Unas cincuenta empresas galas anunciaron que reducirán 46.000 empleos en las próximas semanas. Sin embargo, la noticia más impactante fue dada por la compañía privada PSA Peugeot-Citroën, que despedirá 8.000 empleados hasta 2014, lo que podría alterar la cifra del 10,1% de desocupación.
Además, este año se declaró en quiebra el Grupo Doux, líder europeo de las aves de corral, que contaba con 3.400 empleados.
El impacto de la drástica reducción de Peugeot –que aun puede ser mitigado por el gobierno, dado que las negociaciones en torno de los despidos aún no están cerradas–, es, además de concreto, simbólico. La compañía es la segunda automotriz de Europa –detrás de la alemana Volkswagen– y no sólo despedirá esa cantidad de empleados, sino que cerrará plantas en Francia y en otros países del continente, como por ejemplo la fábrica de Aulnay, cerca de París, que cuenta con 3.000 trabajadores.
El gobierno de Hollande tildó de “inaceptable” el anuncio de Peugeot, dado que el gobierno socialista llegó con un programa de no perjudicar a las clases medias y bajas.
El gobierno francés adoptó durante el siglo XX una tradicional postura paternalista con respecto a los derechos laborales y al cuidado de las fuentes de trabajo. Por eso, nacionalizó varias empresas, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, con la llegada del neoliberalismo a comienzos de la década de 1980 y durante el siguiente decenio, se comenzó con los planes privatizadores, con el perjuicio que suele acarrear el desprendimiento desmedido de varias compañías por parte del Estado: despidos y cierre de servicios no rentables.
Sin embargo, el Estado francés no llegó a los niveles de privatización experimentados en América latina, ya que conservó una gran cantidad empresas y se quedó con porciones de otras.
Actualmente, el correo, los ferrocarriles, France Télévisions, Radio France, el transporte urbano parisino y Nexter (armas) son compañías 100% estatales.
Luego, están la atómica Areva, con el 89% en manos del Estado, Électricité de France (70% estatal), Aéroports de Paris (52% estatal) y Française des jeux, loterías y apuestas deportivas (72% del Estado).
También, con menos del 50%, el Estado francés tiene participación importantes compañías como GDF Suez (electricidad), Renault, France Télécom, Thales (electricidad), Safran (aeroespacial) y Air France.
La defensa laboral adoptada por el gobierno francés se llevó a cabo incluso durante el gobierno del privatista Jaques Chiraq, que defendió las 35 horas semanales de trabajo frente a la presión de la asociación patronal Movimiento de Empresas de Francia.
El gobierno socialista deberá ahora intentar frenar la ola de despidos para contener el descontento social y para que el fantasma de la recesión no se instale definitivamente.
Peugeot, en tanto, informó que pierde unos 200 millones de euros al mes y pidió al gobierno que desfiscalizara las horas extras para poder reducir el costo laboral. Pero el gobierno de Hollande se negó a legalizar el empleo en negro y anunció que negociará otras medidas.
Es importante que la actual administración resuelva de la mejor manera el conflicto en Peugeot, porque es probable que la reducción de esta compañía esté indicando la desindustrialización de Francia y la pérdida de competitividad en general.
A pesar de las promesas de campaña, el gobierno de Hollande deberá ajustarse el cinturón si quiere que Francia siga jugando en la eurozona, cuyas reglas están fijadas por Alemania, los bancos, los organismos multilaterales de crédito y las entidades financieras.
