La empresa G4S pierde entre 35 y 50 millones de libras al no superar los 7.000 efectivos de los 10.400 que establecía su contrato, por 284 millones, para garantizar la seguridad de los Juegos Olímpicos en Londres. Han tenido que posponer sus vacaciones muchos militares británicos de los 3.500 con los que el gobierno cubrirá el agujero a pocos días de la inauguración.
El presidente de G4S comunicó que el prestigio, y no el dinero, motivó que se presentaran al concurso público. En el mundo de la seguridad privada, prestigio equivale a futuros contratos que se materializan en millones de dólares. Tras el fiasco, renuncian al concurso para la seguridad del Mundial de Brasil en 2014.
Lo ocurrido en Londres se suma a los escándalos que han salpicado a las empresas de seguridad en la última década, sobre todo en Afganistán y en Irak. A los casos de torturas y de asesinatos indiscriminados de civiles, se suman los de incumplimiento de contrato, malversación de fondos y fraude.
Para el gobierno de Estados Unidos, emprender medidas legales contra las compañías a las que cedió funciones en nombre de una supuesta optimización de recursos y de reducción de costes habría significado reconocer el fracaso militar de la ocupación. Su denominación de “compañero silencioso” del ejército en Irak enmascaraba una dependencia que más tarde denunciarían algunos congresistas. En septiembre de 2007 había desplegados casi 200.000 empleados en Irak Y Afganistán para tareas relacionadas con la seguridad y la “reconstrucción”. Éstas iban desde el transporte de comida, el catering, la lavandería y la limpieza de los cuarteles hasta la protección de convoys y de oleoductos, de las refinerías de petróleo y de las sedes de las empresas de “reconstrucción”, y del personal diplomático.
Jack Bell, del Departamento de Defensa, llegó a confesar ante el congreso que Estados Unidos no estaba preparado para afrontar esta dependencia sin precedentes. Entre las personas que cometieron abusos en la cárcel de Abu Ghraib había empleados de empresas estadounidenses, según el informe del general Antonio Taguba. Al no poder cubrir con militares especializados la necesidad de traductores en los interrogatorios, el Departamento de Estado subcontrató a dos empresas para reclutar y formar al personal. Sin embargo, también custodiaban presos y dirigían algunos interrogatorios sin tener formación militar y de inteligencia. Para apagar lo que los medios tradicionales han llamado “insurgencia”, el ejército presionaba, desbordado, para conseguir “inteligencia de calidad”. Los “métodos agresivos de interrogación” responden a estas presiones, fruto de la incompetencia política y militar.
Algunas empresas han vuelto a obtener contratos después de descubrirse su implicación en diversos escándalos. En ocasiones, los han obtenido como la primera vez: a dedo, sin concurso público, por la urgencia de cumplir a tiempo con los objetivos y por la falta de competidores. Academi, antes Bkackwater, DynCorp y Aegis han obtenido muchos de sus contratos multimillonarios sólo por su capacidad operativa.
Distintos comités del Congreso de Estados Unidos han reconocido que esta dependencia debilita las capacidades del Estado para asumir su responsabilidad de proteger a la población civil. Se han documentado casos de ex militares de países de América Latina y de Asia que renunciaron en bloque o han hecho huelgas cuando no les satisfacían sus sueldos y las condiciones de trabajo. En ocasiones, los gobiernos basan sus necesidades de seguridad en informes que preparan las mismas empresas que compiten por los contratos.
Las empresas rinden cuentas a sus accionistas, no a los contribuyentes. Desde un punto de vista jurídico, rinden cuentas al gobierno que las emplea, aunque la falta de transparencia, de control democrático y de rendición de cuentas en los últimos años plantea la necesidad de vigilar el cumplimiento de los contratos por medio de mecanismos políticos para los que se necesitan empleados públicos.
Las “privatizaciones” con dinero público se apoyan en la idea de que la gestión privada aumenta la eficiencia y reduce costes, pero no queda claro después de diez años de desastres. Los gobiernos invierten millones en formar funcionarios que luego se cambian al sector privado por un mejor sueldo, pagado con dinero público. Quizá resultaría más eficaz reforzar las capacidades del Estado para asumir su responsabilidad soberana de proteger a la población.
