“La peligrosidad del acusado podría profundizarse debido a sus orígenes hispanos”. Con ese argumento, el psicólogo experto de la fiscalía, Walter Quijano, defendía la pena de muerte para el argentino Víctor Saldaño, que espera la muerte desde 1996. Pero ha habido más casos en los que este psicólogo declaró que los afroamericanos e hispanos tenían mayor tendencia a cometer crímenes de sangre.
Los abogados de muchos hispanos condenados en Estados Unidos basan sus estrategias en este tipo de discriminaciones racistas. El gobierno mexicano creó el Mexican Capital Legal Assistance Program (MCLAP) para defender a decenas de condenados a muerte. El programa empieza a dar frutos: 53 de las 60 sentencias firmes existían antes del programa. Otros 81 mexicanos que esperan condena podrían acabar en el corredor de la muerte, que algunos miembros de Naciones Unidas han elevado a categoría de tortura y de “castigo inusualmente cruel e inhumano”.
La probabilidad de éxito aumenta cuando se interviene antes de la condena, afirmaba Víctor Uribe en el 5º Congreso contra la Pena de Muerte, celebrado en Madrid. El consejero de asuntos jurídicos en la embajada de México en Estados Unidos habló de su experiencia en el Caso Avena. El Tribunal Internacional de Justicia ordena a Estados Unidos la revisión de los expedientes de 50 mexicanos condenados a muerte que no recibieron protección consular ni la asistencia legal que cualquier estado de derecho contempla para los acusados, al margen del delito cometido. Algunos traductores de los acusados ni siquiera dominan el español, según el jurista mexicano.
Pero algunos países se declaran impermeables a la jurisdicción internacional. El gobernador de Texas, Rick Perry, citó una supuesta decisión del Tribunal Supremo, según la cual los tratados internacionales y las decisiones de cortes internacionales no vinculan a los Estados. Ni tampoco las decisiones del gobierno federal, según él y otros gobernadores hostiles en materia de inmigración y de derechos humanos.
Desde que se reinstaurara la pena capital en 1976, el 80% de las ejecuciones en Estados Unidos han tenido lugar en los estados del Sur. Un tercio de los negros en el corredor de la muerte habrían recibido condenas de cadena perpetua si hubieran sido blancos, según Amnistía Internacional. Desde 1977, casi un 80% de las acusaciones que han resultado en pena capital corresponden a delitos de sangre contra blancos, aunque la mitad de las víctimas de homicidios por ese mismo periodo han sido negros. Las mayorías blancas en las fiscalías y los jurados contribuyen a las condenas a muerte para hispanos y negros.
Desde 1973, más de 130 personas condenadas a muerte han sido puestas en libertad por errores en sus condenas; diez de ellas sólo en 2003.
“Hasta que pueda tener la certeza de que todos los condenados a muerte en Illinois sean verdaderamente culpables, hasta que pueda tener una certeza moral de que ningún hombre o ninguna mujer inocentes se enfrentan a la inyección letal, nadie se enfrentará a ese destino”. Palabras de George Ryan en el año 2000, después de que se liberara a un condenado que resultó ser inocente. Declaró entonces una moratoria a todas las ejecuciones en el estado de Illinois, que entonces gobernaba.
La aplicación de la pena de muerte también se relaciona con el nivel económico de los acusados. Casi ninguno de los ejecutados ha podido pagarse su propio abogado durante el juicio. Los abogados que designan las cortes para la defensa en estos casos suelen tener poca experiencia en casos de esta gravedad, tienen sueldos bajos y jornadas laborales que impiden mayor dedicación a cada caso, según Amnistía Internacional. La arbitrariedad de muchas sentencias conduce a que, por un mismo delito, uno de los acusados sea sentenciado a muerte y el otro a cadena perpetua.
Estos atropellos han conducido a una creciente oposición por parte de la sociedad civil al “ojo por ojo” y a la creciente abolición de la pena capital en el mundo.
“Deberíamos evolucionar hacia algo mejor que máquinas de matar”, decía la Nobel irlandesa Mairead Maguire. La participación de cientos de periodistas, profesores, juristas y miembros de organizaciones sociales en el Congreso Mundial evidencia el alzamiento de la sociedad civil contra el monstruo de la pena de muerte.
