En medio del teatro montado por la Casa Blanca y el Congreso en torno a las llamadas negociaciones sobre el precipicio fiscal, el Presidente Obama promulgó una serie de leyes que renovaron algunos de los peores excesos de la época de Bush. Estas leyes, que han sido ampliamente excluidas de la cobertura mediática, consolidan aún más políticas detestables como la detención por tiempo indeterminado, las escuchas telefónicas sin órdenes judiciales y la permanencia de la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo. El acuerdo para evitar el precipicio fiscal de por sí aumenta la probabilidad de que el Presidente Obama pueda sabotear un recorte sin precedentes del inflado presupuesto del Pentágono. El ´feliz año’ no lo es tanto, después de todo.
El domingo 30 de diciembre, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca emitió un escueto comunicado en el que informó: “El Presidente promulgó la ley H.R. 5949 o ‘Ley de Reautorización de Enmiendas a la ley FISA 2012’, que amplía por cinco años el Título VII de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés)”. Así, los polémicos poderes de vigilancia del gobierno fueron renovados hasta finales de 2017. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles describió a la ley como “otra decepcionante votación del Senado a favor de controlar las comunicaciones de los estadounidenses”.
Defensor de las causas progresistas en la Cámara de Representantes, Dennis Kucinich, legislador por Ohio, deberá abandonar su banca en el Congreso tras 16 años luego de que el distrito de Cleveland al que representa fuera eliminado debido a la reestructuración de los distritos impulsada por los republicanos después del censo de 2010. Días antes de su alejamiento del Congreso, le pregunté a Kucinich acerca de la reautorización de la ley FISA.
Kucinich afirmó: “Estamos ingresando al ‘mundo feliz’ [que describía Huxley en su libro], que implica no solo que el aparato del gobierno puede investigar grandes bases de datos y extraer información para intentar identificar a las personas que pueden ser consideradas como amenazas al statu quo, sino que también tenemos aviones no tripulados, que son cada vez más pequeños, que les darán a los gobiernos, a todo nivel, mayor capacidad de vigilar la conducta privada de las personas. Es una pesadilla. El proyecto de ley FISA es tan solo un ejemplo de cómo Estados Unidos ha adoptado un curso de acción que socava las expectativas no solo del derecho a la privacidad, sino también del derecho de no ser requisados o de que nuestros bienes no sean incautados. [Las medidas] para obtener información sobre las personas deberían estar sometidas a una orden judicial. No deben estar sujetas a la decisión de un agente del FBI (...). La promulgación de esta ley es algo negativo”.
A esto se suma la pesadilla de la detención por tiempo indeterminado sin acusación ni juicio. Hace poco más de un año, el Presidente Obama promulgó la Ley de Autorización de Defensa Nacional para 2012, también conocida como la NDAA anual. Aquella versión de 2012 de la NDAA contenía una polémica disposición que les otorgaba a las fuerzas armadas de Estados Unidos amplios poderes para detener a personas por tiempo indeterminado, no solo a quienes hayan sido identificados como enemigos en el campo de batalla, sino también a cualquier persona que las fuerzas armadas consideraran que “brindó apoyo” al enemigo. Chris Hedges, un ex corresponsal en el extranjero del New York Times, que fue parte del equipo de periodistas que ganó el premio Pulitzer en 2002 por la cobertura que realizó el periódico del terrorismo mundial, demandó al gobierno de Obama debido a que, al trabajar en sus informes, se encuentra a menudo con aquellos a quienes el gobierno de Estados Unidos define como terroristas: “Creo que se trata de una batalla interminable. Los que no aceptamos el relato oficial ya hemos sido atrapados por el estado de seguridad y vigilancia. Como corresponsal en el exterior tuve contacto directo con 17 organizaciones que están en la lista de terrorismo del Departamento de Estado, desde al-Qaeda hasta Hamas, Hezbollah y el PKK, y no hay ninguna disposición en ese artículo en particular de la ley NDAA que excluya a los periodistas”.
Un juez federal aceptó la demanda y ordenó una suspensión que evita la aplicación de dicho artículo de la ley NDAA. El gobierno de Obama apeló el fallo y el caso aún está siendo considerado por un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. Mientras tanto, la suspensión impuesta judicialmente ha sido revocada. Tras la renovación de la ley NDAA para 2013 y considerando que las disposiciones sobre la detención por tiempo indeterminado han permanecido intactas, Hedges me dijo: “En este momento, el tribunal de apelación es lo único que nos puede salvar de convertirnos en una dictadura militar”.
La NDAA 2013 incluye una disposición que prohíbe al gobierno de Obama gastar parte de los 633.000 millones de dólares del proyecto de ley en la construcción o alteración de cualquier centro de detención destinado a albergar a los prisioneros de Bahía de Guantánamo. Esto deja al Presidente Obama sin margen de acción, a pesar de su orden ejecutiva de 2009 de cerrar el complejo carcelario y de su más reciente reiteración de dicha meta. De los 166 prisioneros que se encuentran detenidos allí, se ha autorizado la liberación de 86, que, a pesar de ello, permanecen en prisión. El grupo Human Rights First acaba de publicar un plan que detalla cómo el Presidente Obama podría cerrar Guantánamo, a pesar de los obstáculos impuestos por el Congreso.
El segundo mandato del Presidente Obama comenzará oficialmente el 21 de enero, el feriado nacional logrado tras una ardua lucha, en el que se celebra el aniversario del nacimiento de Martin Luther King Jr. “El arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia el lado de la justicia”, afirmó King. Si el Presidente Obama aspira a hacer algo más que perpetuar un statu quo injusto, debe tomar medidas de inmediato.
