Uno de los grandes retos que han tenido tanto México como diversos países en Iberoamérica, en materia de democracia y gobierno, ha sido el tránsito desde un fuerte centralismo, hacia un federalismo dual.
Se tiene la noción de que el gobierno central tiene facultades para enviar todas las directrices que permeen en el país, muchas veces sin hacer una consulta efectiva a los estados y municipios (departamentos), olvidando que en el federalismo no hay jerarquías, sino ámbitos de gobierno con funciones y delimitaciones distintas marcadas en la Constitución.
Es cierto que es sumamente complicado ejercer el “deber ser” de la legislación, que las cosas existen perfectas solo en el ámbito de las ideas, pero en la medida que nos acerquemos a lo que se plasma en las leyes nos aproximaremos cada vez más a su perfeccionamiento.
Pese a que los distintos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) tienen objetivos comunes, sobre todo en problemáticas generales como lo es la pobreza y el hambre, aún hoy en día existen zonas oscuras, donde no hay claridad sobre a qué ámbito le corresponde hacerse cargo de ciertos asuntos.
Esta situación nos demuestra la ineficiencia e ineficacia en la aplicación de Políticas que debieran ser comunes, pues la falta de planeación y programación conjunta provocan que ciertas regiones se vean favorecidas mucho más que otras con la misma condición de vulnerabilidad, pero con peor fortuna.
Una de las iniciativas que debe ser meramente conjunta y única es justamente el combate al hambre y a la pobreza extrema, porque el papel del estado tiene en sus pilares más profundos la dignificación de las condiciones de vida de sus habitantes, así como procurar los escenarios que permitan el ejercicio de los derechos sociales.
Afortunadamente, el tránsito a un estado democrático y la presión internacional nos ha permitido contar con un diagnostico tangible, donde se puede medir la efectividad de la Política Social a corto, mediano y largo plazo.
Gracias a este ejercicio sabemos que en 2010 (año de la última medición) habían en México 52 millones de pobres lo que representa el 46.2% de la población total del país. De éstos, 40.3 millones eran pobres moderados, o sea que tenían un ingreso por debajo de la línea de bienestar, con el que eran capaces de pagar los bienes de la canasta básica, pero que difícilmente podían acceder a otros bienes y servicios. Además de que tenían más de tres carencias en sus derechos sociales (acceso a servicios de salud, seguridad social, servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, alimentación y educación de calidad).
El otro componente son los pobres extremos, que sumaban 11.7 millones de mexicanos (10.4% de la población), los cuales tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, o sea que no les alcanza para comprar los productos de la canasta básica, además de que tienen más de tres carencias sociales; situación preocupante porque afecta directamente su supervivencia.
Urge a la sociedad y al estado mexicano implementar los cimientos para transitar a un país más incluyente, en donde el pilar más importante de la actual administración sea la procuración del logro de un efectivo desarrollo social.
Es necesario que se convoque a todos los actores de la vida pública del país, en un ejercicio de comunicación y coordinación constante, para no atacar frontalmente una problemática multidimensional como lo es la pobreza, sino hacerlo desde distintos frentes, con iniciativas conjuntas.
El entorno internacional nos da muestras de lo importante que es invertir en el desarrollo de la población, pues la estabilidad política y social de las naciones encuentra su mayor argumento en el bienestar de sus principales agentes. Los movimientos insurgentes y caóticos suelen convencer a los incautos sobre la base de aquellos espacios sensibles que no ha atendido el estado efectivamente.
Decía un alto funcionario de la Política Social de México: “Ni un busto más, ni un boulevard más, mientras exista gente viviendo en pobreza y con hambre […] la conciencia de los servidores públicos no puede estar tranquila mientras haya personas en esta lastimosa condición”.
México precisa de una Política Social única, en la que se dejen atrás los planes y apremie la implementación y los resultados. Existe hoy en día un Proyecto de Nación claro y conciso, donde se ha comenzado pensar a largo plazo y a actuar en consecuencia. Es indispensable que todos los actores públicos vayan en un mismo barco que engalane una bandera de libertad, justicia distributiva, igualdad de oportunidades y sustentabilidad, con un rumbo fijo: El desarrollo social de México.
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