Los Estados son conceptos abstractos, su composición en su definición tradicional nos indica que deben contener una población, gobierno, territorio, marco jurídico y si nos vamos un poco más lejos hasta reconocimiento internacional. El nivel de desarrollo de cada Estado en el mundo depende de diversas variables históricas, económicas, políticas, sociales, donde las relaciones internacionales tienen un peso específico (muchas veces ignorado por los tomadores de decisión). Todos estos elementos en conjunto generan el contexto nacional, donde se vinculan de forma compleja todas las variables mencionadas, mezclándose con los intereses y la voluntad de los actores activos del Estado: los pobladores, el sector privado y los servidores públicos.
En nuestro país por décadas los bienintencionados se han preguntado ¿Cuál es la fórmula del desarrollo? ¿Cómo anclar a México con las grandes economías del mundo? ¿Cómo ser autónomo en un mundo interdependiente y multipolar?
Para dar respuesta a las interrogantes anteriores lo más sencillo sería buscar culpables, comenzar por atribuir los males de este país a un ente que no tiene un representante permanente, porque cambia de “administración” cada tres o seis años; efectivamente nos referimos al gobierno, el eterno mal de los países en desarrollo. Y quienes defienden este argumento tienen en parte razón; México es la doceava economía más grande a nivel mundial, donde el Estado cuenta con una enorme estructura que impacta en las actividades económicas del país. La mala administración de esos recursos por supuesto que tiene una enorme contribución a los problemas de subdesarrollo.
En México se planeaba y se sigue planeando (sobre todo en algunos gobiernos locales) sin tener un diagnóstico apropiado, sin conocer la raíz de los problemas públicos, lo cual denota la falta de preparación de los equipos gubernamentales y el bajo nivel de razonamiento de Estado, porque en los gobiernos, los recursos económicos también deben apreciarse como escasos, razón por la cual debe existir una priorización hacia aquellos temas de mayor impacto social.
Más que planear, lo que ocurre en México es el efecto reactivo de las políticas públicas, esto es, en vez de anticiparse para reducir las posibilidades de algún problema público, los gobiernos dirigen sus esfuerzos a “apagar” ciertos temas que entran a la agenda nacional como consecuencia de la ineptitud, la distracción o lo más alarmante por la voluntad e intensión de algún grupo de presión.
Es aquí donde encontramos otro de los grandes males del país; la corrupción, un fenómeno que rebasa el escenario gubernamental y que ha contaminado otras esferas de la vida pública. La corrupción podría ser vista como el centro de los problemas del desarrollo en México, porque tiene que ver con desviación de recursos públicos, licitaciones arregladas, tráfico de influencias, expedición de permisos y licencias sin cumplir los requisitos, opacidad en el gasto, compadrazgos, etc., etc.
Lo preocupante en el tema no es que muchos de los esquemas acontezcan dentro de la esfera pública, sino que ésta no es un sistema aislado, ya que se relaciona con otros subsistemas sociales, retroalimentándose, fortaleciéndose y aumentando las redes, pues en efecto el otro gran actor que da pie a estas prácticas que desvirtúan “el deber ser” es la población.
Con ello no podemos decir al día de hoy existen en México 118 millones de almas corruptas, no, sino que pretendemos identificar la falta de valores cívicos y democráticos que son indispensables para que un país mejore sus condiciones de desarrollo. Valores como la honestidad y la legalidad se han convertido en ideales indefinidos, porque no son cualidades que impulsen la superación personal dentro de la estructura política mexicana, sino que incluso son dos grandes obstáculos con los que no comulgan los principales actores de este país y ejercerlos sólo es garantía de exclusión y aislamiento, porque las grandes elites públicas se conciben entre ellos mismos como grupos cerrados que defienden un solo objetivo común: su interés individual.
En México la culpa es compartida, porque aunque idealistamente digamos “que somos más” los que buscamos un mejor país, con mejores prácticas y con un mayor sentido de nación, son pocos los que verdaderamente trabajan por hacerlo, y también son pocos los que tienen la capacidad de poner en jaque la estabilidad y paz social del país (como ocurre actualmente en la Ciudad de México con la CNTE), por ello, nos volvemos cómplices de un sistema donde mandan los partidos políticos, los grupos de presión y los intereses de unos cuantos.
Una mayor participación ciudadana, civil, pacífica y ordenada podría ser una opción para combatir los males del país, al final de cuentas la mejor manera de domar al monstruo es desde adentro, y este país requiere de una transformación de fondo, que sea impulsada por los ciudadanos desde los diversos escenarios de la vida pública, siempre cuidando la legalidad y el derecho del otro, porque sin instituciones, sin normas, sin estado de derecho no hay Estado, sólo queda un territorio donde la culpa es compartida.
