Tres cuartas partes de europeos consideran la corrupción como un grave problema en sus países, según sondeos de Eurostat. Y tienen toda la razón. Hablamos de soborno, de cohecho y de desfachatez de la clase política europea; de desvío del dinero de todos a bolsillo particulares. Hablamos de sobres con dinero negro repartidos a la cúpula dirigente del Partido Popular en el Reino de España durante décadas. Presuntamente. O del desvío de fondos europeos para formación en beneficio de Unió Democrática de Catalunya, partido de la federación que gobierna Cataluña. Y hablamos de 22 millones de euros en cuentas suizas del ex-tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, investigado la corrupción múltiple y prolongada durante años, conocida como 'trama Gürtel'.
Pero hay más casos de corrupción, muchos más. A día de hoy, los tribunales españoles investigan 24 casos de soborno, cohecho, irregular de cobro de comisiones y otras bicocas ilegales e ilegítimas que afectan a los grandes partidos del país en todos los niveles de la Administración desde la municipal hasta las cercanías de la Casa Real.
Hablamos de que unos 800 cargos públicos y políticos del Reino de España están imputados en casos de corrupción, como denuncia Ángeles López de Celis en El síndrome de Alí Babá. Hablamos de que el Reino de España ocupa en volumen de corrupción el lugar 13 entre los 27 miembros de la Unión Europea. ¿Cómo no ha de ser así si el gobierno parece no reaccionar ante la corrupción? O eso asemeja según el decreto del ministerio de Economía que suaviza los requisitos de honorabilidad para dirigir la banca donde, por primera vez, la condición de condenado por un delito de cuello blanco no es motivo suficiente para impedir que alguien sea banquero. Salvo que el Banco de España diga lo contrario. ¿Es el Banco de España un tribunal?
Hablamos de corrupción penal, pero también moral, ética. Porque, como denuncia Antoni Doménech, "tradicionalmente hubo élites políticas capitalistas con altura de miras y visión general. Ahora lo que hay son élites políticas generadas por el neoliberalismo y sus evidentes puertas giratorias entre el mundo de los grandes negocios y el mundo de la gran política: tipos como Felipe González, Aznar, Schröder, Joschka Fischer, Rodrigo Rato, Strauss-Kahn, Geithner (o cualquier secretario del Tesoro estadounidense de las últimas décadas); todos, todos, hombres de la banca, de Goldman Sachs como Draghi, como Trichet. Son gentes no solo moralmente corrompidas sino peor; gentes de visión corrompida, miopes, idiotas ópticos incapaces de ver más allá de la oportunidad inmediata del negocio”.
Y por eso solo un tercio de 176 países del mundo aprueba el examen de la honradez versus la corrupción, que anualmente realiza Transparency International. Y eso que Transparency solo recoge y analiza quienes ponen la mano, no quienes la llenan, que también son corruptos.
Hasta la tibia y equívoca Comisión Europea reconoce la gravedad del problema. Cecilia Malmström, comisaria europea de Interior, advierte que los resultados de la lucha contra la corrupción en la Unión Europea son muy "insuficientes" y ha recordado que las prácticas corruptas suponen para los ciudadanos un alto coste de unos 120.000 millones de euros anuales. ¿Cuántos recortes, que suelen ser vulneración de derechos, no se hubieran evitado de haber podido disponer de ese dinero en las arcas públicas?
Estamos con el ciudadano Antonio Avendaño cuando indica que "hay algo fácil y visible que cualquier partido puede hacer de hoy a mañana solo con proponérselo: habilitar en sus páginas web una pestaña de 'Contabilidad y Finanzas' en la que los ciudadanos, con un simple clic, podamos conocer todos los ingresos y gastos de ese partido”.
Y coincidimos con Manuel Saco cuando denuncia que en España “durante casi 35 años de democracia los escándalos de corrupción han sido un acompañante molesto de la política a todos los niveles. La corrupción sistemática es como un golpe de estado solapado, sin tanques ni fusiles. Cuando los favores y chanchullos bajo cuerda tienen más valor que las leyes y reina la arbitrariedad, se mata el principio sagrado de la igualdad de oportunidades. La corrupción amenaza con acabar con los derechos sociales”.
Pero no solo en el Reino de España. Ese golpe de estado taimado amenaza con devenir endémico.
