Menos de un mes después de los atentados del 11 de septiembre, un alto funcionario del FBI, Ronald Dick, le dijo al Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes: “Debido a la importancia crucial del agua para todas las formas de vida…el FBI considera un peligro grave amenazar con atacar el suministro de agua”. En 2003, un artículo de United Press International informaba que un agente de al-Qaeda “(no descarta) utilizar gas sarín y envenenar el agua potable de Estados Unidos y ciudades de Occidente”. El ataque contra el suministro de agua que los terroristas no lograron realizar, lo realizó con éxito el estado de Michigan. Los hogares y oficinas de la ciudad de Flint han estado abastecidos con agua contaminada con plomo desde 2014, lo que ha provocado enfermedades generalizadas y posible daño cerebral permanente a los habitantes más jóvenes.
Michigan cuenta con una de las leyes de “manejo de emergencias” más extremas del país, que permite al gobernador nombrar a funcionarios no elegidos para hacerse cargo del gobierno local cuando se considera que esos lugares o instituciones atraviesan una “emergencia económica”. El gobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, promovió y logró que se aprobaran dos proyectos de ley que fortalecieron esa legislación, que ha utilizado agresivamente para imponer su versión de austeridad fiscal en ciudades como Detroit, Benton Harbor, varios grandes distritos escolares y ahora en el sonado caso de Flint. En todos los casos, excepto en uno, el director de manejo de emergencias asumió el control de ciudades con población mayoritariamente afroestadounidense. El cargo le da amplias facultades por encima de los gobiernos locales electos democráticamente para recortar el presupuesto, vender bienes públicos, anular o renegociar contratos laborales y básicamente gobernar como en una dictadura.
En abril de 2014, Darnell Earley, el cuarto de cinco directores de manejo de emergencias de Flint nombrados por Snyder, decidió unilateralmente cambiar la fuente de agua de Flint del sistema de suministro de Detroit, que utilizaba como fuente el lago Huron desde hacía 50 años, al extremadamente contaminado y corrosivo río Flint. Los habitantes de Flint notaron de inmediato descoloración y mal olor en el agua, además de experimentar una serie de efectos en la salud, como sarpullidos y pérdida del cabello. En octubre de 2014, General Motors decidió que ya no utilizaría el agua de la ciudad de Flint en sus plantas porque estaba corroyendo las piezas de automóviles. Más tarde, se hallaron trihalometanos en el agua, derivados tóxicos del tratamiento de agua. A pesar de ello, funcionarios declararon que el agua era segura para el consumo. Al mismo tiempo, como se reveló en un correo electrónico obtenido más tarde por Progress Michigan, el estado comenzó a enviar refrigeradores con agua potable limpia al edificio de la oficina del estado en Flint, más de un año antes de que el gobernador Snyder admitiera que el agua estaba contaminada.
El persistente activismo de los habitantes de Flint, cuyos hijos se enfermaron, atrajo la participación de investigadores de Virginia Tech especializados en la calidad del agua, que concluyeron que 10.000 habitantes habían sido expuestos a altos niveles de plomo. Fue necesario que investigadores de otro estado, Virginia, viajaran a Michigan para realizar los exámenes exhaustivos necesarios. Más adelante, la Dra. Mona Hanna-Attisha intervino en el proceso. Es directora del programa de residencia en pediatría de la Universidad de Michigan. Descubrió una alarmante vinculación entre el aumento de los niveles de plomo en la sangre de los niños de Flint y la utilización del río Flint como fuente de agua.
“El porcentaje de niños con altos niveles de plomo se duplicó en toda la ciudad y en algunos barrios se triplicó, y estaba directamente correlacionado con los lugares donde los niveles de plomo eran más elevados”, nos dijo en el programa Democracy Now!
En lugar de ir tras el problema que identificó la doctora, el estado fue tras ella. “Nos atacaron. Me llamaron ‘investigadora deplorable’, dijeron que prácticamente estaba provocando histeria colectiva, que estaba inventando números y que las cifras estatales no se correspondían con mis datos. Y como científica, como investigadora, como profesional, verificas una y otra vez. Los números no mentían y lo sabíamos, pero cuando el estado, con un equipo de 50 epidemiólogos, te dice que te equivocas, te cuestionas”. En algunas semanas, las autoridades se vieron obligadas a reconocer que la Dra. Mona Hanna-Attisha tenía razón. Poco después comenzó a aparecer junto al gobernador y la acaban de nombrar encargada de una nueva iniciativa de salud pública para ayudar a las personas que fueron expuestas a la contaminación.
Un grupo de habitantes de Flint y sus aliados están exigiendo que se adopten medidas de inmediato para garantizar el suministro de agua limpia y segura a la población de Flint. Muchos están pidiendo que el gobernador Snyder renuncie o incluso que sea arrestado. El FBI y el Departamento de Justicia están investigando si se violó la ley. Esta semana, la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre la crisis, durante la cual la congresista de Houston Sheila Jackson Lee comparó el envenenamiento de los habitantes de Flint con el suicidio y homicidio múltiple de 1978 en Jonestown, Guyana. “Mientras estoy aquí hoy, me viene a la memoria Jim Jones dando un brebaje con veneno a niños. Me hace pensar que hay un Jim Jones en Michigan, envenenando a los niños y sus familias”. En Guyana, el líder de un culto, Jim Jones, ordenó a sus 900 seguidores, 300 de ellos niños, que tomaran Kool-Aid con cianuro. Las víctimas murieron al instante. En Flint, la tragedia continuará durante décadas.
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