Muchos niños continúan huyendo de la violencia en sus países de origen en Centroamérica, en busca de seguridad y teniendo que enfrentar grandes riesgos en tierras lejanas
El periodista ganador del premio Pulitzer José Antonio Vargas le puso un rostro público a la crisis de la inmigración que atraviesa Estados Unidos, tras haber sido detenido esta semana por la policía fronteriza en McAllen, Texas. Varias horas más tarde y después de protestas a nivel nacional, Vargas fue liberado. Dio a conocer por primera vez su situación de inmigrante indocumentado hace tres años en un artículo publicado en la revista New York Times y, desde entonces, su principal tarea ha sido luchar por una reforma de la política de inmigración estadounidense. Vargas había viajado a Texas para apoyar a miles de niños inmigrantes indocumentados que actualmente están detenidos allí por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Muchos niños continúan huyendo de la violencia en sus países de origen en Centroamérica, en busca de seguridad y teniendo que enfrentar grandes riesgos en tierras lejanas. En Estados Unidos, el problema suele caracterizarse como una “crisis fronteriza”, pero no se trata de eso. Estamos asistiendo al fracaso de la globalización económica y de la política exterior de Estados Unidos, exacerbado por políticas de inmigración inadecuadas e ineficaces a nivel nacional. Las víctimas más recientes de esta situación son los niños que llegan a través de la frontera en busca de seguridad, pero, sin embargo, son cruelmente encerrados en grandes galpones y trasladados en buses a otros centros de detención. En el trayecto, deben soportar las amenazas de hordas extremistas que se oponen a la inmigración, para luego ser deportados a sus países de origen, donde corren riesgo de vida.
Decenas de miles de niños cruzan la frontera desde México hacia Estados Unidos, sin la compañía de adultos, tras recorrer miles de kilómetros en condiciones muy peligrosas, a menudo viajando en los techos de los trenes de carga que son controlados por bandas criminales. Los trenes son conocidos como “La Bestia”. Los niños que se suben a ellos deben pagar tarifas muy elevadas y a muchos de ellos los golpean, los roban, los violan e incluso los matan en el trayecto hacia el norte. Algunos tienen la esperanza de reencontrarse con sus padres en Estados Unidos, otros son enviados al extranjero por sus propios padres para evitar que sus hijos sufran la violencia endémica de sus ciudades natales: lugares como San Pedro Sula, el centro económico de Honduras, que actualmente es considerada la ciudad donde se registran más asesinatos en el mundo.
El flujo de niños ha superado la capacidad del Gobierno de Estados Unidos de hospedarlos y alimentarlos, y especialmente de brindarles el nivel de atención que es adecuada para los niños refugiados. En respuesta a esto, el Gobierno ha trasladado a los niños a diferentes lugares en el suroeste del país.
Esta situación significó una oportunidad para los grupos xenófobos y racistas de lograr la atención de los medios por haberse enfrentado a los buses que trasladaban a los niños. En la ciudad de Murrieta, en California, un pequeño grupo de personas estaba protestando contra el traslado de un grupo inmigrantes a esa ciudad. Enrique Morones, director de la organización sin fines de lucro Border Angels (Ángeles de la frontera), se enteró de lo que estaba sucediendo y se dirigió de inmediato al norte para verlo con sus propios ojos. Morones dijo en el programa “Democracy Now!”: “Fue una escena horrible ver a los niños en el bus y a sus madres llorando. No hablan inglés, pero entienden el odio”.
Enrique Morones comparó la escena con lo sucedido en Selma, Alabama, 50 años atrás, cuando la policía bloqueó el paso de la Marcha por el Derecho al Voto y luego desató una feroz represión llena de odio: “Quiero dejar bien claro que fue la policía de Murrieta, y no los manifestantes, la que obligó a los tres buses a regresar. Mientras los buses se acercaban, la policía de Murrieta se interpuso y les impidió el paso, algo que no tiene ningún sentido debido a que podrían haber continuado su trayecto hasta la oficina de la policía fronteriza. Así que le pregunté a un oficial ‘¿Por qué detienen a los buses aquí?’ Y, a continuación, un manifestante se acercó y otros lo siguieron y de los cincuenta manifestantes que estaban allí, alrededor de la mitad se pararon delante del bus, al igual que unos veinticinco o treinta trabajadores de los medios, y comenzaron a golpear el bus. Los manifestantes golpeaban el bus con la bandera de Estados Unidos, mientras gritaban insultos raciales”. Fue la intervención policial lo que dio a pie a los manifestantes.
Todas las partes involucradas deberían prestar atención al mensaje pronunciado esta semana por el Papa Francisco sobre, en sus propias palabras, las “decenas de miles de niños que emigran solos, sin ser acompañados, para huir de la pobreza y de la violencia”: “Es una emergencia humanitaria que requiere, como primera medida urgente, que los niños sean bien recibidos y protegidos”. El Papa abordó otro asunto fundamental en su mensaje: “Sin embargo, estas medidas no serán suficientes a menos que estén acompañadas de políticas que informen a las personas sobre los peligros del viaje y, sobre todo, que fomenten el desarrollo en sus países de origen”, afirmó.
Estados Unidos tiene una larga y sanguinaria historia de desestabilizar gobiernos democráticos en los mismos países que ahora son la fuente de esta última oleada inmigratoria, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador. En las décadas de 1980 y 1990, los regímenes militares y paramilitares, que contaban con el apoyo de Estados Unidos, mataron a cientos de miles de ciudadanos en esos países. Los cárteles de drogas de la actualidad son los herederos de esa cultura de violencia. En Honduras, Estados Unidos apoyó el golpe de Estado de 2009 contra el presidente electo democráticamente Manuel Zelaya. Después de su derrocamiento, dos regímenes sucesivos apoyados por Estados Unidos han contribuido a lo que la catedrática de la Universidad de California Dana Frank denominó “la intensificación de la violencia y la anarquía”. Dana Frank afirmó: “El golpe en sí mismo fue un acto criminal y realmente dio paso a la corrupción generalizada de la policía y en todos los niveles del Gobierno. Y eso significa que básicamente es posible matar a quien sea, sin recibir un castigo por ello”.
José Antonio Vargas, que llegó a Estados Unidos como un niño indocumentado hace más de 20 años, resumió la situación desde Texas: “Cuando tienes nueve, diez u once años no sabes lo que significa que te llamen ‘ilegal’. No entiendes cómo el enfrentamiento político que está ocurriendo afecta tu vida, pero esto es exactamente lo que ha venido sucediendo. El modo en que muchos medios de noticias y el modo en que muchos opinólogos y el modo en que muchos políticos, en particular los republicanos, hablan sobre esta crisis humanitaria es una afrenta a Estados Unidos y a los estadounidenses. Hace algunos días, el titular de una noticia de CBSnews.com decía: ‘¿El aumento de los niños inmigrantes ilegales es una amenaza a la seguridad nacional?’ Ese era el titular. Estos niños no son ilegales, son seres humanos. Y no son una amenaza para la seguridad nacional. La única amenaza que representan estos niños es la amenaza de poner a prueba nuestra propia conciencia”.
