Los 150.000 desaparecidos en la guerra civil española y en la dictadura franquista constituyen el segundo genocidio del siglo XX después de la segunda guerra mundial, tras las masacres de Camboya. La ONU ha vuelto a denunciar al gobierno español por esos desaparecidos.
Los topetazos del gobierno de España con la ONU vienen de antiguo. En 1946, la Asamblea General condenó el franquismo porque “el Gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista y no lo represental”. Entonces se retiraron los embajadores en España de casi todos los países y ésta no fue admitida en Naciones Unidas ni otro organismo internacional.
El 17 de marzo de 2006, otra instancia internacional, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa condenó de nuevo el franquismo, por haber “suficientes pruebas de numerosas y graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen franquista. La evaluación del franquismo debe incluir una condena del mismo sin ambigüedades”.
Y hace unos días, el relator especial de la ONU sobre la dictadura franquista, Pablo de Greiff, presentó su informe sobre la misma y sus víctimas ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El informe denuncia al Estado español por no resarcir a las víctimas de la guerra civil y dictadura y por no investigar los crímenes de la dictadura.
El Gobierno español ha calificado el informe de erróneo e inexacto, pero sin aportar dato alguno, con una absurda defensa de la Transición. El principal pretendido argumento del gobierno del Partido Popular ha sido que el olvido y el perdón son la única vía para la “reconciliación”.
Pablo de Greiff ha denunciado también al gobierno del Partido Popular por no ha cumplir las normas internacionales que obligan a España por haber firmado y ratificado la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra Desapariciones Forzadas, así como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
El gobierno del Partido Popular, como hiciera un tanto el del PSOE de Zapatero, arguye que la Ley de Amnistía de 1937 impide juzgar a nadie por delitos cometidos durante la guerra civil o la dictadura. Pero no hay ley de amnistía que valga para los delitos de lesa humanidad, que no prescriben jamás, y son los perpetrados por la dictadura que hay que juzgar. Y no pueden acogerse a amnistía alguna y se han de juzgar sí o sí porque así lo ordena el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, firmado y ratificado por el Reino de España.
El nuevo informe de Naciones Unidas es claro: “Es importante y urgente que España asuma su responsabilidad y elabore una política integral por la verdad y justicia a las víctimas”. Y propone al gobierno del Partido Popular 42 recomendaciones, dándole 90 días para concretar cómo aplicarlas. Como ha hecho hasta ahora, el gobierno solo niega la validez del informe, pero ahí se queda. El Partido Popular discrepa siempre de los informes de la ONU sobre los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo. Pero no solo eso. También ha invalidado de hecho la Ley de Memoria Histórica, que en parte ofrecía reparación a las víctimas del franquismo, sin pasar por el Parlamento ni siquiera con un decreto ley sino por el miserable modo de no atribuirle financiación alguna para el cumplimiento de esa ley.
¿Por qué? Porque este gobierno y el partido que lo sustenta son hijos, sobrinos, nietos y parientes de franquistas de pro. No son sucesores sociológicos del franquismo, como apuntó algún periodista hace años, son los herederos incluso biológicos de quienes armaron y mantuvieron una de las peores dictaduras que han asolado Europa.
A los problemas que ocasiona la crisis, la austeridad, los recortes… hay que sumar en España el espíritu y cultura franquistas del gobierno y del partido que lo sustenta. Y mientras no se elimine ese franquismo enquistado, tampoco habrá resolución económica y menos aún social.
