La nueva ley del aborto hará retroceder a España tres décadas en derechos reproductivos
Que una mujer pueda decidir cuándo tener hijos reduce la mortalidad materna e infantil disminuye los embarazos no planificados y los abortos.
El uso de procedimientos para evitar la procreación no se despenalizó en España hasta 1978. Se autorizó la venta de condones y de la píldora anticonceptiva (con receta médica, como ahora); un método que hoy, con más de 16,5 millones de envases dispensados al año en las farmacias, se ha convertido en el segundo método anticonceptivo más utilizado, después del preservativo, escribe María Sahuquillo.
La contracepción estaba prohibida para todos. Vender, publicitar o informar sobre preservativos o acerca de la píldora, introducida en Europa en 1961, estaba penado con arresto y elevadas multas. Un hombre que vendía preservativos en un centro comercial fue condenado y en la sentencia se daban las causas del delito “vocación al vicio” y “ofensa a la moral pública”.
Aún así, algunas organizaciones de mujeres daban información sobre planificación familiar, y los anticonceptivos se conseguían de contrabando o, en el caso de la píldora, como tratamiento médico para “regular el ciclo menstrual”.
La Conferencia de El Cairo de 1994, que alertaba sobre la explosión demográfica, definió los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. También fijó metas para proporcionar a las mujeres poder decidir sobre su maternidad. Confesiones integristas condenaron esos supuestos “derechos”. Felizmente, la sexualidad se ha separado de la reproducción. Aunque la receta de abstinencia como único anticonceptivo sigue como propuesta oficial para los católicos.
Los Papas Juan Pablo II y Benedicto Vl condenaron el uso del preservativo aún si uno de los cónyuges padecía ETS. En muchos países métodos como el ogino o la marcha atrás, son la única opción para 250 millones de mujeres que no pueden acceder a una contracepción moderna: preservativos o anticonceptivos hormonales, píldoras, implantes, parches, o dispositivos intrauterinos, métodos que permiten que ellas no dependan de la arbitrariedad de sus parejas.
En España, un 62% de las mujeres en edad fértil o sus parejas sexuales emplean métodos modernos; frente al 82% de las noruegas o el 76% de las suecas.
Mil cuatrocientas adolescentes españolas dan a luz cada año —y unas 13.000 interrumpen su embarazo—, el 35,6% de los jóvenes de entre 15 y 19 años no utiliza ningún anticonceptivo. Y el 23,1% de quienes se protegen no lo hace de manera adecuada.
Las mujeres pagan entre cuatro y ocho euros al mes por las píldoras anticonceptivas financiadas por la sanidad pública; una lista de fármacos que menguó cuando el Gobierno excluyó de la subvención pública ocho contraceptivos.
El coste de los anticonceptivos es un escollo para los jóvenes y más aún en una situación económicamente complicada, pero el problema es la educación sexual y reproductiva; aquello que permite a las personas tener un mejor conocimiento de su cuerpo, de su salud, de su sexualidad y de sus necesidades y las de los demás.
Ayuda a atajar embarazos no deseados, los abortos, y combate las enfermedades de transmisión sexual.
En Suecia, la educación sexual se convirtió en obligatoria en 1955. Todos los menores la estudian desde los 11 años. Ni ideologías ni la economía pueden servir para quitar peso a los derechos reproductivos de la agenda política.
Muchos programas dedicados a la salud sexual se han recortado con la recesión económica, pero también influye la ideología, porque los grupos contrarios a los derechos reproductivos están agudizando sus discursos. No solo contra el aborto, sino contra la contracepción, y contra la educación sexual.
La nueva ley del aborto hará retroceder a España tres décadas en derechos reproductivos. Elimina la opción de las mujeres a decidir interrumpir su embarazo —posible ahora hasta la semana 14 de gestación— y permitirá el aborto solo por violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer. Esta ley supone un alejamiento de los modelos de la mayoría de la UE, donde la mujer puede abortar sin alegar ninguna razón durante las etapas tempranas del embarazo.
En España no hay educación sexual en el currículo educativo. Lo más cercano fue meter ciertos contenidos en la Educación para la Ciudadanía, que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió de cuajo.
