El presidente Rafael Correa predica el desarrollo y el cuidado del medioambiente. Sin embargo, el tratado atómico suscripto con Rusia, que fue ratificado por la Corte Constitucional, contiene artículos polémicos, como la extracción de uranio, generación de combustible nuclear y la construcción de reactores en suelo ecuatoriano. ¿Ecuador abandona el eco-socialismo o las críticas de ambientalistas son especulaciones sin fundamento?
El desarrollo económico de un país depende en gran parte de su balanza comercial. Si el país exporta materias primas, debe hacerlo en grandes cantidades para lograr un saldo positivo y si elabora productos manufacturados tendrá mayor ventaja por el valor agregado de sus exportaciones.
Necesariamente, las formas de desarrollo capitalistas actuales se basan en la explotación de los recursos naturales y por consecuencia en la alteración del medioambiente. Desde la agricultura hasta la minería, pasando por la extracción de hidrocarburos, el ecosistema se debe transformar para permitir que se extraigan los frutos de la tierra.
Ecuador es un país pionero en el cuidado del medioambiente. El presidente Rafael Correa predica su eco-socialismo, una forma de desarrollo económico que redistribuye la riqueza y además presenta un bajo impacto para el entorno.
Sin embargo, un acuerdo nuclear firmado con Rusia trae serias dudas sobre la contaminación que pueda generar la aplicación de dicho tratado.
¿De qué se trata el acuerdo nuclear?
El “Convenio entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la esfera de la Utilización de la Energía Atómica para fines pacíficos” fue suscripto en Moscú en octubre de 2009.
Fue aprobado por la Corte Constitucional (CC) en marzo de 2012, por lo que resta que el Parlamento lo ratifique. El Poder Legislativo no puede modificarlo, sólo aprobarlo o rechazarlo.
Básicamente, el tratado se refiere a la explotación de uranio en Ecuador para la utilización de Rusia con fines pacíficos, producción de combustible nuclear y hasta la construcción de reactores en territorio ecuatoriano.
Además, también contempla la producción de isótopos radiactivos, la utilización de la energía nuclear en la industria y la medicina y la formación de especialistas ecuatorianos en el área de la energía atómica.
Durante la aprobación del acuerdo, la CC destacó que los yacimientos minerales son de propiedad inalienable del Estado.
¿Qué puede haber detrás del convenio?
Aunque pasaron casi tres años de la firma del acuerdo, el gobierno mantiene un sospechoso silencio sobre los detalles del texto.
La CC dejó asentado que el artículo 15 de la Constitución de Ecuador dicta: “el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto”.
Pero sectores ambientalistas ponen en duda que no se altere el entorno, teniendo en cuenta los riesgos que implican la minería del uranio, el combustible nuclear y los desechos tóxicos que generaría un reactor.
Además, se destaca el peligro de la utilización de agua, tanto para la minería, como para el enfriamiento de los reactores, ya que es un recurso abundante en Ecuador, pero que debe ser resguardado por su creciente escasez.
Por su parte, la ONG Acción Ecológica critica duramente el tratado, porque la posible existencia de uranio se encontraría en el bosque de Puyango, situado entre las provincias de Loja y El Oro y en la Cordillera de El Cóndor, regiones ricas en biodiversidad.
El artículo 2 se refiere entre otras cosas a los residuos nucleares. No queda claro si Ecuador se va a convertir en un basurero nuclear ruso o si los desechos serán tratados responsablemente en plantas adecuadas para ese fin. Tampoco se esclarece si los residuos permanecerán en Ecuador o serán llevados a Rusia.
Además, se teme un panorama más extremo con la militarización de las instalaciones y contra los que se opongan al proyecto y la posibilidad de que se produzcan terremotos, como el que afectó a la central atómica de Fukushima.
El antecedente de Yasuní
El presidente Correa defendió en la reciente cumbre ambiental Río+20 el ambicioso proyecto ecológico Yasuní ITT, por medio del cual Ecuador se compromete a dejar en el subsuelo los 900 millones de barriles descubiertos en el Parque Yasuní –una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo-, a cambio de que la comunidad internacional le done al país la mitad de los beneficios que recibiría por extraer el crudo.
“Los bienes ambientales los producen más los países de la cuenca amazónica y no recibimos nada", señaló Correa en la conferencia.
Correa ya tuvo conflictos con comunidades indígenas por la llamada “ley de aguas”, pero la defensa del ecosistema no sólo ha sido predicada, sino demostrada.
El desarrollo económico implica inevitablemente que se altere el medioambiente. Sin embargo, hay que determinar todos los elementos que se tienen para emprender una inversión en uranio y energía nuclear desea magnitud con los riesgos y la contaminación que representa.
En los próximos meses, debate legislativo de por medio, se podrá concluir si los pronósticos de los ambientalistas fueron exagerados o si realmente Ecuador va a pagar el costo de gran parte del progreso nuclear ruso.
