Por primera vez en la historia, la ONU ordena a su Consejo de Derechos Humanos, a realizar una investigación sobre las actividades de los fondos buitre y las consecuencias que tienen sus acciones a nivel mundial
Thomas Poole Griesa (84 años), es el polémico juez que al parecer tiene la misión de favorecer a los fondos buitres, defendidos por un enjambre de bufetes de abogados en connivencia con los magistrados vinculados a la plaza financiera de Wall Street. El presidente Obama puede perfectamente frenar las exacciones unilaterales del judicial, pero aun no ejerce su poder ejecutivo especial.
Argentina decidió solucionar el impago en que se encuentra (default selectivo, según calificadoras de riesgo) creando una cuenta en Buenos Aires para evitar el bloqueo en Estados Unidos.
El gobierno de Cristina Fernández promulgó la Ley del Pago Soberano, aludiendo el bloqueo judicial de Griesa –que incluye a los rebeldes al canje inicial-, que podrán cobrar en el Banco de la Nación Argentina o a través de un agente fiduciario alternativo.
Griesa declaró ilegal la creativa acción de Argentina, que daña la imagen de Estados Unidos ante el mundo, con miras a beneficiar al cártel jurídico-financiero de los fondos buitres, entre los que destaca el especulador estadounidense-israelí Paul Singer.
Argentina no quebró ni entró en incumplimiento de pagos, como categóricamente la califican Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch Group, apéndices financieros del desregulado neoliberalismo de Estados Unidos. S&P la declaró en quiebra selectiva. Se calcula que en seis años, los fondos buitres obtendrían la exorbitante ganancia de mil 680%.
El geopolitólogo alemán F. William Engdahl, considera que “la quiebra argentina de la deuda es una jugada de póquer muy arriesgada del poder de Estados Unidos y Wall Street”, tiene por objetivo aterrorizar a Argentina y a los países emergentes para que jueguen únicamente con las reglas escritas en Wall Street para el beneficio de sus bancos y sus hedge funds.
Cristina Fernández capta cabalmente que el punto de inflexión de la batalla entre la "justicia buitre" de Estados Unidos y la soberanía de Argentina, demanda la creación de un nuevo orden financiero global con el apoyo de los BRICS, siendo su país la punta de lanza de la nueva arquitectura financiera multipolar.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución con 33 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones, condenando el accionar de los fondos especulativos. La medida se suma a la histórica resolución que instó a la creación de un marco jurídico para los procesos de reestructuración de deudas.
Por primera vez en la historia, la ONU ordena a su Consejo de Derechos Humanos, a realizar una investigación sobre las actividades de los fondos buitre y las consecuencias que tienen sus acciones a nivel mundial. Si encuentran alguna razón en su accionar los condenarán, es una medida contra un grupo de especuladores internacionales, piratas del siglo XXI que asolan a pueblos y países.
La deuda externa es un poderoso instrumento para subordinar a América Latina y compeler a la región a retomar el camino de las políticas neoliberales. El juez Griesa pretende retrotraer a América Latina hacia el siglo XIX, o al siglo XX cuando Estados Unidos dictaba sus condiciones, irrespetando la soberanía de los países deudores y favoreciendo descaradamente a los acreedores.
Estados Unidos, en general, no observa la Carta Magna de la ONU ni la competencia de la Corte Internacional de Justicia (Tribunal de La Haya). En el mundo real prima la voluntad de los más poderosos, aunque la mayoría se oriente en otra dirección en el mundo actual, donde en la práctica no se respeta el derecho internacional y se imponen los actores más poderosos.
Analizando la sentencia de Griesa, en cuanto a estrategias, lo que interesa destacar es que Argentina, desde la dictadura militar de 1976, renunció a ejercer su soberanía contraviniendo su Constitución Política, un problema fundamental tratándose de un país deudor. Por ello, las doctrinas de Drago y Calvo indican que en caso de litigio con extranjeros, la justicia local debe prevalecer y volver a implementarse.
*Diplomático, jurista y politólogo.
