El gobierno de Sebastián Piñera está experimentando levantamientos en varias ciudades del país, como Puerto Aysén y Calama, por encontrarse aisladas, sin subsidios y expoliadas por las compañías que extraen sus recursos y deterioran el medioambiente. Además, la sociedad chilena comenzó a manifestarse por la educación, la salud, la persecución a los mapuches y la discriminación a las empleadas domésticas.
Durante la era postpinochetista, la política de Chile sirvió de modelo para las campañas electorales de los gobiernos de derecha en toda la región. La llegada de la democracia, la lógica privatista de la época y el gran crecimiento macroeconómico puso a Chile en el primer lugar de desarrollo de América Latina.
Sin embargo, ese supuesto progreso ocultaba desigualdades sociales en varios campos y aunque ya no había dictadura se continuaba con las políticas represivas.
Durante las dos décadas que duraron los gobiernos de la Concertación, los chilenos fueron en su mayoría pacientes, esperando vanamente que el crecimiento se transformara en distribución. Las protestas fueron aisladas e ignoradas por la mayoría de los medios de comunicación locales y extranjeros.
Hasta el presidente centroizquierdista uruguayo Pepe Mujica citó en un spot publicitario de la campaña electoral de 2009 el avance chileno como modelo a seguir.
Hoy en día, el paradigma es el mismo, pero ya nadie habla de la política económica de Chile como un ejemplo de prosperidad.
Conflictos latentes
La llegada de Sebastián Piñera al poder coincidió con el despertar de diversos sectores sociales que fueron postergados por la supuesta coalición socialdemócrata, cuya política desigual y corrupta quedó simbólicamente evidenciada luego del violento terremoto que derrumbó los presuntos edificios antisísmicos, que no eran tal.
Pero los chilenos eligieron para el cambio a un presidente con un equipo de ministros que gobierna al país con una lógica empresarial, lo que tiende a profundizar aun más la concentración de la riqueza, la polarización y las desigualdades.
Las protestas estudiantiles que se manifestaron con fuerza durante el año pasado ya existían desde hacía una década, pero la precarización del sistema educativo, en el que unos pocos privilegiados logran acceder a las universidades fue acumulando la frustración de la sociedad.
Algo similar ocurre con la salud pública, cuyo costo es alto para la mayoría de la población.
Clasismo
Sin embargo, varios sectores se benefician con las medidas creadas durante la dictadura, continuadas por la Concertación y profundizadas por el actual gobierno.
Actualmente la sociedad chilena no está tolerando la sumisión a las violentas represiones policiales ni al racismo instalado fuertemente en los sectores acomodados.
La discriminación a las empleadas domésticas no es reciente, pero se consolidó durante la dictadura de Pinochet, cuando las familias de clases altas crearon barrios exclusivos, en los que imponen sus reglas.
La indignación popular surgió luego de un hecho que destapó lo que todo el mundo conocía, la desvalorización de las mucamas llamadas “nanas”. En la localidad de Chicureo, al norte de Santiago, a las empleadas domésticas se les prohibió caminar por la ciudad, y fueron obligadas a trasladarse en camionetas
Además, debían vestir permanentemente su uniforme y se les impidió acceder como usuarias a lugares de baño público y al club de golf del pueblo, entre otros sitios privados.
Nuevos focos de incendio
El levantamiento de Puerto Aysén es un ejemplo de cómo las regiones más alejadas del centro sufren el impacto del abandono del gobierno y a su vez la explotación de firmas privadas que extraen la madera y construyen obras de infraestructura que deterioran el medioambiente.
"Aysén, mi problema es tú problema", es el nombre del movimiento social que integran trabajadores públicos, estudiantes, campesinos y autoridades, que reclaman reducir los precios de los combustibles y de la canasta básica de alimentos.
Además, exigen el acceso a una universidad estatal, hospitales públicos de calidad y que asfalten los caminos de esta región aislada, que sólo se puede acceder por mar, aire o a través de Argentina.
Aunque Chile necesite generar energía, los habitantes de la Patagonia insisten en que se suspenda el proyecto Hidroaysén, que según grupos ecologistas, altera la biodiversidad.
El desbloqueo de las rutas fue un gesto conciliador que habilita el diálogo con el gobierno.
El año pasado, un levantamiento similar en la sureña ciudad de Punta Arenas obligó al gobierno a dar marcha atrás a la suba de combustibles.
Por su lado, la norteña ciudad de Calama, ubicada en la minera en la región de Antofagasta, está comenzando a manifestarse porque aducen que el gobierno de Santiago no subsidia el combustible ni los insumos básicos, que son más caros por la enorme distancia del centro del país.
Por otro lado, ven cómo las compañías extraen el cobre y otros minerales sin dejar en el lugar los beneficios económicos de las riquezas que abundan.
Estigmatización de los Mapuches
El Wallmapu es el territorio que históricamente habitaron los mapuches, que fue conquistado por el Ejército Chileno en 1860 y que luego se entregó a empresas madereras multinacionales durante el gobierno de Pinochet.
Actualmente, se utiliza la Ley Antiterrorista promulgada durante la dictadura para reprimir, encarcelar y torturar a los habitantes originarios que se levantaron para reclamar sus tierras.
Además, se acusa a los mapuches de provocar los recientes incendios de los bosques. Aun no se ha completado la investigación sobre estos actos delictivos, pero varios analistas apuntan a que las únicas que se benefician son las compañías forestales que cobrarán importantes seguros por la destrucción de árboles que poseen una madera degradada por parásitos, como la avispa perforadora.
Los conflictos sociales parecen haberse desencadenado simultáneamente durante el gobierno de Piñera, pero lo cierto es que existían de manera encubierta desde hace varias décadas.
La sociedad chilena comienza a exigir que en democracia se abandonen las prácticas represivas y polarizadoras de la dictadura y que el enorme crecimiento macroeconómico que experimentó Chile en los últimos años sea distribuido y que además se asegure una educación y salud pública gratuita y que las regiones productoras de materias primas sean reconocidas y no sólo saqueadas.
