Desde mediados del siglo pasado ya se preveía que la democracia no sería la panacea para resolver los problemas de gobernabilidad imperantes en la mayoría de países del mundo en un grado distinto. La democracia era percibida como un objetivo donde idealmente la representatividad de las autoridades generaría escenarios de basta legitimidad y estabilidad que tendrían satisfechos a la mayoría de los actores del estado.
Sin embargo, sólo algunos pocos reflexionaron sobre las consecuencias de tener gobiernos “momentáneos” que se regirían por la ley de la oferta y la demanda del voto, esto es, que impulsarían políticas públicas al corto plazo que les permitiesen ganar la venia de los ciudadanos, en vez de apostarle a la implementación de planes y programas de gobierno al mediano y largo plazo que favorecieran al país, más allá de las ganancias políticas.
La libertad de decisión de los gobiernos, sobre todo en los años que alumbraron la segunda ola democratizadora en Iberoamérica, nubló por mucho tiempo el pensamiento reflexivo, evidenciando la necesidad de políticas congruentes y generando con ello estados reactivos que atendían solamente aquellos temas de la agenda pública que fueran altamente mediáticos, siguiendo la filosofía popular de “primero lo urgente, después lo importante”.
Estos estados, en su afán de generar estabilidad le apostaron grandes esfuerzos y recursos a la democracia representativa, pensando que era la única solución para los problemas de inestabilidad que habían sufrido en años pasados, pero aquello fue buscar una respuesta indirecta a un problema transversal.
La democracia representativa como la conocemos resuelve una coyuntura particular: la elección de nuestras autoridades, pero tiene amplias deudas con lo que en su significado semántico se refiere “al gobierno del pueblo”. Gobernar va más allá de la elección, gobernar es la administración de los recursos públicos del estado en favor de su población.
Hoy en día, cuando la democracia representativa es una realidad en la mayoría de países de Iberoamérica, nos hemos percatado que la legitimidad no es la única variable que puede generar ingobernabilidad, pues es una cualidad que bien puede ganarse con políticas, algunas de corte populista de alto impacto social (como aquellas referidas a los temas de pobreza y salud) o interviniendo en tópicos que condicionan la tranquilidad de la población como los temas de seguridad.
Podemos decir que casi todos los países de nuestra región han madurado en sus aparatos electorales, por lo que la decisión de quién nos gobierna no es lo que debe preocuparnos más, sino que la pregunta indicada es cómo lo hace.
Nos debe quedar claro que quien define una elección son los ciudadanos, pero quien administrará los recursos públicos será el nuevo gobierno, quien de no hacerlo de manera eficiente, eficaz y con honradez aumentará el descontento de los ciudadanos. Hay que recordar que son pocos los gobiernos actuales que llegan con una verdadera mayoría en materia de aprobación de los ciudadanos, ante la poca afluencia que ha tenido la “fiesta electoral” en los últimos años.
Ante la diversidad de actores que influyen en los procesos de toma de decisión estatal y ante la nueva dimensión que han adquirido las organizaciones ciudadanas se ha vuelto cada vez más necesario tener gobiernos más eficaces, eficientes y transparentes. El problema central es que el gobierno se percibe desde diversas ópticas como un aparato rígido, inflexible, ineficaz, ineficiente y corrupto.
En este orden de ideas la iniciativa que ha cobrado mayor fuerza en materia de modernización del aparato administrativo de los países de Iberoamérica es el modelo de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) el cual “es una estrategia centrada en el desempeño del desarrollo y en las mejoras sostenibles en los resultados del país. Proporciona un marco coherente para la eficacia del desarrollo en la cual la información del desempeño se usa para mejorar la toma de decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planificación estratégica, la programación presupuestaria, la gestión de riesgos, el monitoreo y la evaluación de los resultados”.
En pocas palabras, este nuevo modelo busca mejorar la planeación, ejecución y seguimiento de los programas públicos con el fin de hacerlos más eficientes, eficaces y transparentes para los ciudadanos. Podemos considerarlo una nueva dimensión de la democracia ya que busca que los programas gubernamentales generen valor público, entendido como beneficios directos para la población, poniendo a disposición de la ciudadanía la información presupuestaria de los programas, sus avances, retrocesos, resultados y cambios a implementar.
Los países con mayores avances en la implementación del modelo GpRD en Iberoamérica son Chile, Colombia y México. Los de avance medio alto son Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú. Los de avance medio bajo son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. Mientras que Belice se encuentra en la fase inicial.
