La muerte de miles de civiles inocentes por bombardeos desde aviones no tripulados echa por tierra la supuesta precisión de estas tecnologías para evitar “daños colaterales”. “Muerto el perro se acaba la rabia”, decían los neocons, pero la gente tiene miedo de ir a bodas y funerales en partes de Afganistán donde han muerto mujeres y niños en lo que algunos consideran crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El secretismo del gobierno y del ejército de Estados Unidos dificulta el recuento de ataques de drones, como se conoce a estos aviones no tripulados, y de sus víctimas mortales. Se calcula que, entre 2004 y 2012, han muerto entre 142 y 681 civiles inocentes. El baile de cifras entre las cifras de distintas organizaciones periodísticas explica la opacidad y sugiere una realidad aún más alarmante.
Parece difícil de revertir la maquinaria de los drones, que tiene años de rodaje. De septiembre de 2001 a abril de 2012, el inventario de aviones no tripulados ha pasado de 50 a 7.500, de los cuales cerca de 400 tienen capacidad destructiva. El resto se utiliza para señalar objetivos con rayos infrarrojos, así como para tareas de reconocimiento y espionaje. Su diseño, producción y mantenimiento, así como la formación de personas especializadas en su manejo, han creado una dependencia en empresas privadas. Aunque se reduzca el despliegue de tropas, la necesidad de contratar servicios de empresas incrementa los costes y provoca una dependencia que le resta al estado soberanía en sus políticas de defensa. Cuatro de cada 10 de estos aviones exportados entre 2001 y 2011 se han fabricado en Israel, lo que podría influir en la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio, una de las zonas más convulsas del mundo.
El ex presidente Bush y Obama se han amparado en la vaguedad del concepto “guerra contra el terror” para justificar los medios para combatirla en Afganistán, Irak y en otros países: asesinatos “selectivos”, secuestros, desapariciones y torturas. La extensión del uso de drones a Pakistán, Yemen y Somalia cuestiona el argumento de legítima defensa contra países o grupos terroristas que ponen en peligro la seguridad de Estados Unidos o que hayan formado parte de la planificación y ejecución de los atentados de las Torres Gemelas.
En un principio, Bush sólo había autorizado los drones para asesinatos selectivos, pero en 2008 amplió las facultades de sus fuerzas para atacar a talibanes y personas sospechosas de pertenecer a Al Qaeda. Estos ataques se dirigen incluso contra personas con parecido físico a supuestos terroristas. En Yemen, se ha llegado a considerar objetivo válido a cualquier varón en edad de combate, salvo que se pruebe su inocencia. Así lo denuncia el investigador del Consejo de Relaciones Exteriores, Micah Zenko, en su informe para reformar las políticas de utilización de drones.
Algunos congresistas ven en la muerte indiscriminada de civiles las semillas de resentimiento que pueden engendrar nuevos terroristas. El nombramiento de John Brennan como director de la CIA anuncia la continuidad de la política antiterrorista diseñada por los neocons. Ha sido uno de los principales responsables de poner en marcha un programa de aviones no tripulados que desprecia la presunción de inocencia y que asume la muerte de decenas de civiles si con ello elimina a uno de sus objetivos.
Con frecuencia, estos aviones violan la soberanía de estados que tienen que asumir responsabilidades por lo que ocurre en su territorio. Aumentan el recelo y el miedo de otros países ante una posible escalada armamentística, que podría tener efectos similares a la producida durante la Guerra Fría. Las potencias nucleares no han podido frenar la proliferación y la creación de programas secretos que otros países utilizan para presionar y defender sus intereses. Los consideran tan legítimos en medio de tanta hipocresía y doble rasero internacional.
Aunque a veces se soslayan, existen argumentos éticos contra el uso de drones. Aumenta la distancia entre la víctima y la persona que le dispara con un control remoto, como si se tratara de un videojuego. Ninguna guerra contra el terror está por encima de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un juicio justo, incluso si se tratara de terroristas.
