El estado de justicia tiene como núcleo proteger los derechos de los ciudadanos, los derechos de primera y segunda generación. Los derechos civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales.
La Declaración de las Naciones Unidas de 1948 recoge esos dos tipos de derechos. Los civiles y políticos: libertad de expresión, asociación, reunión, conciencia, posibilidad de participar en las elecciones. Y los derechos económicos, sociales y culturales: derecho al trabajo, a la asistencia sanitaria, a la educación, a la participación en la cultura de la sociedad en la que vivo, derechos del desempleado, jubilación… todos ellos forman el núcleo de lo que es un estado social de derecho. España es un estado social de derecho. Y creo que eso no es un estado de bienestar, sino de justicia. El bienestar es algo que requiere conseguir lo más que se pueda, pero ese bienestar que cada uno se lo pague como quiera. Hay gente para cuyo bienestar es importantísimo tener un cochazo, hay gente para la que es importantísimo comer sesos de canario… hay gente para la que todo eso es fundamental y todo eso no se lo vamos a pagar.
El bienestar es la sensación de la plena satisfacción, el estar bien del todo… pero a mí ese tipo de propuesta no me gusta porque creo que el bienestar es algo que cada uno se lo debe pagar como quiera y como pueda. En cambio, creo que la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales es una cuestión de justicia. Y la justicia exige que se cumpla aquello que es justo. Por ejemplo, tiene que haber una atención sanitaria de calidad: «el que pueda, que se la pague»… no, no, la atención sanitaria de calidad la tiene que tener todo el mundo. Si hay gente que además se quiere cambiar la nariz y se quiere hacer otras cosas en la cara, pues que se lo pague de su bolsillo. Pero lo que es de justicia, la atención a un señor que tiene una enfermedad del corazón, que tiene un traumatismo, tiene que estar reconocido como un derecho. Entonces, en un estado de justicia, todas esas necesidades básicas de los ciudadanos, como una educación de calidad o una atención sanitaria de calidad, son cuestiones de justicia. El bienestar, en cambio, que se obtenga hasta donde se llegue pero cada uno que se apañe.
Sé que muchos defienden un modelo distinto al estado social de derecho o el “estado de justicia” que describo, porque consideran que los servicios públicos equivalen a despilfarro, o como mínimo consideran que funcionan peor que los servicios gestionados de forma privada.
Pero la gestión pública no tiene por qué ser más ineficiente que la gestión privada. Todos tenemos experiencias de gestiones privadas ineficientes y eficientes, y de gestiones públicas ineficientes y eficientes. Eso no depende de que la gestión sea pública o privada. No está nada claro ni está comprobado que sea más eficiente una que otra. Hay que hacer que la gestión pública sea eficiente, pero la gestión privada también. Porque si te lo estás pagando, que por lo menos te den bien el servicio. Pero la gestión pública, que la pagamos todos, puede ser perfectamente eficiente. Lo que tiene que haber es una organización muy seria dentro de, supongamos, un centro de salud o un hospital. ¿Por qué tiene que haber despilfarro? No tiene ningún sentido. Si hay un gerente verdaderamente responsable tiene que hacer muy bien el estudio de los dineros que entran y de los dineros que salen; eso puede estar regulado, igual que puede estarlo en una universidad. Nosotros, en la Universidad de Valencia, cada vez gastamos menos: los sábados se va a cerrar como si fuera domingo, el gasto está muy controlado… lo que tiene que hacerse en este país es estudiar siempre la cuestión de coste y beneficio. Cuánto nos cuesta y qué beneficio se recibe. Esto, en un centro público, se puede hacer. Perfectamente. En la universidad pública, en los colegios, en los hospitales. Lo que se necesita es… hacerlo.
