“La muerte de un niño por hambre es un asesinato”, afirma Jean Ziegler, ex relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación. Culpa de ello a los especuladores, a quienes se refiere como “criminales legales” por comerciar con el precio de los alimentos para generar fortunas en las cuentas de beneficios de grandes empresas. También acusa a los bancos y a los Gobiernos occidentales de “cómplices” porque no ponen los medios para acabar con la especulación alimentaria.
El profesor de la Universidad de Ginebra ha calificado de “vergüenza intolerable” que en un país “poderoso” y “democrático” como España un sólo niño pase hambre, después de conocer las cifras publicadas por UNICEF y en las que se advierte de que unos 2,2 millones de menores viven por debajo del umbral de la pobreza.
Con motivo de la presentación de su nuevo libro Destrucción Masiva. Geopolítica del hambre, de la Editorial Península, Ziegler ha explicado que un niño que es subalimentado durante meses está “condenado de por vida”, aunque su situación social mejore con los años, porque no se va a desarrollar de forma correcta, al ser la infancia “el periodo en el que las neuronas se desarrollan y necesitan mayor cantidad de nutrientes”.
Alerta de que “el hambre hace imposible la construcción de una sociedad pacificada” y señala que la crisis en el sur de Europa “puede acabar con la paz social”. En este conflicto, Ziegler ha querido diferenciar las víctimas de los verdugos. Así, se refiere al Fondo Monetario Internacional (FMI), a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y al Banco Mundial, como “los jinetes del Apocalipsis”.
Cada día mueren de hambre 57.000 personas, un niño menor de diez años cada cinco segundos. Esta es la situación absurda. Vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, con 500 multinacionales que controlan el 52 por ciento de la riqueza mundial, afirma Ziegler quien ha añadido que mil millones de personas viven en una situación de subalimentación grave y permanente. En este punto, se ha referido a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ha acusado a los jefes de Gobierno de una “hipocresía total” por no llevar a cabo las medidas necesarias para “combatir la especulación, acabar con el robo de las tierras, eliminar los agro carburantes y, en definitiva, hacer frente a las oligarquías financieras”.
Sostiene que las oligarquías del capital financiero deciden quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de Tribunal de Nuremberg.
Sin embargo, es llamativo que no denuncie la explosión demográfica como una de las primeras causas de este crecimiento exponencial del hambre y de sus secuelas. No son más que datos objetivos y contrastables: en 1914, cuando el desastre de Sarajevo que dio origen a la Gran Guerra, se estima que la población del mundo no sobrepasaba los mil doscientos millones de personas. En ese mismo siglo, en 1991, y en Sarajevo, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, sostenía en sus manos al recién nacido que simbólicamente hacía el número seis mil millones de habitantes. En menos de un siglo, la población mundial se incrementó en casi cinco mil millones de seres humanos.
En sólo una década, la población mundial se ha disparado hasta siete mil millones de habitantes. Con sus consecuencias de hambre, enfermedad, desnutrición, deterioro del medioambiente, agotamiento de los bienes naturales, desertización, erosiones irreparables. Y una sensación, cada vez más incontrolable, de desesperanza y de una razón para un vivir que tenga el menor sentido. No sin causa, el número de suicidios no hace más que incrementarse de forma galopante.
Ante esta bomba de destrucción masiva que es la explosión demográfica no hay otro camino que la educación pública y gratuita. Lo demuestra que, en todos los países miembros de la OCDE, en donde las mujeres tienen el mismo acceso a la educación y a los puestos de trabajo que los hombres, no existe explosión demográfica. Al contrario, el más grave problema es el envejecimiento de la población que, en menos de 20 años, será superior al número de población activa. De cada cinco ciudadanos, sólo cerca de dos trabajarán.
La clave no está sólo en distribuir más y mejor los alimentos sino en crear un nuevo orden social más justo y solidario. Crear condiciones de vida para comunidades capaces de vivir con dignidad.