“Es una peste, más que un pesticida”. Con esta contundencia, el Secretario de Medio Ambiente del Estado de Florida, David Struhs, calificaba al hongo Fusarium oxysporum, un agente biológico desarrollado por investigadores norteamericanos para destruir cultivos de marihuana, coca y amapola. Las plantaciones en la amazonía colombiana serán probables escenarios de los efectos imprevisibles de este peligroso hongo.
El nuevo herbicida, logrado mediante técnicas de manipulación genética a partir de un hongo común, ha mostrado una extraordinaria facilidad de mutación obligando a actuar con cautela en su experimentación en vivo. La valoración de Struhs y las protestas de organizaciones ecologistas han logrado la prohibición de las pruebas en el sur de Estados Unidos. Pero la precaución sólo ha servido para proteger a los habitantes de Florida. Al sur de sus fronteras se abre en bandeja de plata un nuevo escenario para el experimento: la selva amazónica, uno de los ecosistemas más preciados del mundo.
El controvertido Plan Colombia -apoyado por Estados Unidos y que contempla la remilitarización de los esfuerzos antinarcóticos, así como el empleo masivo de medios químicos y biológicos en la lucha contra las drogas- se ha convertido en el marco idóneo para probar el hongo patógeno. La polémica está servida. Mientras unos afirman que su eficacia es incuestionable y que destruye solamente el arbusto de coca, otros denuncian sus efectos letales al entorno natural y a los cultivos alimenticios, ya que el hongo permanece en el suelo durante 20 años. Sorprendentemente, el uso del Fusarium está avalado por el Programa Internacional de las Naciones Unidas para la Fiscalización de las Drogas (UNDCP).
Diversas entidades ecológicas han dado la voz de alarma para alertar a la comunidad internacional sobre los planes de utilizar este agente biológico. Según una carta enviada al presidente colombiano Andrés Pastrana por el Movimiento del Agua -integrado por organizaciones sociales, universidades y medios de comunicación- la aplicación del Fusarium “alteraría gravemente el equilibrio de los frágiles ecosistemas de la selva”, ocasionando “una catástrofe irreversible y sin precedentes”.
En un principio, tanto la UNDCP como las autoridades norteamericanas consideraron como “sensacionalismo y distorsión de la realidad” las referencias a una posible “guerra biológica” en el Amazonas. Pero, recientemente Bill Clinton ha llegado a admitir que “el empleo de agentes microbiológicos contra los cultivos ilícitos suscita preocupaciones relativas a la proliferación de armas biológicas”.
Todo ello no ha impedido que continúen los esfuerzos para su aplicación. La UNDCP ha manifestado que seguiría adelante con sus experimentos con el Fusarium en el Asia Central, donde pretende promover su uso contra los narcocultivos de Afganistán y Birmania.
Según las organizaciones ecologistas, los intentos de imponer el nuevo herbicida biológico constituyen un nuevo capítulo en el largo historial de agresiones contra el patrimonio natural de Colombia, segundo país del mundo en materia de biodiversidad, que vive hoy la peor catástrofe ecológica de su historia.
Las estadísticas oficiales muestran que en los últimos diez años un millón de hectáreas de bosque han sido taladas para sembrar narcocultivos, a lo que hay que añadir el daño causado en los ríos y quebradas por el vertido de los casi 30 tipos diferentes de precursores químicos utilizados en la elaboración de la pasta básica de la cocaína, como el kerosén, el permanganato de potasio o el ácido sulfúrico.
El remedio propuesto por las autoridades colombianas para destruir las plantaciones de coca se ha revelado peor que la enfermedad. Bajo la presión de los estrategas estadounidenses de la lucha antinarcóticos, las autoridades colombianas han librado una guerra química de enormes proporciones, mediante la sistemática aspersión aérea de las plantaciones con un herbicida líquido llamado “glifosato”, conocido por el nombre comercial de Roundup y fabricado por la transnacional estadounidense Monsanto.
Millones de litros de este producto son rociados por aviones que vuelan a baja altura para acabar con los narcocultivos, alcanzando, sin distinción alguna, pueblos, escuelas, ríos, cultivos alimenticios y comunidades indígenas.
Según el sociólogo Ricardo Vargas, de la ONG Acción Ecológica, estas operaciones constituyen un círculo vicioso, pues obligan a los cultivadores a adentrarse aún más en la selva con la consiguiente tala de árboles. A la vez, impiden los intentos de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo que pretenden dar nuevas formas de vida al campesinado local para que el cultivo de la “hoja maldita” no sea la única vía para escapar a la miseria.
Las cifras nos muestran la ineficacia de las fumigaciones aéreas: en la última década la extensión de los cultivos ilícitos se ha triplicado en Colombia y alcanza en la actualidad unas 122.000 hectáreas. Aun así, la evidencia de los datos no han servido para descartar el uso del Fusarium oxysporum.
Numerosas entidades, entre ellas la Red Internacional de Pesticidas (PAN) o el Centro de Estudios Ecológicos del Tercer Mundo, han denunciado también el “maquillaje ecológico” con que tanto la UNDCP como el gobierno norteamericano pretenden enmascarar la verdadera naturaleza de las investigaciones del Fusarium, como la búsqueda de una alternativa verde.
Publicaciones como The Economist recuerdan a propósito de estos planes la utilización del tristemente célebre defoliante conocido como el “Agente Naranja”, que causó estragos en la selva durante la guerra de Vietnam y cuyos efectos para la salud humana y el medio ambiente se sienten todavía.
El asunto plantea más de un dilema. Unos cuestionan la lógica antinarcóticos norteamericana que, en vez de asumir la incómoda tarea de reducir la demanda de sus millones de consumidores de cocaína, prefiere acabar a sangre y fuego con la oferta de narcóticos…. fuera de sus fronteras. Otros dudan de la credibilidad de las autoridades colombianas al insistir en que no autorizarán las pruebas del agente biológico en el territorio nacional. Los analistas destacan que el gobierno colombiano permitió -aunque bajo fuertes presiones externas- la destrucción sistemática y planificada de su patrimonio natural con la aspersión de millones de toneladas de herbicidas químicos, por lo que resulta poco fiable su compromiso en la protección del medio ambiente. Además, las propias autoridades estatales tienen un interés vital en la erradicación de la hoja de coca para inhabilitar de este modo al movimiento guerrillero que controla actualmente un 40% del país e imponerle sus condiciones en las negociaciones de paz.
No parece casualidad que los tres países donde se pretende probar el Fusarium oxysporum -Colombia, Afganistán y Birmania- se encuentren en zonas geoestratégicas de extraordinaria importancia y se enfrenten complejísimos conflictos internos.
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