Edgar Morin decía que para concebir una problemática es necesario convertirse en un observador de segundo grado, esto es, tratar de visualizar el fenómeno en todas sus matices, desde afuera, verlo de manera panorámica para tener un mejor entendimiento y darle correcta lectura a todas las señales que no son evidentes, a aquello que se lee entre líneas y que pocas veces se presenta con el objetivo principal por frente. Al final de cuentas en política no hay franquezas, sólo señales y mensajes cifrados.
No cabe ninguna duda que el sello que el actual presidente de México quiere darle a su administración es de reformista. Aquella es una estrategia hábil, pues hace poco más de un año los principales analistas del país hablaban de la necesidad de las llamadas “reformas estructurales”, comentaban sobre el estancamiento legislativo de la década pasada; de cómo Vicente Fox no supo aprovechar el bono democrático y cómo Felipe Calderón se centró más en tratar de legitimarse, por medio de una fallida estrategia de seguridad, que en hacer acuerdos para implementar los cambios legislativos que ansiaba nuestro país.
Sin embargo, pese a este espíritu reformista que ha permitido que se concreten la Reforma a la Constitución en materia educativa y la Reforma en materia de Telecomunicaciones y de Competencia Económica; además de la presentación de las iniciativas de Reforma Energética y Fiscal, el Gobierno de la República está lidiando con una variable que ha estado presente en México desde el regreso a la vida democrática, que se vincula más con el descontento de unos cuantos, que con la legitima defensa del interés nacional.
Estos grupos, en una contradicción absoluta, desconocen a las instituciones legalmente establecidas y a sus canales de negociación, paradójicamente, desde sus propias instituciones, recurriendo a las manifestaciones que desestabilizan a la ciudad más importante del país; afectando la economía; deslegitimando movimientos que enarbolan banderas de justica y lo que es más grave, anteponiendo el interés de pocos sobre el de la mayoría.
Aunque joven, la democracia mexicana cuenta con canales institucionales para que los ciudadanos y la sociedad civil nos inconformemos con las decisiones de la vida pública, cuenta con mecanismos para dialogar con nuestros representantes, quienes tienen la tarea de velar por un interés geo-poblacional más allá de sus intenciones político-partidistas.
Apostarle a la defensa de los intereses de un grupo de presión o de un grupo político, llámese Sindicato de electricistas, CNTE (Maestros) e incluso los mismos partidos políticos es contribuir en la consolidación de una democracia corporativa; una democracia de intereses de grupo sobre los intereses de la COLECTIVIDAD.
Me explico con más detalle: los legisladores federales, que son representantes de los intereses de una determinación geográfica especifica deberían velar por el bienestar de la población de ese espacio geográfico, deberían defender lo que a su “discrecionalidad” sea lo mejor para sus representados, lo cual puede o no contradecir al interés de “X” o “Y” partido político.
Y por ello le pregunto estimado lector; ¿acaso su Diputado Federal o su Senador se ha acercado a usted (a su comunidad) para conocer su opinión respecto a las importantes reformas en cuestión? ¿Acaso sus representantes han tenido la “atención” de explicarles cuáles son los elementos centrales de las reformas y cuáles serán los efectos en su vida cotidiana? Seguramente no, porque en México seguimos creyendo que un voto vale para que por 3 o 6 años los ciudadanos no tengamos ninguna incidencia en los temas más importantes de la vida pública; ¡Qué trascendental es el voto en México, que le da una capacidad discrecional ÚNICA a nuestros representantes!
Sin embargo, éste no es el principal problema del sistema político mexicano. Desafortunadamente seguimos planeando nuestra idea del país del centro a la periferia, de lo general a lo particular. Seguimos pensando en que la Federación es el ente todopoderoso que delineará el destino de millones, cuando en “teoría” no existe una jerarquía en los órdenes de gobierno, sino que debería haber una coordinación y una retroalimentación (comunicación multidireccional), que en la “práctica” se nubla por la subordinación presupuestal de la que son sujetos Estados y Municipios.
Esta breve reflexión no busca convocar a la anarquía en ningún momento, todo lo contrario, pretendemos que las instituciones se reinventen a sí mismas abriendo más canales a la participación social; organizando foros, consejos, coloquios, que permitan escuchar la opinión de la población, y que al hacerla parte, legitimen las decisiones de nuestros representantes, dando espacio al debate, al dialogo y a la discusión, como medidas preventivas a las manifestaciones populares radicales, porque, aunque nuestros argumentos sólo contribuyan al enriquecimiento de las propuestas, pero no determinen la orientación de las iniciativas, el acto nos permitirá ser parte de la transformación institucional, una reforma de conciencia, para tener en claro hacia qué horizontes estamos llevando a México, el país que heredaremos a las generaciones venideras.
Twitter: @Nacho_Amador
