones de euros que, aún tributando a la baja, cubriría con creces el déficit de España en 2012 sin recortes ni aumentar impuestos a la mayoría.
Esa evasión fiscal es posible por los paraísos fiscales. No hagan caso de los cantos de sirena de la OCDE ni del G20 que pretenden que sólo quedan tres o cuatro paraísos fiscales. Paraísos fiscales, haberlos, haylos. Y muchos. Docenas de exiguos territorios o estados de cartón-piedra en el Pacífico o Atlántico más Suiza, Andorra, Gibraltar, Panamá, Luxemburgo, Liechstentein... Sin impuestos sobre el beneficio de empresas en sus territorios; con secreto bancario como dogma y cuentas anónimas numeradas como sacramento. Sin información ni estadísticas fiables sobre operaciones financieras, aunque sí un volumen desproporcionado de operaciones financieras extranjeras, más una sospechosa simplicidad y falta de vigilancia para constituir y registrar sociedades mercantiles. Y, por supuesto, ningún control sobre las sociedades filiales de las empresas transnacionales establecidas en ellos. A lo que añadir ausencia total de penalización por blanqueo del dinero y ninguna colaboración con autoridades fiscales y judiciales de cualquier país.
Sin tocar tales características que los definen, para sacar a un estado de la lista de paraísos fiscales, la OCDE pidió la firma de doce acuerdos de intercambio de información fiscal con otros tantos países. Pero, como denuncia Hernández Vigueras, el truco consiste en que los paraísos fiscales han firmado doce acuerdos con territorios sin ninguna relevancia financiera (Islas Faroe, Groenlandia...) o entre ellos mismos.
Acuerdos de reciprocidad de información fiscal sin repercusión alguna en la lucha contra el fraude fiscal ni contra el blanqueo de dinero. Puro maquillaje. Como recuerda Vigueras, “los paraísos fiscales son refugio del dinero sucio de los evasores de impuestos, de los corruptos, de los criminales organizados y de los terroristas del mundo”. Aunque la OCDE diga lo contrario, hay aún mucho paraíso fiscal, entre todos ocultan 6 billones de dólares y son realmente un peligro para la Humanidad. El fraude fiscal, que los paraísos hacen posible, desencadena vulneraciones sistemáticas de derechos sociales. Porque los estados disponen de menos recursos por la evasión de impuestos y no pueden satisfacer el disfrute de derechos indiscutibles como salud o educación, por ejemplo. Una menor disposición de recursos agravada por la nefasta austeridad presupuestaria impuesta. Por tanto, la lucha contra la austeridad presupuestaria, contra las deudas ilegítimas, evasión y fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, es la lucha por el Estado de derechos sociales (mal denominado de bienestar). La misma lucha.
