En España hay en marcha más de 350.000 procesos de ejecución hipotecaria y, desde 2007, se han ejecutado más de 300.000. En plata: cientos de miles de personas se han quedado sin vivienda por no poder pagar la hipoteca y se quedarán sin hogar muchos miles más. Mientras tanto, hay tres millones de pisos vacíos que no se venden. Pero lo peor, tras quedarse sin casa, es que quienes han sufrido un desahucio aún deben grandes cantidades a los bancos.
Por ello, una reivindicación fundamental de la ciudadana Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es que la entrega del piso cancele la deuda. La dación. Ahora el Gobierno del Partido Popular dice que abre la puerta a esa dación en pago. Pero es un brindis al sol. Porque no es una ley que obligue sino un código de buenas prácticas al que los bancos pueden acogerse. O no. Según la PAH , ese código es una falta de respeto hacia los perjudicados por ejecuciones hipotecarias porque con los requisitos necesarios para poder cancelar la hipoteca entregando el piso, la inmensa mayoría de familias afectadas quedan fuera. Requisitos como que toda la familia esté en el paro, cuota hipotecaria superior al 80% de ingresos familiares netos, una deuda de cierta cantidad... La dación en pago existe en otros países; si se implantara de verdad (no con las trampas del código del Partido Popular), ¿qué pasaría con las 300.000 personas ya desahuciadas, muchas de las cuales continúan soportando una considerable deuda hipotecaria? Como ha denunciado Raquel Rolnik, relatora especial de Naciones Unidas por el derecho a la vivienda, el problema (que no es un problema español ni mucho menos) está en que “la vivienda se ha convertido en una mercancía para acabar siendo un activo financiero. Pero la vivienda no es un activo financiero, la vivienda es un derecho humano”.
La cuestión de la vivienda no es algo aparte. Si hay más desahucios es porque aumenta la pobreza; casi un 22% de población en España. Tampoco es ajeno que millón y medio de familias tengan a todos sus miembros en paro. Además, entre quienes sufren pobreza, hay casi un millón de personas con empleo, pero aún así son y viven como pobres. Hoy los pobres aún son más pobres. Paro, pobreza y vivienda no son solo problema de España. Por supuesto. A modo de muestrario, en Reino Unido las familias sin hogar aumentaron en 2011 un 14% y las que solicitaron ayuda tras ser desahuciadas por los bancos aumentaron un 44% el mismo año. Casi el 13% de las familias griegas no tienen ningún ingreso y desde 2008 son muchas más las personas sin hogar, un 25% más de ciudadanos sin techo; miles de griegos viven en la calle, personas con buena educación que tenían casa y trabajo hoy viven a la intemperie. El paro llega al 11% en Portugal y el 20% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza... Podríamos repasar toda la Unión Europea y hallar situaciones iguales o muy parecidas.
Sin embargo, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda...” Como asegura Rachel Rolnik, la vivienda es una cuestión de derechos humanos. Pues resulta que España, como casi todos los países de la Unión Europea , ha firmado y ratificado los acuerdos y tratados de la ONU sobre derechos sociales. ¿No presumía Europa de ser la tierra de los derechos humanos? Por cierto, firma y ratificación obligan tanto que esos tratados han de hacer cambiar, en función de su contenido, las leyes nacionales. Y respecto a tal obligación, comparemos para tener una idea mas precisa. Por ejemplo, ¿creen que una mujer puede estar solo un poco embarazada? Absurdo. O lo está o no lo está. Pues con los derechos humanos ocurre algo similar: se respetan o no. No puede haber término medio.
Un sistema que acepta tranquilamente (en realidad promueve) el empobrecimiento progresivo de la población, así como violaciones sistemáticas de derechos de cientos de miles en unos casos y millones en otros es un sistema de delincuentes, un sistema gangsteril. Y tal sistema no tiene la menor legitimidad ante la ciudadanía.
