A pesar de varios decepcionantes retrocesos en 2012, continuó la tendencia mundial hacia el fin de la pena de muerte. La aplicación de la pena capital continúa restringida a un grupo aislado de países, y en todas las regiones del mundo se han observado avances hacia su abolición.
Sin embargo, algunos países que llevaban mucho tiempo sin hacer uso de la pena de muerte llevaron a cabo ejecuciones, entre ellos Pakistán (la primera ejecución en más de cuatro años), India (la primera en más de ocho años) y Gambia (la primera en casi tres decenios).
Los principales países ejecutores en 2012 fueron China, Irán, Irak, Arabia Saudí, Estados Unidos y Yemen, por este orden. China siguió siendo el país del mundo con mayor número de ejecuciones pero, debido a la falta de transparencia en torno al uso de la pena de muerte en el país, volvió a ser imposible confirmar los datos para disponer de unas cifras verdaderamente representativas de la realidad de la pena capital en ese país.
Los conflictos y la agitación continua en Oriente Medio y Norte de África dificultaron la evaluación de los acontecimientos relacionados con la pena de muerte en la región. Irán volvió a ser el máximo ejecutor de la región y el segundo del mundo, mientras que en Irak se observó un alarmante incremento de las ejecuciones, que prácticamente duplicaron la cifra de 2011. Como en el año anterior, Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen fueron responsables del 99 por ciento de todas las ejecuciones confirmadas en la región en 2012.
Estados Unidos siguió siendo el único país de América donde hubo ejecuciones, pero en 2012 se observó un avance imparable hacia la limitación del uso de la pena capital en el país y sólo se llevaron a cabo ejecuciones en 9 estados, en comparación con los 13 de 2011. En la mayoría de los países donde se condenó a muerte o ejecutó a alguien, los procedimientos judiciales no cumplieron las normas internacionales sobre juicios justos. En algunos, tal incumplimiento supuso la obtención de “confesiones” mediante tortura u otros malos tratos, por ejemplo en Afganistán, Bielorrusia, China, Irán, Irak, Corea del Norte, Arabia Saudí y Taiwán.
La pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas. Se impone y se lleva a cabo arbitrariamente. El intento de los Estados de escoger los delitos “más abyectos” y a los “peores” delincuentes de entre los miles de asesinatos perpetrados cada año es fuente irremediable de fallos inevitables. Mientras la justicia humana siga sin ser infalible, nunca podrá eliminarse el riesgo de ejecutar a una persona inocente.
Ninguno de los estudios realizados ha podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos. Tampoco el estudio acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en el año 2002.
