Por Carlos Miguélez Monroy
Plantear como “cosa de fútbol” la detención de altos cargos de la FIFA por posibles cobros de 100 millones de dólares en sobornos y “comisiones” pone la carga de la corrupción en el que se deja corromper. Pero la clave de toda esta trama puede estar en quienes parecen haber corrompido a los funcionarios del fútbol: los gobiernos de los países interesados en albergar la máxima competición del deporte mundial en cuanto a espectadores y a movimiento de dinero se refiere.
Hace un año, Joseph Blatter, máximo Zar del fútbol mundial, afirmó que Francia y Alemania habían presionado para la designación de Catar como sede mundialista. Quizá anticipaba las sospechas que recaerían sobre él. Todo esto ya anticipaba todo tipo de conjeturas sobre lo que hay detrás de esas presiones, sobre los patrocinios, la publicidad, las giras de los equipos más ricos y de las superestrellas por todo el mundo. Ver un partido de fútbol de alto nivel supone estar expuesto a centenares de imputs publicitarios: Qatar Foundation, Fly Emirates, Azerbaijan, Hyundai, Gilette, Samsung, Heineken.
“Por supuesto que designar Catar como sede del Mundial en 2022 fue un error, pero cometemos muchos errores en la vida”, dijo Blatter el año pasado. Pero no cualquier error cuesta los 200.000 millones de dólares que calculó entonces la empresa Deloitte en infraestructuras y otros gastos para un mundial inviable en el verano por las temperaturas y en el invierno porque coincide con las ligas europeas.
Medio mundo asistió boquiabierto a las manifestaciones masivas en Brasil, uno de los países más futboleros, contra la celebración del mundial el año pasado. Los manifestantes se declaraban amigos del fútbol, pero más amigos de una vida digna que corría peligro por el encarecimiento del transporte público, las deficiencias en la educación pública básica y en los sistemas de salud. Junto con las denuncias de desalojos forzados en ciudades como Fortaleza para la construcción de infraestructuras, los ciudadanos se han enterado de que los gastos superaron los de los mundiales de Alemania y Sudáfrica juntos.
“El mundial no provoca desigualdad, pero la refuerza y la hace más evidente”, afirmaba Carla Toledo Dauden, activista brasileña que se dio a conocer con un video que ha recibido más de 8 millones de visitas.
Aunque decía no poder afirmar que la designación de su país como anfitrión se produjera por sobornos, considera que el gobierno de su país presionó en un momento en que a Brasil le convenía proyectar una imagen de progreso y modernidad.
“La FIFA ha estado eligiendo países empobrecidos de los que se pueden aprovechar y sacar más dinero del mundial. Es más fácil cambiar las reglas de juego en esos países”, afirma.
El periodista Andrew Jennings va más lejos aún al comparar a la FIFA con una mafia que cuenta con sus propios tribunales privados y un sistema de disciplina que no puede ser impugnado ante los tribunales civiles. “Y tiene una cultura de omertá, un código de honor y silencio. ¿Ha oído hablar de algún funcionario de la FIFA que denuncie a sus jefes?”
Además de la sombra de corrupción que planea sobre el fútbol, la elección de sedes provoca rechazo cuando no se cumplen unos estándares aceptables de derechos humanos, como ocurre con Qatar y con Rusia.
El espectáculo de los telediarios contribuye a la indignación de cada vez más personas, incluso a muchas personas apasionadas por el fútbol. Los coches de lujo, los diamantes y las mansiones se mezclan en el imaginario colectivo con los chantajes de algunos jugadores cuando buscan mejorar su contrato. Algunos dedican más tiempo a giras publicitarias que a su propio trabajo, que consiste en entrenar tres o cuatro horas diarias.
Parece pronto para sacar conclusiones, pero el arresto de ocho altos funcionarios de la FIFA puede convertirse en el primer ladrillo de un modelo futbolístico más ético y más transparente. Ningún gobierno puede permitirse priorizar un espectáculo de masas mientras las personas a las que dice representar padecen hambre, no tienen escuela pública de calidad, hospitales y todo aquello en lo que descansan sus derechos fundamentales.
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