Pocas personas han leído los textos que se han escrito para impartir Educación para la asignatura Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos recomendada por las instituciones de la Unión Europea y anulada por el actual Gobierno español.
Los libros del Profesor Marina, del fallecido jurista Gregorio Peces-Barba, de Fernando Savater, “El valor de educar” y publicaciones de sociólogos y académicos, como Adela Cortina y tantos otros, no parecen interesar a muchos periodistas, a políticos conservadores y a la beligerante Conferencia Episcopal. Se muestran incapaces de razonar sobre textos concretos en los que se desarrolla esta imprescindible materia que recorre la educación primaria y secundaria y que culmina con una asignatura denominada “Educación Ético-cívica”.
La transmisión en la educación de esta cultura de la ciudadanía y de los derechos humanos rechaza la violencia desde la idea de dignidad de todas las personas y llega a los derechos humanos y a las instituciones democráticas. Según el Consejo de Ministros de la Unión Europea, “son aquellas competencias básicas necesarias para el aprendizaje que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.
En su “Carta a los profesores”, uno de los Padres de la Constitución española, Peces-Barba, subraya la obligación del Estado de formar talantes libres, respetuosos, tolerantes e ilustrados. Es la mejor expresión de la moralidad, de una cultura secularizada y laica que considera al hombre centro del mundo y centrado en el mundo. Enseñanza precisa para desvelar al estudiante los caminos para alcanzar su autonomía con los descubrimientos de sus capacidades que son signo de su dignidad. La capacidad de decidir en la vida social, su capacidad de elegir entre diversas opciones, su capacidad de construir conceptos generales y de razonar, de crear belleza, de comunicarse y de dialogar, de convivir con un sistema de reglas complejo y de elegir libremente su ética privada, como una ética de la salvación, del bien, de la virtud o de la felicidad, religiosa o laica.
Esta dependencia del desarrollo personal respecto de una vida social libre y democrática justifica la Educación para la Ciudadanía. La actitud contraria y excluyente de los obispos españoles y de las organizaciones sociales más retrógradas que reclaman en exclusiva para la familia la competencia en la moralidad social. Cometen un grave error y lo estamos padeciendo en la polémica sobre la reforma de la Ley de interrupción del embarazo aprobada por consenso en el Congreso y que supondría una regresión en los derechos establecidos. Esta actitud eclesiástica se ha manifestado por su oposición a la modernidad y al progreso. No han digerido la democracia de 1978 y se han opuesto a regulaciones, que no imposiciones, como el divorcio, la interrupción del embarazo, la regulación de la natalidad, al uso del preservativo y la regulación de las relaciones entre personas del mismo sexo. Durante la dictadura franquista no se opusieron a la asignatura de Formación del Espíritu Nacional que contenía el ideario fascista del Movimiento Nacional, ni a la tortura ni a la pena de muerte, mientras ejercían la censura de libros, de prensa, de cine y de un pensamiento libre y responsable en nombre de su ideología que pretenden estar por encima de la soberanía popular.
Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos pretende ayudar a la formación desde la perspectiva de la ética pública que se ampara en al artículo 27.2 de la Constitución: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Esta enseñanza es compatible con lo que establece el artículo 27.3, que garantiza el derecho de los padres para que reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones.
Aquí nos situamos en el ámbito de la ética privada que no puede contradecir las obligaciones que derivan de la ética pública democrática. La oposición de los obispos españoles ha llegado a sostener una pretendida objeción de conciencia para cursar esa asignatura que no sería más que una desobediencia civil, inadmisible en derecho. Una vez más, reaparece la falta de respeto por la sociedad civil que tanto denunció Fernando de los Ríos. Así como la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos y que tantas esperanzas despertara pero que fueron demolidas, perseguidas y encarceladas por la intransigencia de unos jerarcas religiosos que impusieron su ideología durante siglos y controlaron la educación, la moral pública y privada, la cultura, las conciencias y el derecho a la felicidad de tantos hombres y mujeres que nacieron para ser ellos mismos, en libertad, en justicia y en solidaridad.
