El conflicto minero de Conga le sirve de alerta al gobierno peruano para prever nuevas protestas sociales contra la minería contaminante. El presidente Ollanta Humala se encuentra en la encrucijada de atender los reclamos inclusivos y atraer inversiones en el sector minero, que aporta el 60% de las exportaciones de Perú. ¿Cuáles son los desafíos que tiene el gobierno?
Este año el gobierno peruano de Ollanta Humala se encuentra frente a dos elementos que podrían torcer el curso de la política social que está implementando o por lo menos replantearla.
El primero, son los efectos económicos de la crisis mundial, cuyos pronósticos prevén un menor crecimiento, incluso en los países productores de materias primas. El segundo es el alza de los precios de los productos mineros que exporta Perú: oro, cobre, plata y zinc. El 60 % de las exportaciones peruanas depende de la minería.
Por eso, mediante la nueva ley minera impulsada por el actual gobierno, en la que las empresas desembolsan una mayor cantidad de divisas en impuestos por extracción, lo lógico sería que Perú aprovechara el potencial de esta industria.
Sin embargo, los conflictos sociales larvados ya comenzaron a impactar en la agenda política, como el caso emblemático de la paralización, por medio de la presión popular, del proyecto minero Conga, en Cajamarca.
Conflictos sociales por la minería
Pese a que Humala logró que en el Congreso se votara por unanimidad la Ley de Consulta Previa a los pueblos originarios, que consiste en que los habitantes de las zonas mineras se pronuncien sobre los proyectos extractivos en las regiones mineras, el efecto dominó de las protestas ambientales se están multiplicando.
La minería tradicional no genera grandes cantidades de puesto de trabajo, por eso las comunidades que habitan en los aledaños de los proyectos mineros deben recurrir a la asistencia del Estado para sobrevivir.
Además, la contaminación del los suelos y de los ríos afectan directamente a los pobladores y envenenan a muchas comunidades indígenas.
En Cajamarca, desde hace más de una década, en la mina de oro más importante de la región Yanacocha, administrada por la multinacional norteamericana Newmont, el porcentaje de pobreza alcanza al 75% de la población.
De acuerdo con un informe del Banco Mundial, la actividad minera produce un impacto ambiental que llega al 3,9% del PBI, pero el Estado sólo invierte el 0,3% del PBI para paliarlo.
Opciones de Humala
Hasta ahora el gobierno ha elevado los impuestos a la minería con el objetivo de aumentar los programas sociales inclusivos, que han sido descuidados durante la etapa de crecimiento del ex presidente Alan García.
El objetivo de Humala es bajar los índices de pobreza a menos del 20% y reducir la desnutrición infantil. Además pretende elevar el presupuesto en Educación al 3% del PBI.
Pero, la concientización general de los efectos devastadores de la minería sin control tiende a desacelerar los proyectos de esta industria, por lo menos hasta que no se realicen estudios relevantes de impacto ambiental.
En este punto el presidente tiene tres alternativas: mantenerse firme frente a su compromiso de incluir a la mayor cantidad posible de peruanos marginados y redistribuir la riqueza; continuar con el crecimiento económico basado en la explotación minera; o bien una mezcla de ambos que consistiría en atender problemas sociales sin descuidar las millonarias inversiones.
En el primer escenario, Humala se inclinaría más a la izquierda y cumpliría su promesa de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que han quedado excluidos del crecimiento económico, cuidar el medioambiente y pararse firme frente a las multinacionales mineras.
Esta postura podría chocar con una contradicción, ya que el crecimiento depende en gran parte de la minería. Pero, si el plan se adopta correctamente, no se terminaría con la minería, sino que se revisarían los proyectos que impactan de manera más nociva al medioambiente, al mismo tiempo que se recortan las expectativas empresariales y se atienden a los problemas sociales más urgentes de manera general, antes de que se produzcan nuevos focos de protesta.
El segundo escenario consistiría en realizar un giro a la derecha asesorado por tecnócratas económicos, que atraería más inversiones que, junto con el canon impuesto a las multinacionales, elevaría la recaudación estatal.
Pero, los conflictos sociales y el deterioro medioambiental paralizarían este proyecto, por lo que Humala debería acudir al Ejército, dentro de lo que la Constitución le permite.
Además, Humala enfrentaría graves disidencias dentro de su partido.
Y la tercera alternativa consiste en resolver los problema sociales de a uno, en particular, sin soltarle la mano a las compañías mineras privadas, pero escuchando los reclamos. El riesgo que traería esta postura es que no se resolverían las disputas sociales de manera general, sino que se emparcharían y el gobierno rogaría que no apareciesen nuevos conflictos.
En este escenario, el presidente quedaría aislado frente a varios legisladores de su partido, que ya le cuestionan un supuesto giro a la derecha.
Desafíos para 2012
Más allá de la cuestión minera, el gobierno debe enfrentar al narcotráfico y a la guerrilla Sendero Luminoso, que si bien han sido combatidos por Alan García, existen zonas en las que ambos están fuera de control.
Desde 2009, la guerrilla maoísta utiliza francotiradores para derribar helicópteros e impedir que desciendan efectivos militares en las zonas tomadas por la insurgencia.
Con respecto a los narcos, Humala no pretende empantanarse en una guerra a la mexicana, sino que plantea reducir la producción y la exportación de cocaína.
Una ventaja que tiene el presidente es que al haber ganado las elecciones por una amplia mayoría, los partidos opositores se encuentran muy débiles y cualquier error cometido durante este año, que no es electoral, podrá ser corregido en el 2013, por lo que el desgaste es relativo y el margen de maniobra es más amplio.
Lo único que puede frenar la agenda política es la organización social, que paralizaría varios de los proyectos mineros, como sucedió con Conga, excepto que el gobierno actúe con astucia, honestidad y demuestre que realmente los nuevos impuestos a la minería se van a distribuir para la inversión social y para crear mejores condiciones de vida, principalmente en las áreas andina y amazónica, que son las más afectadas.
