El negocio se basa en la compra, y en muchas ocasiones acaparamiento, de reservas públicas de las comunidades locales
El volumen anual de agua embotellada y comercializada ha pasado de 7500 millones de litros en los años 90 a 84000 en el año 2000. La venta se ha incrementado en un 90%. Las cifras evidencian el rápido crecimiento que ha experimentado el sector, sin embargo, detrás de ellas se encuentra una industria poco regulada, que abusa de poblaciones locales de todo el mundo y que se ha gastado millones de dólares en convencer a los consumidores de que beber agua embotellada es más saludable y beneficioso que hacerlo de la del grifo.
El mercado mundial está dominado por compañías como Nestlé, Coca-Cola, Pepsi y Danone a través de conocidas marcas como Aquabona, Font Vella, Aquafina o Perrier entre otras. En la mayoría de los casos, su labor consiste en extraer millones de litros de agua, embotellarla, transportarla y venderla a un precio muy por encima del que tiene la del grifo. En España, por lo que vale medio litro en botella se pueden obtener 1000 litros de agua corriente. Los expertos sostienen que no hay pruebas que demuestren que una es mejor que otra. Es más, muchas plantas embotelladoras están peor vigiladas que las canalizaciones públicas.
El negocio se basa en la compra, y en muchas ocasiones acaparamiento, de reservas públicas de las comunidades locales, que en varias regiones han unido sus esfuerzos para conservar su derecho de propiedad. La ONU reconoce el agua como un derecho humano, y las grandes empresas lo saben. Buscan de forma continua nuevas fuentes hídricas con las que hacer negocio a la vez que desvirtúan las redes públicas de abastecimiento. Mientras, 1100 millones de personas no tienen a su alcance agua potable segura.
A pesar de lo ilógico que resulta la generalización del agua embotellada en países en los que existen sistemas públicos y más baratos, la demanda no deja de aumentar. El éxito radica en la puesta en marcha de eficaces mecanismos de marketing que han atraído a muchos consumidores con la idea de que el agua embotellada es de mejor calidad y un distintivo de categoría social. Para ello asocian el producto a famosos, deportistas y modelos. “Las empresas se centraron en decirnos que bebiéramos más agua, que nos haría más delgados y más guapos, nos dijeron que era más sana que la del grifo, y nos lo creímos” afirma la escritora sobre ciencia y naturaleza Elisabeth Royte. Sin embargo, la industria no es transparente a la hora de proporcionar información sobre lo que contienen sus botellas y apenas está sometida a control. El dato de los 2700 millones de litros de petróleo que consume al año la fabricación de los envases pone de manifiesto los riesgos que pueden implicar los materiales usados.
Para Julio Barea, de Greenpeace “la peor parte de esta historia es el final de la vida útil de la botella: solo un 13% van a plantas de tratamiento”. El resto son incineradas o enterradas, con la consiguiente contaminación que ello implica. Según un estudio publicado por la BBC de Londres, un litro de agua embotellada genera 600 veces más CO2 que uno del grifo. El impacto medioambiental de este mercado también es consecuencia de las enormes cantidades de combustibles fósiles quemados para el transporte. Sobre todo del agua importada de lugares remotos para satisfacer la demanda de “sustancia exótica” como ocurre con Feji Water, que emplea agua procedente de las islas Feji mientras un tercio de sus habitantes no tienen acceso a ella.
Gandhi afirmaba que “hay agua suficiente para las necesidades humanas, pero no para la codicia humana”. Las compañías embotelladoras despojan a las poblaciones de sus recursos locales y aumentan sus beneficios. Al mismo tiempo, intentan impedir el acceso a reservas municipales más baratas. Cuando el negocio se interpone en el camino de las necesidades básicas se comienza a priorizar la obtención de ganancias al cumplimiento de los derechos humanos. Por ello varias organizaciones como Ecologistas en Acción apuestan por exigir a los poderes públicos las inversiones necesarias para garantizar una red pública de abastecimiento de agua de calidad y para todos.
