Unas 4.000 personas mueren al año en todo el mundo por explosiones de minas terrestres. Mucho tiempo después de la finalización de un conflicto armado, residuos de armas como minas, granadas o artefactos no detonados continúan amenazando la vida de civiles inocentes incluso de generaciones posteriores. Numerosas organizaciones luchan por eliminar las minas antipersonales de los 70 países del mundo que siguen afectados por este problema.
Las víctimas de estas minas y otros artefactos explosivos caseros resultan ser, en su mayoría, civiles. La colocación de minas antipersonas en zonas de conflicto, que coinciden en muchas ocasiones en las zonas rurales más empobrecidas, impiden una explotación agraria y de recursos segura por parte de la población local. Además, son muchos los casos de accidentes causados por minas colocadas en propiedades y haciendas privadas. La revista IDOC Internazionale estima que por cada víctima que sobrevive a la explosión de una mina, dos fallecen. De los supervivientes, en algunos países, el 75% requiere amputaciones debido a la dificultad del acceso a una atención médica inmediata.
Esto es notorio en las zonas de sierra de países como Colombia, y zonas áridas de Afganistán. En Camboya se colocaron de 6 a 10 millones de minas entre 1983 y 1992, muchas de ellas siguen sin estar localizadas. Colombia es hoy uno de los nueve países más afectados del mundo por minas no localizadas, con un total de 10.900 muertos y heridos desde 1990. El conflicto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Gobierno de Colombia, que comenzó hace más de 50 años, generalizó el uso de artefactos explosivos caseros sobre todo en zonas rurales.
Las comunidades locales de las partes del país más afectadas por la colocación de minas tratan desde hace décadas de captar la atención del gobierno y otras organizaciones que ayuden a desminar la totalidad del suelo colombiano. A pesar de que algunas ONG del continente americano y otras europeas han conseguido reducir los efectos de estos explosivos a mínimos históricos, el desminado total de las zonas pobladas por civiles es prioritario a escala planetaria.
La ONG Halo Trust del Reino Unido se encarga desde hace unos años del desminado de zonas rurales agrarias en Colombia y de su devolución a la población local; “Colombia es un pueblo muy trabajador, con mucha capacidad y con gran voluntad de avanzar hacia el futuro” dijo James Cowan, director de Halo Trust. Desde Halo Trust pretenden colaborar a la recuperación económica y social de Colombia después de que el conflicto armado empobreciera a la totalidad de las zonas rurales del país.
Los conflictos armados contemporáneos prorrogan el problema de las minas. Debido a su bajo coste económico estos explosivos son un instrumento recurrente en guerras y conflictos como el reciente sucedido en Ucrania. Aquí los daños han sido especialmente serios para la población civil, en especial para los niños.
Si no se dedican los esfuerzos necesarios tras un conflicto para desminar la zona se corre el riesgo del olvido de la localización de los explosivos, como ha ocurrido en Colombia o Camboya. A pesar de que los ejércitos regulares cuentan con un reglamento para registrar las minas luego son reacios a divulgar esa información. Además, ejércitos insurgentes o conflictos armados entre grupos más informales no cuentan con una instrucción militar sólida, a menudo incumplen las reglas de colocación de minas y no llevan un registro de localización.
La colaboración de 86 Estados adheridos al Tratado de Prohibición de Minas Antipersona ha conseguido destruir más de 45 millones de minas en los últimos años, pese a la no ratificación de China, Rusia, India, y Estados Unidos. Como la mayoría de atentados contra la humanidad, éste también exige una acción conjunta a nivel mundial, sin excusas derivadas de conflictos de intereses de industrias armamentísticas y lobbies de poder.
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