Ciertas decisiones políticas favorecen el desmantelamiento de los servicios públicos de salud, como denuncian los periodistas españoles Antonio Maestre y María Cappa.
“Redujeron la actividad en los hospitales públicos para poder derivar ciertas pruebas a centros privados. La inactividad generó que se rebajara el presupuesto destinado a los centros públicos que a su vez produjo una oleada de despidos porque al haber un cese de actividad ya no eran necesarios”, denuncian.
Esto se une a los incentivos fiscales que las aseguradoras privadas exigen para las personas que contraten una póliza. El gobierno contempla que estas aseguradoras puedan tener acceso al historial clínico público de los solicitantes para determinar si hay “enfermedades preexistentes”. Esto dificultaría el acceso a tratamientos para personas con enfermedades para las que hay cada vez menos centros públicos de tratamiento y de investigación por los recortes.
Estas medidas ponen en aprietos a personas con enfermedades como la diabetes, VIH, distintos tipos de cáncer, que requieren medicamentos que casi ninguna póliza cubre y que cuestan grandes sumas de dinero cada mes. Esto supone una amenaza para la salud de personas con pocos recursos, entre ellos miles de inmigrantes sin papeles. Como les han retirado la tarjeta sanitaria y sólo se les puede atender en situaciones de extrema gravedad, tienen que recurrir a pólizas que cuestan una media de 50 o 60 euros al mes, inasumibles para quien gana sueldos de 300 euros.
Como consecuencia de la saturación que provocan los despidos y los recortes en el sistema nacional de salud, algunos hospitales públicos derivan pacientes en lista de espera a centros privados, que cobran por sus servicios. Otros pacientes de la sanidad pública tienen que hacerse análisis en laboratorios privados para recibir tratamiento en el sistema público, lo cual genera muchas veces estudios incompletos que requieren repetición y generan mayor gasto. Han tenido consecuencias estos factores y el cuestionamiento del proceso por el que se concedieron los contratos a empresas privadas para gestionar algunos centros de salud han tenido consecuencias.
La paralización por parte de los tribunales de la gestión privada de hospitales y centros de salud en Madrid ha coincidido con una movilización sin precedentes por parte del sector. Internet refuerza las decenas de manifestaciones de médicos, enfermeros, auxiliares, otros trabajadores y ciudadanos que reivindican el carácter público de los servicios que garantizan el derecho universal de la salud. Campañas en plataformas como Change.org han conseguido millones de firmas de ciudadanos gracias al poder multiplicador de Twitter y de Facebook, aunque influyeran también distintos medios de comunicación.
Los responsables políticos de este giro, inspirado en modelos anglosajones, tildan de “ideológica” la oposición a los planes de externalizar la gestión de la salud. Pretenden convencerse de que defender el beneficio y la “sostenibilidad” por encima de todo no responde a una ideología, sino a una supuesta “ley natural” o a simples matemáticas. Con esa misma lógica se podrían eliminar los servicios públicos de orden y seguridad, o los ejércitos, que sólo producen gasto.
Hasta los servicios de limpieza se han externalizado. Pero ante la huelga de los trabajadores de las empresas subcontratadas por despidos y por empeoramiento de sus condiciones laborales, la alcaldesa de Madrid se ha planteado contradecir el mito de que lo privado siempre funciona mejor. Ahora recurre a una empresa pública para restablecer la limpieza de la capital española, convertida en vertedero. Lo público tiene mayor base social para responder ante personas que no son clientes de una empresa, sino ciudadanos con derechos.
Los talibanes de lo privado hablan despilfarro de gasto en medicinas por parte del estado, pero se han opuesto a la puesta en marcha de normas que obliguen a los laboratorios a vender sus productos en monodosis, o en cantidades más reducidas. ¿Ahí no hay ideología?
Defender servicios públicos de calidad no está peleado con la excelencia y con mecanismos contra el despilfarro. Se trata de superar una cultura que considera lo público más como una concesión del gobierno que como la efectividad de un derecho reconocido para todos, con el dinero que todos aportan. No hace falta desmantelar uno de los servicios de salud con mayor prestigio del mundo para ahorrar y conseguir mejoras.
