Recuperar y mejorar el medio rural
La agricultura tiene la posibilidad de sacar de la pobreza y del hambre a gran parte de la humanidad
Por Fran Araújo
La población mundial se alimenta de la producción agrícola y la mitad depende del campo para subsistir. A pesar de ello, dos de cada tres personas que viven en la pobreza pertenecen al medio rural.

El hundimiento de los precios de las materias primas, las políticas agrarias de los países ricos y las injustas normas del comercio internacional han provocado una crisis sin precedentes en el sector agrario, atrapando a cientos de millones de campesinos que no pueden escapar de la pobreza.

La situación de las comunidades pobres se ve agravada por el abandono al que está sometido el sector rural por parte de sus propios gobiernos. Esto hace que se tengan que enfrentar a problemas como la falta de acceso a la tierra, al agua o al crédito; la ausencia de carreteras y otras infraestructuras; una regulación del mercado escasa y negligente; corrupción y burocracia o ausencia de servicios educativos y de salud.

A todo ello se suma la falta de compromiso de los países ricos con la erradicación de la pobreza, como muestra el descenso progresivo de la ayuda al desarrollo destinada al sector rural, el fracaso a la hora de resolver el problema de la deuda externa o las condiciones que imponen los Organismos Internacionales Financieros para la concesión de nuevos créditos.

Sin olvidar la importancia de todos estos factores, el comercio agrario es clave para acabar con la pobreza rural. Sin unas reglas comerciales justas ningún esfuerzo por reducir los niveles mundiales de hambre y miseria tendrá éxito.

La agricultura tiene la posibilidad de sacar de la pobreza y del hambre a gran parte de la humanidad, sin embargo se da la triste paradoja de que los que producen los alimentos son los que pasan más hambre.

A medida que el comercio se ha liberalizado y el mundo se ha movido hacia una economía global, los resultados han quedado claros: los países más ricos siguen prosperando, pero la mayoría de los más pobres están peor que hace 20 años.

Desde finales de los años 80, la mayoría de los países en desarrollo se han visto obligados, bajo las condiciones de los préstamos de las instituciones financieras internacionales, a abrir sus mercados a las importaciones y concentrar sus esfuerzos de desarrollo en productos que puedan vender en el exterior. La reducción o eliminación de aranceles y la subvención de la producción agrícola occidental han agravado las desigualdades y el hambre.

Acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana amenazan los medios de vida de miles de pequeños productores latinoamericanos. Abren la puerta a exportaciones masivas, ya que elimina los aranceles, y facilita la entrada de productos subvencionados por EEUU a un precio por debajo del costo de producción. Esto hunde las economías agrícolas latinoamericanas que no pueden competir en igualdad.

El hambre, dejar que una persona muera de hambre, es un delito, y detrás de todo delito existe un culpable. Las medidas liberales adoptadas por los gobiernos latinoamericanos aconsejadas por el FMI y la OMC han provocado esta situación injusta. El hecho de no conocer las consecuencias de una medida no exime de la responsabilidad. Ahora queda la obligación de repararla.

Si América Latina puede abastecer de alimentos al triple de sus habitantes actuales, significa que erradicar el hambre es posible. Si no se hace es porque no existe una voluntad real para ello. Otro tema es el de la explosión demográfica en algunas áreas que requiere acciones imaginativas, inteligentes y llenas de respeto a la responsabilidad de cada persona. Es de vital importancia cambiar las normas comerciales existentes, cancelar una deuda externa que ya está pagada con creces, erradicar la corrupción y controlar la subvención injusta de productos agrícolas. Los gobiernos latinoamericanos deben desarrollar políticas reales que favorezcan a los pequeños agricultores: dotarlos de tierras, infraestructura, protegerlos del libre mercado, defender sus derechos laborales y asegurar la educación y la sanidad. Seguir manteniendo un sistema injusto es un delito del que sólo se benefician unos pocos.




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