Las direcciones de la COB (central obrera boliviana) y de la FSTMB (federación sindical de mineros) convocaron a una conferencia político-sindical en Cochabamba, a mediados de enero pasado, la que fue realizada con la presencia de más de 500 activistas. La conferencia lanzó la convocatoria a la creación del IPT (Instrumento Político de los Trabajadores) en una nueva plenaria nacional, a ser realizada en el distrito minero de Huanuni el próximo 21 de febrero. Ya han sido divulgados una declaración de principios, un “programa de gobierno” y un estatuto orgánico del nuevo partido, elaborados por una Comisión Política de tres miembros. En Bolivia habrá elecciones generales en 2014.
En los últimos años, diversas luchas obreras y campesinas produjeron una radicalización política y ruptura creciente de las masas explotadas con el gobierno del MAS (Evo Morales) y su “capitalismo andino”. Las luchas contra el “gasolinazo”, contra la construcción de una carretera en los territorios indígenas del TIPNIS, favoreciendo los intereses brasileños y multinacionales, la lucha contra el código antiobrero de trabajo, por la nacionalización del complejo minero de Colquiri, las diversas luchas contra el congelamiento salarial (público y privado), así como la huelga de los trabajadores de la salud contra la extensión de la jornada de trabajo, fueron sus episodios más destacados.
Superadas las tentativas de rebeliones derechistas contra el gobierno de Morales, sobre todo en la medialuna cruceña, el gobierno pseudo-indígena del MAS se evidenció crecientemente en el instrumento del gran capital y los terratenientes contra las masas explotadas. La constitución del “Estado Plurinacional”, saludada como revolucionaria por la izquierda del Foro Social Mundial y asemejadas, realizó concesiones de segundo orden, o simplemente cosméticas, a los sectores indígenas y comunitarios, al tiempo que consolidó la inviolabilidad de la propiedad gran capital y de la oligarquía terrateniente. Simultáneamente, el gobierno evista realizó una importante cooptación de las direcciones obreras, populares, indígenas y campesinas, al Estado, subsidios y cargos gubernamental-parlamentarios mediante.
Esa integración entró en crisis con la lucha de clases. Los escándalos de corrupción del gobierno de Morales dieron también relieve al inicio de una importante crisis política. De la combinación de esa crisis “por arriba” con las luchas obreras y populares, y también con el peso excepcional de la tradición de independencia política clasista en el país, surgió el terremoto político que se ha expresado ahora con la propuesta de creación del IPT.
Diversas organizaciones de izquierda revolucionaria han subrayado que la iniciativa del IPT la ha tomado la burocracia dirigente de la COB (Trujillo) y la FSTMB (Pérez), que hasta el momento había mantenido una política de apoyo abierto o velado a Evo Morales. La ruptura con el MAS se debería a que esa burocracia fue marginada en las componendas políticas del gobierno, cada vez más derechizado, y también a la presión de las bases de la COB en favor de una actitud combativa frente al gobierno antiobrero. Dos de las cinco centrales campesinas, que también apoyaron a Morales en los últimos años, proclamaron ahora la ruptura con su gobierno. La verdad es que el IPT, con ese nombre y sigla inclusive, ya estaba en la agenda política de la COB desde antes de las insurrecciones de febrero y octubre de 2003, que dieron inicio a la demolición del ciclo de gobiernos “neoliberales” (Sánchez de Losada, Mesa Gisbert) y de sus políticas privatizantes, entreguistas y represivas, cuando la dirección de la COB fue capturada por el “Bloque Sindical Antineoliberal” (con Jaime Solares como secretario general de la central).
Frente a la emergencia electoral del MAS, esa heterogénea izquierda político-sindical fue incapaz de plantear una alternativa política obrera independiente, disgregándose después entre corrientes integracionistas, economicistas-sindicalistas y sectarias. El planteo actual de que Morales habría “traicionado la agenda de 2003” (identificada con la nacionalización integral de todos los recursos nacionales y la mejora de la condición de vida de los explotados), que parte de la falsa base de que Morales se habría comprometido programáticamente con ella, planteada como base política para el lanzamiento del IPT, revela que éste no parte de un sólido balance de la pérdida de independencia de clase de las organizaciones obreras frente al limitado nacionalismo evista en los últimos años. El documento-programa del IPT endilga, paradójicamente, una política colaboracionista a la dirección cobista y a la izquierda en la revolución de 1952 (que tuvo una política mucho más nacionalista que la de Evo, y que para anular la independencia de la COB tuvo que integrarla directamente al “cogobierno” del país), o sea, apunta acusadoramente con el índice al colaboracionismo clasista de hace seis décadas, para omitir el colaboracionismo mucho más grave del último lustro.
La “declaración de principios” del IPT no parte de una caracterización de la actual crisis capitalista mundial, a la que se refiere pasajera y superficialmente, diluyéndola dentro de un “desastre medioambiental” (un proceso de décadas o, si creemos a Marx y Engels, de los últimos siglos), que no caracteriza específicamente a la actual fase de la crisis del capital, desastre del que serían responsables las “transnacionales capitalistas”. Con el adorno de una referencia constante al “socialismo” y al “anticapitalismo” se desliza así un planteo de naturaleza nacionalista, reafirmado en el punto 9 del documento, que plantea el “rechazo rotundo (sic) a la injerencia extranjera transnacional, a través de sus empresas” (demonizadas no por ser capitalistas, sino por ser extranjeras). El propio capitalismo es caracterizado, con resonancias claramente católicas e “indigenistas”, como teniendo por base la “actitud de carácter individualista... la realización personal egoísta” (lo que puede ser atribuido a cualquier persona en cualquier circunstancia social), no la extracción de plusvalía por el capital mediante la explotación del trabajo asalariado, y la subordinación a ella de todas las formas de opresión social.
