Hace un año, cuando el Gobierno español llevo a cabo la reforma del sistema sanitario, Silvia Graciela Velázquez perdió el derecho a acudir de manera gratuita a su centro de salud y recibir tratamiento médico. Esta uruguaya, padece una enfermedad pulmonar crónica. Su capacidad respiratoria se reduce de manera progresiva. Cerca de 873.000 inmigrantes sin tarjeta sanitaria chocan con la misma discriminación por un sistema sanitario que vulnera el derecho universal a la salud.
Desde el último cambio en la legislación sanitaria, en 2012, miles de inmigrantes irregulares sólo tienen derecho a la atención en urgencias. El gobierno propuso una póliza para estos inmigrantes, pero eso supondría 60 euros al mes para menores de 65 años y 157 para mayores. Pocas personas en situación irregular y con trabajos precarios pueden permitirse.
“El Gobierno ha optado por incrementar el proceso de exclusión de las personas migrantes en situación irregular”, denuncia Amnistía Internacional. Sin embargo, la plataforma “Yo Sí”, creada para la defensa y promoción de la sanidad pública universal, ha señalado que la reforma sanitaria supone la exclusión de cientos de personas del derecho a recibir atención sanitaria con independencia de su situación administrativa.
Los discursos oficiales del gobierno señalaron a las personas migrantes en situación irregular como las culpables del derroche y despilfarro de la sanidad pública, con afirmaciones como “abusan de la sanidad”, “no contribuyen a mantener el sistema”, “reciben más beneficios sociales”, “restringir su acceso a la sanidad supondrá un gran ahorro”.
Un año después de la reforma del sistema de salud, se ha demostrado la falsedad de esas afirmaciones. Los inmigrantes utilizan menos el sistema de salud que el resto de la población; la financiación del Sistema Nacional de Salud se lleva a cabo mediante los impuestos generales, como el IVA o el IRPF, que también pagan los inmigrantes; la falta de atención sanitaria para ellos supone un riesgo para la salud e incrementa el coste de un futuro tratamiento de urgencia. El actual modelo sanitario no tiene justificación.
“El nuevo sistema de aseguramiento va en detrimento de la universalidad y nos condena a vivir en una sociedad más enferma, con mayor exclusión y desigualdad”, denuncian desde “Yo Sí”. Miles de inmigrantes han perdido su derecho a acudir a consulta médica, han dejado de recibir tratamientos y medicación, muchas veces imprescindible para conservar su salud, su vida. La población inmigrante sin papeles en regla vive una situación de desamparo. Los largos trámites burocráticos a los que se enfrentan para recibir atención médica, junto con su miedo a ser exportados acentúan la exclusión sanitaria inherente al sistema.
Ante esta situación, miles de españoles han reivindicado el derecho universal a la salud. “No podemos hacernos cómplices de lo que es un robo: la sanidad se financia con los impuestos de todos, quitársela, excluir a un colectivo, es robarles”, denuncia Santiago Ízco, médico y miembro de “Yo Sí”. Cientos de médicos, enfermeros, celadores y farmacéuticos se han opuesto a colaborar con el mantenimiento de un sistema que no respeta el derecho a la vida. Sortear y desobedecer al sistema se ha convertido en una práctica habitual entre los trabajadores de los centros de salud. Cabe preguntarse si no sería más eficiente establecer un sistema sanitario justo, sin exclusión, sin marginación, en el que el derecho a la vida se situase por encima de los mercados y de toda “austeridad”.
