Una buena noticia para la justicia social: once países de la Unión Europea han acordado implantar una tasa a las transacciones financieras (TTF). Es una victoria para organizaciones que han estado años predicando en el desierto, y para otras redes y ONG internacionales que en los últimos años hemos impulsado las plataformas de apoyo a la Tasa Robin Hood. Juntos hemos conseguido hacer realidad algo que era impensable hace muy poco.
La llegada de la crisis abrió la oportunidad sin precedentes de gravar operaciones financieras que mueven altísimos volúmenes y no dejan nada en las arcas públicas. Pero no fue fácil. El sector financiero movió ficha con rapidez y pudimos escuchar a banqueros de diferentes países asustar a la gente diciendo que la tasa la pagarían los ciudadanos (sin decir que es lo que ellos querrían conseguir, claro); a brokers de la City de Londres decir que, de implantarse, el dinero se fugaría; a muchos hablar de las dificultades técnicas de implantar la tasa o de la necesidad de que se extendiese al mundo entero para evitar distorsiones. Argumentos manidos y excusas que se escuchan ante cualquier acción concebida para el bien común, como los tratados para el comercio de armas o los acuerdos para reducir emisiones. Jamás han dado todos juntos el primer paso. Pero varios premios Nobel y más de mil profesores de economía del mundo entero se sumaban a la marea que demandaba una tasa, defendiendo su viabilidad técnica y sus efectos positivos. Incluso el FMI declaró que era posible.
En España, días antes de subir el IVA varios puntos porcentuales sin preguntar a nadie ni medir el dramático impacto sobre la gente corriente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, postergaba una y otra vez la decisión de aplicar esa tasa minúscula del 0,01% a las transacciones financieras, presionado por el sector. El lobby financiero se movilizaba en Londres, en Bruselas y también en España para defender sus intereses.
Finalmente, España, acuciada por sus malas finanzas se sumó al grupo de cabeza y con Alemania, Francia o Italia dio el paso de sumarse a la aplicación de una tasa con restricciones. Es un gran paso, desde luego, porque se estima una recaudación anual de 37.000 millones de euros en los 11 países en que se aplicará (unos 5.000 millones de euros en España).
Estos días es preciso festejar que se establece una tasa que castiga las inversiones más especulativas –que mueven el dinero varias veces a diario- y que generará recursos importantes para el erario público.
Pero es fundamental seguir en la lucha para que esos recursos no caigan en las voraces arcas de los montoros de turno en la Unión Europea, que todo lo devoran para pagar los intereses de la deuda. La TTF ha sido una propuesta defendida con gran fuerza por la sociedad civil para frenar la especulación y promover la justicia social, el reequilibrio entre países ricos y pobres. Y, en este momento, para destinarse íntegramente a atender a las víctimas de la crisis: la mitad de sus recursos para las víctimas domésticas, la otra mitad para combatir la pobreza en los países más pobres (ahora que la ayuda al desarrollo se ve recortada escandalosamente) y el avance del cambio climático.
El objetivo ahora es claro: los bancos no deben alimentar con la tasa a los Estados, para que a su vez los Estados protejan o salven a los bancos. Es la hora de la justicia social, y no puede frenarse el avance histórico que supone la implantación de la tasa y su uso para la justicia social.
La lucha continúa, pero hemos conseguido llegar ya a un punto difícil de imaginar hace sólo dos años.