El proto-IPT se propone construir “un mundo nuevo y mejor (para) corregir el desequilibrio de la realidad material existente”, y otras formulaciones semejantes, un planteo “redistributivista” opuesto a la lucha contra la explotación capitalista y por la propiedad socialista. Proclama la lucha por la “justicia social” a través de un “Estado gobernado por las mayorías” – todo en nombre, claro, de la “democracia” y la “lucha de clases”, ésta última una concesión retórica a la presencia de un marxista en la Comisión Política redactora (que un “trotskista” se encuentre entre los tres redactores del documento revela solo que la degeneración teórica se extiende a todo el arco ideológico de izquierda). El programa propuesto para el IPT contiene reivindicaciones radicales (no pago de la deuda externa, control del comercio exterior, nacionalización integral de los recursos naturales) pero no es un programa de transición, un sistema de reivindicaciones transitorias orientadas hacia la cuestión del poder (gobierno obrero y campesino). Se autodefine como un “programa mínimo”. En los marcos burgueses, el “radicalismo” de reivindicaciones aisladas es siempre materia de negociación. A la cuestión agraria, expropiación del latifundio, históricamente clave en Bolivia, le es dedicada apenas una línea.
Como ya es un clásico en este tipo de entuertos, del que la trayectoria del PT brasileño dio la muestra acabada, los principios elaborados entre cuatro paredes por la mini comisión política son acompañados por una demagogia “basista” de la peor especie: “el programa no tiene que ser elaborado en un gabinete o laboratorio, tiene que ser consecuencia de un trabajo de campo, consciente y científico, recogido desde las bases-masas-pueblos o nacionalidades, ciudad y campo. Solo después tiene que ser sistematizado técnica y ecdémicamente (sic)”. Esta formulación intelectualoide busca, en lo inmediato, evitar la confrontación clara y democrática de programas divergentes y eventualmente opuestos, que son el producto de la experiencia de la lucha de clases en Bolivia, América Latina y el mundo, y sobre todo preservar el poder burocrático-“científico” de la reducida corte de “sistematizadores” autoproclamados, en nombre de las “bases”. En otras condiciones políticas, el PT llevó este arte del burocratismo basado en la demagogia basista hasta las últimas consecuencias. Es desde ya notable que el escueto “programa mínimo”, que ocupa apenas una página, sea acompañado por un “estatuto orgánico” ultra detallado de... diez páginas, que no analizaremos en detalle.
Jaime Solares, que ahora tiene un cargo de segunda línea en la dirección de la COB, ha criticado a la dirección (de la COB y del proceso pro IPT) pero sin proponer una política y programa alternativos, solo radicalizando la demagogia basista. El POR (Partido Obrero Revolucionario), que mantiene fuerza en el magisterio y es el depositario esclerosado de una parte de la tradición revolucionaria boliviana, ha repetido frente al IPT su política crónicamente sectaria y abstencionista, declarando que no es preciso un nuevo partido porque ya existe el POR, y denunciando todo lo que se encuentra fuera de él (o sea, casi todo) como contrarrevolucionario.
La AMR (organización que se reclama simpatizante o próxima de la CRCI) participa del proceso del IPT criticando su programa, y defendiendo una definición estratégica contra el Estado burgués, por la independencia de clase y el gobierno obrero y campesino (dictadura del proletariado); criticando también el oportunismo pseudo-izquierdista de Solares. Denuncia también la (anti)política del POR como una alianza objetiva con Evo Morales. Ha llamado a formar un bloque obrero independiente en el IPT (“revolucionario, anti-imperialista, democrático y de masas”) buscando agrupar a sectores obreros clasistas de trayectoria conocida (sindicatos fabriles de La Paz, en primer lugar) y a diversas organizaciones de izquierda. Plantea la necesidad de que el IPT presente su propia alternativa electoral ya en 2014, contra los que quieren hacer del IPT una simple amenaza política para presionar al gobierno.
El inicio de una ruptura de la burocracia sindical con el gobierno de Morales ha suscitado un gran interés político en la vanguardia obrera y juvenil boliviana, frente al que los revolucionarios no pueden permanecer ajenos o en actitud abstencionista. La referencia al PT brasileño, constante en el sector oportunista actualmente hegemónico, es una ilusión, pues éste contó con más de dos décadas de desarrollo, en otras condiciones políticas e internacionales, hasta transformarse en alternativa electoral viable para el gran capital y el imperialismo. Actualmente su gobierno sostiene totalmente a Morales y su política, con la que solo tuvo roces (fuertes) cuando éste “rozó” los intereses de la Petrobrás y del capital brasileño en el Altiplano. Bolivia no es Brasil, 2013 no es 1980. Las contradicciones que en el PT tuvieron un cuarto de siglo para expresarse y resolverse (en favor de la dirección burguesa) se plantean en Bolivia con una urgencia que pone la alternativa entre un desarrollo clasista y revolucionario o una completa frustración política en el orden inmediato del día. La política revolucionaria debe estructurarse de acuerdo con esta perspectiva.
