Una de las primeras medidas para acabar con la desigualdad a la hora de acceder a la salud es la financiación sanitaria mediante impuestos y no mediante pagos directos de los ciudadanos
Cada año, más de 100 millones de personas se encuentran al borde de un abismo económico ante la imposibilidad de pagar operaciones o tratamientos médicos que necesitan. Una simple consulta puede suponer más de la mitad del presupuesto mensual de una familia y, una operación, su ruina.
Desde organismos internacionales como la ONU se han dado pasos para conseguir una cobertura sanitaria universal para que ninguna persona tenga que empobrecerse por pagar los tratamientos médicos que necesita. Los expertos consideran que el acceso a la salud es fundamental para salir de la pobreza y, aunque requiera una inversión importante en países cuyo PIB es muy bajo, es rentable a largo plazo: la tasa de mortalidad se reduce y mejoran sus indicadores de salud, además de incrementar la fuerza laboral y la productividad. Según datos de la OMS, se salvarían ocho millones de vidas y las ganancias económicas superarían los 250.000 millones de euros.
La apuesta por la universalización de la sanidad ha sido un éxito en países como El Salvador, Senegal, Congo o Sierra Leona. En el primero, inspirado por el modelo de salud español anterior a los recortes, se han eliminado los “pagos voluntarios” que no eran sino tasas abusivas y el Gobierno ha comenzado a cubrir con los impuestos los medicamentos genéricos. En los últimos seis años, el presupuesto para salud salvadoreño se ha incrementado un 78% y la tasa de mortalidad de las mujeres tras el parto se ha reducido en más de veinte puntos. Mientras, en Sierra Leona, el número de niños muertos en los primeros años de vida ha pasado de ser más de 200 por cada 1.000 nacimientos a los 185.
En un contexto de crisis económica global, la petición de cobertura sanitaria universal en países empobrecidos contrasta con los recortes en Europa. Portugal o Italia han incrementado los re-pagos por consulta, mal llamados “copagos” porque los ciudadanos ya han pagado con sus impuestos. España ha excluido de la cobertura a los inmigrantes en situación irregular y a los “aventureros” que pasen más de noventa días en el extranjero. Así, desde las organizaciones internacionales apuntan que estos objetivos de salud son sólo para países empobrecidos o emergentes, ya que “se parte de bases incomparables entre países ricos y pobres, y esta medida serviría para acabar con las desigualdades”, según declaraciones del experto en salud pública Jean McGraw.
Una de las primeras medidas para acabar con la desigualdad a la hora de acceder a la salud es la financiación sanitaria mediante impuestos y no mediante pagos directos de los ciudadanos. La ONU no se muestra contraria al copago en todas las situaciones, pero pide que “sean siempre asequibles, especialmente en el caso de poblaciones de riesgo que no tienen los medios suficientes”, aclara David Evans, director del Departamento de Financiación de Sistemas de Salud de la OMS. Aún juega un papel importante el dinero que proviene de grandes fundaciones como la Rockefeller o la Gates, así como la ayuda al desarrollo de otros países, que, debido a la crisis, ha sido recortada de forma exponencial en los últimos años.
La implantación de la cobertura universal también garantiza un servicio de calidad sin pagar más, con vigilancia ante posibles corrupciones y cobros en las consultas médicas. Este es uno de los posibles problemas que plantea el sistema en países donde no todos sus ciudadanos gozaban de cobertura sanitaria, al que se suman la saturación de las urgencias y el desabastecimiento de medicamentos, provocado por presión de la industria farmacéutica, que ha visto su poder limitado por leyes sobre el precio y la implantación de los genéricos.
Un sistema de salud sólido y una financiación completa de los servicios sanitarios, el acceso a las tecnologías necesarias y al personal cualificado son los requisitos que establece la OMS para su implantación. Aunque el camino es largo, en muchos países ya se ha dado el primer paso y se ha cubierto al menos a la población más vulnerable, como las embarazadas y los niños. “Si no se cumple el derecho a la salud de todos los ciudadanos, los Estados seguirán empobreciéndose cada vez más”, alerta Tim Roosen, coordinador de Acción por la Salud Global.
