Ya que la austeridad no funciona por sí sola, los delegados de la Red Europea contra la Pobreza sacan “tarjeta roja” a las Instituciones de la Unión Europea (UE) por abandonar a las personas más vulnerables, en la obsesión por apaciguar los “mercados”. Sonroja que los Estados miembros del Consejo Europeo prioricen las medidas de austeridad, lo que hace que los ciudadanos paguen los costes de una crisis de la que no son responsables, y que dificulta la recuperación.
Han urgido a los líderes de la UE para que sitúen a las personas y al planeta por delante de los mercados y que promuevan un Pacto de Inversión Social, con el fin de restaurar la confianza de las personas y una hoja de ruta para el futuro de la cooperación en la UE.
No es posible estar de acuerdo con que la UE siga apostando por un modelo de austeridad erróneo que nos lleva a la recesión y a la fractura, en lugar de promover enfoques alternativos para una recuperación basada en la solidaridad, la inversión social y la búsqueda de sociedades más justas y solidarias.
De ahí el llamamiento a la UE y a sus Estados para acordar un Pacto de Inversión Social que apoye a las personas con puestos de trabajo dignos, mejora de los sistemas de protección social, con rentas mínimas y garantías de acceso a los más desfavorecidos. La inversión en educación, servicios de salud, vivienda asequible, la energía y frenar el aumento del sinhogarismo también deben formar parte del pacto. Es preciso poner freno a la transferencia de bienes del Estado hacia manos privadas en sectores que afectan a los derechos sociales.
Ya es un clamor la redistribución de los recursos para garantizar unos estándares sociales mínimos en toda Europa. Tendrán que dar prioridad a un impuesto progresivo sobre la renta, impuesto sobre las transacciones financieras, impuesto sobre el patrimonio y abordar la evasión y lucha sin cuartel contra el fraude fiscal mediante la destrucción de los paraísos fiscales.
No es de recibo salvar el euro y reforzar la estabilidad económica en la UE a costa de sacrificar la solidaridad entre las regiones, entre los ciudadanos y estamentos sociales; se pide la cancelación de las deudas impagables, de los desahucios a familias que han perdido sus empleos y una tasa sobre las transacciones financieras. El buen gobierno se tiene que lograr con objetivos de justicia social. De ahí la necesidad de que el BCE facilite apoyo financiero a los países que se enfrentan a los rescates.
Nada de esto sería posible si no se refuerza la rendición de cuentas de manera justa y transparente. Los ejemplos que estamos viendo de la corrupción en la gestión de entidades financieras, como cajas y bancos, tienen que desaparecer, mientras se hace frente al hambre, la peste o la guerra.
Los representantes de la Red Europea contra el Hambre apuestan por medir el progreso social y no sólo el rendimiento económico. Poner en marcha un índice de desarrollo sostenible múltiple basado en medidas de progreso hacia la igualdad, la salud, los beneficios materiales y el bienestar, al igual que la participación cultural, social y política.
Hay que establecer un marco general que promueva y vigile la aplicación del Pacto de inversión social. Este relanzamiento debería ser respaldado por la inversión financiera, en particular a través de la dedicación del 25% de los fondos de cohesión destinados al Fondo Social Europeo (FSE) y del 20% del FSE dedicado a inclusión social y creación de puestos de trabajo. Sólo así se podrá hacer frente a la crisis que padecen las sociedades, sobre todo en sus miembros más desfavorecidos y frágiles. Si el Estado tiene un sentido es el de procurar la justicia social por todos los medios a su alcance. De lo contrario, habrá abdicado de su autoridad y de su legitimidad de origen para someterse a los oligopolios, a la corrupción, a la voracidad de los supuestos “mercados” mientras padecen los protagonistas de cualquier sociedad bien organizada: los ciudadanos. En un mundo globalizado e intercomunicado ya no es posible permanecer callados y pacientes sin convertirnos en cómplices de una injusticia impuesta por poderes tiránicos a quienes nadie ha elegido y en los que no hemos delegado. Y si hay que tomar las “bastillas, los palacios de invierno, o tirar al agua las mercancías en los muelles de Boston”, se hará porque la alternativa a esta crisis inhumana es un mundo desesperado.
