Malí le compró a España “armas de caza y tiro deportivo” por un valor de 3 millones de euros en 2011, según un informe del Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs. El país africano no contaba para las noticias hasta que estalló el conflicto entre el gobierno y distintos grupos armados. Algunos medios de comunicación atribuyen la incorporación de tropas extranjeras a las riquezas minerales y otros intereses geoestratégicos de la zona.
España se sitúa en la octava posición en el ranking mundial de países exportadores de armamento, con un 3% del total en el mundo. Cada día se exportan más de 6 millones de euros en armas, en algunos casos a países en conflicto armado, donde se violan los derechos humanos o donde la violencia constituye un factor más de empobrecimiento.
Por ley, el gobierno se ha obligado a respetar ciertos criterios para inhibirse en la venta de armas a esos países. Entre ellos destacan el respeto de los derechos humanos en el país de destino, su situación interna y posibles conflictos, la posible amenaza a la paz y a la estabilidad regional, el comportamiento internacional del país y el riesgo de que la tecnología o el equipo militar se desvíen o se reexporten en condiciones no deseadas. Incluso contempla la compatibilidad de las exportaciones con las necesidades básicas de la población del país importador.
Pero una interpretación laxa del gobierno español, como denuncia el informe, y una apuesta por la venta de armas en un contexto de crisis económica, ha conseguido la denegación de sólo cuatro solicitudes de un total de 962 en 2011. En la práctica, el gobierno sólo ejerce un papel de “facilitador” a empresas privadas, como denuncia Juan Luis Sánchez, periodista español: “las compañías se buscan la vida, llegan a acuerdos con Gobiernos, proveedores de ejércitos extranjeros, empresas de seguridad o colectivos interesados. Y ese acuerdo se lleva a una mesa oficial donde se reúnen varios ministerios”.
La integración de esa mesa en el ministerio de Industria, Comercio y Turismo, no en el de Exteriores, muestra las prioridades mercantiles de la venta de armas. Las reuniones se mantienen en secreto, sin que quede constancia de su contenido.
El Ministro de Defensa, Pedro Morenés, justifica la venta de armas a países como Malí, Venezuela, México, Arabia Saudí y otros con el argumento de que “nada es perfecto en política”. Esa “imperfección” ha provocado la denuncia de periodistas, activistas y organizaciones sociales, que además critican los recortes a los presupuestos de cooperación al desarrollo. Más armas y menos proyectos de cooperación internacional para que los niños puedan ir al colegio, las mujeres puedan establecer cooperativas, para que haya acceso a las vacunas y al agua potable.
La edición 2011 del informe Carga Global de la Violencia Armada (Declaración de Ginebra) vincula la violencia por armas al freno del desarrollo según criterios del Índice de Desarrollo Humano (IDH) y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
“Existe una relación clara entre el incremento de venta de armas y el aumento de los conflictos en el mundo”, decía también el director de la Asociación Catalana para la Paz, Jordi Garrell. Se desvían fondos hacia la compra de armas en lugar de emplearlos para alfabetización, educación, reinserción y creación de puestos de trabajo, planificación familiar, medicamentos y servicios sanitarios, apoyo a la maternidad responsable, agua potable y soberanía alimentaria. Además, la violencia y la pobreza suelen convivir con altos niveles de corrupción y de infiltración del crimen organizado en las instituciones judiciales, la policía y el ejército, lo que facilita el descontrol en el destino final de las armas exportadas.
Se ha abierto este debate en España por el tesón de la sociedad civil organizada y por la creciente independencia de profesionales de medios digitales sostenidos que responden más a sus socios que a intereses publicitarios. Esta implicación y denuncia se ha producido también en otras partes del mundo, como lo demuestran las negociaciones para la puesta en marcha de un Tratado Internacional sobre Comercio de Armas, auspiciado por Naciones Unidas. Los países exportadores muestran reticencias con las que ya contaba una sociedad civil cada vez más alerta.
