El modus operandi de las protestas indica que no son espontáneas ni acéfalas, parten del supuesto reclamo de la escasez, la inseguridad
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La calle en Venezuela ha sido incendiada nuevamente por los sectores más radicales de la ultra-derecha. Con puntos en varios estados, este movimiento táctico intenta forzar la dimisión del gobierno del presidente Maduro, basado en una presión violenta en forma multi-focal, pretendiendo hacer ingobernable el país. Se plantean dos rutas para un escenario post-chavismo en este episodio: Una corta que concluiría con el Golpe de la “Sociedad Civil”, que aspira la captación de elementos militares que rompan con la unidad de las Fuerzas Armadas para una transición (pseudo constituyente) y, la de mediano plazo donde se desgasta al gobierno de cara al referéndum en un año no electoral, sacándolo de la resolución de los problemas estructurales / coyunturales de la gestión.
Las limitaciones impuestas por el modelo rentístico petrolero son evidentes, no se trata sólo de distribuir en forma efectiva la renta, sino del desmontaje de una etapa primaria del modelo capitalista, que hace necesaria comprender que la alternativa a la actual condición rentística no puede culminar en el ingenuo reformismo y el pacto con la burguesía. Con una alta presión inflacionaria, el gobierno de Maduro ha tenido que capear el tema con medidas disonantes como la devaluación, asomando tímidamente la nacionalización del sector importador y la ley sobre el control de las ganancias, ante la usura del capital privado.
Aunque en lo político, las elecciones municipales de 2013 dieron un respiro a las fuerzas del chavismo, la situación del desabastecimiento, la poca movilización de los sectores de la izquierda (entrampados en el electoralismo), han dado hendiduras para que las fuerzas de la ultra – derecha se reorganicen, presentando como inevitable el colapso de la república. Los colectivos de las zonas populares son nuevamente el foco de la estigmatización, exigiendo la trampa de la auto-desmovilización como un requisito para una tregua.
Como en el año 2002, los llamados al golpe son reiterados por un conjunto de dirigentes vinculados a organizaciones pro estadounidense o de la para-política colombiana. Son el cuerpo de choque que en el pasado ha funcionado para calentar la calle, efectivos cuando se coalicionan con factores militares, medios de comunicación y empresarios. En esta oportunidad, el enroque de las televisoras nacionales ha convertido a medios foráneos como NTN24 y CNN, en las anclas internas de difusión del mensaje golpista, mientras las redes sociales son territorio virtual para las “guerritas” que recrean el escenario de la inestabilidad política.
El modus operandi de las protestas indica que no son espontáneas ni acéfalas, parten del supuesto reclamo de la escasez, la inseguridad y se han radicalizado en zonas donde la derecha tiene control administrativo, con la complicidad institucional para exigir la renuncia del gobierno. Los grupos de choque, organizados en las universidades privadas y públicas autónomas, son financiados directamente por partidos y empresarios. Actúan bajo licencia de las autoridades universitarias, que con la suspensión de clases, proveen la masa humana necesaria para legitimar el sentido social de las protestas, compuesta por un alto componente de desclasados, producidos por un modelo universitario de corte elitista que se combina a sectores de la eufemística clase media.
Es un momento crucial, para la izquierda latinoamericana ante la decadencia del actual sistema – mundo. El escenario global es incierto y, las alternativas para transitar a un orden policéntrico no reposan en el pensamiento liberal. Intentar transfigurar al capitalismo es no aceptar su condición terminal; aferrarse a la noción de convivencia en lo político, nos remite a una conocida frase de Clausewitz corregida por Foucault, cuando afirma que la política es la continuación de la guerra por otros medios. La construcción del socialismo anti – burocrático no se puede plantear como un simple cambio de las ideas en Venezuela, implica desmontar las estructuras del poder que genera oprimidos. Allanar el camino hacia un socialismo democrático no tiene prescripciones, pero no está exento del riesgo de la restauración a partir de la paz boba.
