Existe una importante falta de credibilidad de la ciudadanía hacia el estado en la mayoría de países de Iberoamérica, la cual tiene como origen principal los altos niveles de corrupción y la falta de eficacia en la resolución de las demandas sociales. Esta situación está documentada en los resultados que brindan algunos Organismos Internacionales como Transparencia Internacional, que evalúa los niveles de transparencia y corrupción de la mayoría de naciones del mundo.
La falta de credibilidad en el estado puede tener como consecuencia un decremento en la gobernabilidad de nuestros países, sumándose a otros factores que inciden en esta condición.
El objetivo del Estado en términos prácticos es propiciar escenarios de bienestar y desarrollo para los ciudadanos. La falta de credibilidad en las instituciones estatales puede derivar en un aumento en las tensiones de los grupos de presión, quienes utilizan regularmente el recurso de la manifestación masiva con el objetivo de deslegitimar al gobierno, ya sea para cumplir con una demanda social o para conminar la formulación de acuerdos políticos que beneficien a un grupo particular de individuos.
En esta dicotomía entre el “ser” y “el deber ser” también hay consecuencias a niveles económicos, pues la sociedad desconfía del uso correcto que el gobierno hace de los recursos públicos, lo cual se puede manifestar en la oposición al cumplimiento de sus obligaciones fiscales o a ceder sus impuestos a organizaciones civiles, que bien pueden perseguir fines caritativos o en su defecto seguir objetivos meramente políticos.
Además, un Estado con poca credibilidad suele reflejar esta condición mediante el uso de información para simular situaciones de bienestar, con lo cual engaña tanto a la comunidad internacional como a sus propicios ciudadanos, creando una falsa condición de bienestar que genera desequilibrios en el mercado, el cual se guía más por las expectativas y por la imagen de estabilidad que por un examen consensado de la situación real; una de las tantas causas que derivan en las crisis económicas.
Para no dejar la idea en el tintero e ir más allá de lo que nuestros políticos nos proponen en sus discursos, desde este reflector mundial hacemos dos propuestas concretas para impulsar la credibilidad en el estado: aplicar una política pública de contención cuyo objetivo sea detener el avance de la corrupción en las instituciones públicas de nuestras naciones, con el fin de hacer evidente la voluntad del gobierno por combatir esta práctica, cuyo instrumento sería dar autonomía y ciudadanizar a los distintos órganos dedicados a la evaluación de la función pública.
En segundo lugar nuestros países requieren de una política de prevención que genere escenarios futuros positivos, que disminuya la corrupción en las generaciones venideras. El instrumento sería instaurar en el modelo educativo iberoamericano la enseñanza de valores cívicos e universales (como la ética, la honradez, la justicia, el respeto, la igualdad, el deber) en todos los niveles educativos, con el fin de evitar la reproducción de la corrupción de manera intergeneracional.
Al final de cuentas podemos decir que el problema de fondo es meramente cultural, la falta de credibilidad ha sido una constante que ha marcado los episodios históricos más trascendentales de nuestros gobiernos, los cuales en lugar de ser vistos como escenarios públicos generadores del bienestar nacional, son percibidos como plataformas políticas de ascenso social o trampolines para cumplir fines privados particulares.
Este problema de estructura, de fondo, debe ser atendido desde diversos ámbitos, tomando como base argumentativa principal, la instauración de una serie de valores y reglas no escritas, para que la sociedad deje de ver a la corrupción, a la demagogia, a las políticas reaccionarias como prácticas habituales; socialmente aceptadas, que se perciban como actos propios de la naturaleza humana.
Sólo hay dos maneras en las que el Estado puede recuperar la credibilidad por parte de la ciudadanía: combatiendo y conteniendo a la corrupción y siendo eficaz. Para ello debe de valerse de un análisis prospectivo, debe utilizar su visión como generador de bienestar para anticiparse a los escenarios futuros, como se ha dicho en más de una ocasión en este espacio informativo, Iberoamérica necesita gobiernos de programas, no de planes, nuestros países requieren de la implementación de un modelo integral de gobierno que mire a largo plazo, que sea congruente con el interés nacional y que actúe en consecuencia.
