“Si siempre haces lo mismo, obtendrás el mismo resultado”. Recortes indiscriminados y férreos controles del gasto público en épocas de crisis provocan más pobreza y más desigualdad. Lo vimos en América Latina, que en la década de los 80 se enfrentó a una crisis de deuda prolongada que provocó la llamada “década perdida”. Como condición para acceder al crédito, el FMI impuso a los países programas de Ajuste Estructural que incluían privatizaciones, liberalización acelerada e indiscriminada del comercio, desregulación de los mercados financieros y un férreo control del déficit, limitado al 3 %.
En América Latina el número de pobres pasó de 136 a 200 millones de personas y la desigualdad se disparó afianzando a la región como modelo de sociedad dual. No fue hasta finales de los 90 cuando, contradiciendo las medidas impuestas por los organismos internacionales, América Latina comenzó la senda de la recuperación. Instituciones más fuertes y presentes en la economía, tímidos avances en política fiscal y en el control de capitales en algunos países, crecimiento de las exportaciones y la inversión en programas sociales focalizados, permitieron sacar de la pobreza a millones de personas e iniciar una muy leve mejoría en los indicadores de desigualdad. Cabe resaltar la aplicación de medidas como el Plan Brady para la deuda que supuso quitas sobre la misma, o la aplicación de una tasa a las transacciones financieras en países como Colombia, algo que parece tabú para los defensores del casino financiero global o nacional.
Los indicadores de pobreza previos a la crisis en América Latina no se recuperaron hasta 20 años después. La desigualdad, sin embargo, sigue suponiendo hoy un lastre al crecimiento económico en la región.
El informe “Crisis, desigualdad y pobreza”, de Intermón Oxfam, compara aquellas crisis con la que se sacude a España hoy. Aunque las diferencias son evidentes en cuanto al punto de partida y sus estructuras económicas e institucionales, hay semejanzas asombrosas y preocupantes. Lo que se llamó ajuste estructural es hoy austeridad, pero incluye las mismas recetas, a pesar de su fracaso reiterado. Así ocurre con la nacionalización de deudas privadas a costa de aumentar de forma indiscriminada la deuda pública, al tiempo que se priman los intereses de los acreedores por encima de cualquier consideración. En España ni se corrigen los abusos del sistema financiero, ni se exigen responsabilidades a quienes decapitaron los ahorros y las proyecciones de vida de miles de familias.
Las consecuencias sociales en España van exactamente en la misma dirección que en la América Latina y Asia de los 80 y 90. Incremento rápido de las personas que se encuentran en riesgo o en situación de pobreza y exclusión social: 2.1 millones más desde el inicio de la crisis. La desigualdad, el mejor indicador posible para saber quién paga y quien no en una crisis, no ha hecho más que crecer (España tiene el dudoso honor de ser el país más desigual de la UE). Nuestra experiencia trabajando al lado de las personas que sufren en el mundo, apoyando sus luchas y esperanzas, es que la desigualdad es el principal factor que influye en la perpetuación de la pobreza, además de hacer ésta más injusta, ejercer un efecto negativo sobre el crecimiento y amenazar la sostenibilidad del planeta.
Las proyecciones que arroja el Informe son estremecedoras: si no se cambia las políticas, la pobreza podría llegar a los 18 millones de personas en una década y la desigualdad duplicarse. Lo peor es que esto parece un destino inexorable ya que “no hay otra política posible”. Pues sí la hay. Escuchen a la ciudadanía un poco más y fíjense en lo ocurrido en otras crisis.
En el terreno de la fiscalidad hay alternativas tanto en la lucha contra el fraude como en el freno a la evasión y elusión en el pago de impuestos. Es significativo que el 85 % de las empresas del Ibex tengan filiales en paraísos fiscales, esas islas de bandoleros donde se escoden 3.1 billones de dólares al año (más de dos veces el PIB español). La progresividad del sistema fiscal es un elemento clave para frenar la desigualdad, así como la adopción de una tasa a las transacciones financieras y sus recursos destinados a combatir la pobreza. Por otro lado es necesario blindar los derechos sociales. Los recortes en salud, educación y atención social afectan de manera determinante a la población más vulnerable, a la que es más necesario proteger en medio de una crisis. Hay esperanza de que estas predicciones no se cumplan, pero solo si se plantean alternativas a la austeridad sin fin y a la protección exclusiva de los más protegidos, responsables muchos de ellos de la génesis de la crisis.
