Es en tiempos de crisis cuando la sociedad exige mayor responsabilidad a los medios de comunicación. Los ciudadanos demandan explicaciones, buscan saber qué es lo que les ha llevado a esta situación, comprender para poder tomar las decisiones adecuadas que impidan que se vuelva a repetir. Sin embargo, la prensa no ha sabido estar a la altura, atenazada por los poderes políticos y financieros, que minan su independencia y su capacidad para contar lo que se esconde tras los hechos.
Muchos periodistas han reconocido este problema, agudizado por la particular crisis que vive el sector, y han alzado su voz para demandar una prensa libre, para recuperar los viejos valores que convirtieron esta profesión en el dinamizador democrático que durante siglos actuó como un auténtico contrapoder. Los verdaderos cambios siempre se producen en las coyunturas más difíciles.
Frente a grandes conglomerados mediáticos que imponen su agenda “informativa” al servicio de ciertos intereses, surgen modelos de prensa diaria que buscan autogestionarse. El reto está en encontrar una fórmula de financiación alternativa que permita competir con los grandes grupos y abrirse un hueco en la escena mediática. Y ello pasa por ganarse la confianza del lector. Para lograrlo, muchas iniciativas apuestan por añadir valor a la información; desproveerla de cualquier elemento de espectáculo, de la inmediatez y la superficialidad impuestas que camuflan el verdadero interés público. En definitiva, añadir calidad, utilidad, veracidad y transparencia a la información para que pueda generar debate en la sociedad.
Mezclar lo mejor del viejo periodismo con las inmensas ventajas comunicativas que ofrecen las nuevas tecnologías. Esa es la fórmula del éxito del diario digital Mediapart, que en pocos años se ha convertido en el azote de los poderes públicos en Francia. A su director, Edwy Plenel, no le tiembla la mano. Destapó la financiación ilegal de la campaña electoral del partido de Sarkozy en 2007, y este mismo año destapó el fraude fiscal del ministro socialista de Hacienda, Jérôme Cahuzac, que se ha visto obligado a dimitir. Para el director de Mediapart, la legitimidad del periodista debe proceder del pueblo, de la democracia, y no de los poderes empresariales. Esta legitimidad, que representa el auténtico valor del periodismo, está por encima de los colores políticos. La obligación moral es investigar y denunciar cualquier escándalo, sin distinción. Y esto es lo que permite corroborar la verdadera independencia de un medio.
Edwy Plenel, que ya dirigió el prestigioso periódico francés Le Monde, afirma que “una información veraz y de interés público es un reformador más eficaz que cualquier editorialista pontificando desde lo alto de su tribuna”. Defiende el papel del periodista a la hora de aportar una información de calidad y de interés público, en contraposición a la opinión que se escuda bajo el paraguas de la libertad de expresión y que suele entorpecer el verdadero debate.
“Todo lo que sea de interés público debe ser conocido para que la democracia funcione. Para que todo el mundo pueda ser actor dentro de la democracia. En una democracia, la verdad de los hechos debe ser el corazón del debate de opinión”, sostiene Plenel, para quien la opinión por sí sola “no es más que la guerra del todos contra todos”. El diario digital que dirige es propiedad de los trabajadores que conforman su plantilla y se sostiene gracias a sus 75.000 suscriptores, que aportan una cantidad inferior a lo que pagarían por un diario de papel. Mediante este modelo de financiación se aseguran su independencia frente a los intereses publicitarios, que constituyen uno de los mayores condicionantes a la hora de desvelar informaciones comprometidas. Las presiones recibidas durante y después de la investigación del caso Cahuzac o Bettencourt así lo demuestran. De haber dependido del modelo publicitario, puede que estos escándalos jamás hubieran visto la luz.
El descrédito en que han caído los medios de comunicación está justificado. La relación clientelista entre la prensa y el poder produce una información manipulada. Esto socava la confianza de muchos ciudadanos y su derecho fundamental a estar bien informados, indispensable para asegurar la libertad individual y la responsabilidad. La sociedad debe exigir una información libre y de calidad, pero también asumir su valor, y estar dispuesta a pagar por ella.
