Un desempleado gana su demanda contra el Servicio Público de Empleo Estatal para reclamar el cobro de su prestación en efectivo en lugar de por ingreso en una cuenta de banco. En un principio, el tribunal desestima la petición, pero el demandante recurre con el argumento de que no quiere tener relación alguna con los bancos por coherencia con su ideología anticapitalista. El tribunal no sólo acepta el recurso, sino que además le da la razón y obliga al estado a pagarle con billetes y monedas. Parece la trama de una película de ciencia ficción, pero ocurrió hace unos meses en España.
En el mundo, cada vez menos trabajadores recogen unos sobres amarillos que contienen sus sueldos o hacen fila para pagar la luz, el agua, el gas, el teléfono y otros gastos corrientes que descuentan de forma automática de sus cuentas bancarias.
Hay quienes empiezan a cuestionar si a los ciudadanos les compensa el precio que pagan en nombre de la comodidad. Porque además de estas parcelas de poder económico en la vida diaria, los bancos se han convertido en inmobiliarias, en aseguradoras, en prestadoras de servicios y en las financiadoras de grandes empresas. ¿Qué sería de la Formula 1 sin el Banco Santander, de la Liga Española de Fútbol Profesional sin el BBVA o de la liga inglesa sin Barclays? También se ha cuestionado la relación entre la banca y los partidos políticos, al extremo de decir que los gobernantes no se atreven a hacer reformas que limiten el poder de la banca por los favores que le deben los partidos de los que forman parte.
Los bancos abrían la puerta de la felicidad que promete nuestro modelo de consumo: los gestores ofrecían, además de la hipoteca de la casa, préstamos para reformarla, para comprar muebles y hasta para el coche. En muchos casos, conocían la insolvencia de muchos solicitantes, pero el objetivo en época de excesos consistía en endeudar a la gente para mantener el flujo del dinero. Hasta que todo se derrumbó.
Uno de los focos de indignación contra los bancos privados y las cajas de ahorro radica en los rescates con dinero público para tapar sus agujeros tras gastar millones en proyectos inmobiliarios, aseguradoras e “inversiones” de alto riesgo.
Desde que la crisis estalló con la caída de Lehman Brothers en Estados Unidos, directivos de bancos de distintos países han evitado responsabilidades civiles y penales. Para añadir escarnio al agravio, los blindajes de sus contratos han permitido que cobren indemnizaciones millonarias tras dejar sus cargos por escándalo. Sin embargo, parece que algo cambia.
Casi 200 directivos y empresarios vinculados a cajas de ahorros rescatadas en España permanecen imputados por delitos como evasión fiscal y administración desleal. Estas cajas las controlan los partidos mayoritarios en diferentes gobiernos regionales, que abren y cerraban el grifo de la financiación según preferencias ideológicas y de partido. A muchos de esos banqueros se les acusa de aprobar prejubilaciones multimillonarias para ellos mismos y de enriquecerse de forma ilícita.
La estafa de las preferentes deja al desnudo la falta de pudor de algunos de estos directivos. Presionaban a sus empleados para vender a ahorradores comunes y jubilados productos financieros diseñados para inversionistas arriesgados. El escándalo se destapó cuando, por la crisis, muchos intentaron sacar sus ahorros. Sus bancos les dijeron que, según lo que habían firmado, no podían disponer de ese dinero hasta dentro de años. “Los contratos están hechos para cumplirse”, argumentan aunque ignoren que, de probarse dolo o mala fe, todo contrato es nulo de derecho. En el caso de las preferentes, muchos gestores aprovecharon relaciones de confianza con personas mayores para engatusarlos. Algunos de los firmantes no sabían leer o escribir.
Cientos de miles de personas se han quedado sin esos ahorros por la quiebra de cajas de ahorro mal gestionadas.
Una pequeña proporción de los afectados ha recuperado su dinero. Las manifestaciones a favor de su causa no logran aún juntar más que decenas de miles de personas. Si todos se juntaran y además los apoyaran padres, hermanos, hijos y nietos que dependen más que nunca de esos pequeños patrimonios, quizá algunos políticos empezarían a escuchar, por mucho que quieran criminalizar la protesta con nuevas leyes.
